Se trata del abogado del Instituto de Defensa Legal Juan Carlos Ruiz Molledo y el médico del Hospital Goyeneche de Arequipa, Fernando Osores Plenge, denunciados, según el Ministerio de Salud, por usar falsa documentación que certificaba la muerte de la ciudadana Margarita Ccahuana Córdova, a causa de contaminación de metales pesados en la provincia de Espinar, en Cusco.

El pasado 26 de junio, el Minsa presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público contra Ruiz Molledo y Osores Plenge.  Al abogado, se le acusa de falsificar la denuncia de Margarita Ccahuana de haber sido abandonada por el gobierno.

“En la actualidad me encuentro afectado por enfermedades bajo el diagnóstico de cáncer renal, síndrome de hipertensión, sin que el Estado me haya protegido de la contaminación y me haya prestado atención oportuna de salud”, declaraba Margarita, quien en su condición de analfabeta, estampó su huella digital y pidió que su hija firme la declaración jurada.

Por su lado, al médico Osores Plenge se le acusa de haber emitido un supuesto certificado falso donde se reconocía que la defunción de Margarita se debió a intoxicación por metales pesados en Espinar.

Sin embargo, el caso de Margarita no sería un hecho aislado. En 2015, los ciudadanos de la comunidad campesina de Espinar denunciaron que el CENSOPAS, dependencia del Instituto Nacional de Salud encargado de realizar evaluaciones para prevenir enfermedades y daños a la salud de la población, no cumplió con analizar y notificar a los comuneros sobre sus estados de salud.

“De igual forma, denunciamos que los resultados de dicho estudio realizado por CENSOPAS-INS-MINSA, institución a la cual dimos nuestro consentimiento informado, abandonaron a los comuneros, una vez que nos tomaron las muestras, y solo nos entregaron los resultados en mayo del 2013 e un papel sin firma”, dice la denuncia.

A cargo del fiscal provincial del 8vo despacho de investigación de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa, Juan Menzala Huahuasonco ya inició el proceso contra el abogado Ruiz Molledo y los médicos Osores Plenge y Olave Tapia y propone una pena de hasta 2 años de cárcel.

Por su parte, Ruiz Molledo reacciona indignado. “Criminalizan a los que denuncian la contaminación, mientras la población afectada por metales pesados continúan en la indefensión, sin una atención médico sanitaria adecuada e idónea, como lo sostuvimos en su momento”, dijo el abogado del IDL.