Fujimorismo impulsa proyecto de ley que protege bienes de investigados por lavado de activos

Una iniciativa legislativa que pretende impedir la incautación de bienes obtenidos ilícitamente, —mediante delitos contra la administración pública, lavado de activos, tráfico ilícito de drogas, narcoterrorismo, secuestro, extorsión, trata de personas, minería ilegal y otras actividades ilegales— se ha agendado para debatirse en el Pleno del Congreso.

Este proyecto de ley 3577 fue planteado por el congresista fujimorista Jorge Morante Figari a inicios de año, plantea añadir los términos ‘penal’ y ‘delictiva’ al artículo III del decreto legislativo N° 1373, lo que, según expertos, la Procuraduría General —encargada de las solicitudes de extinción de dominio que permite recuperar miles de soles en incautaciones e indemnizaciones para el país—, no pueda realizar acción alguna hasta que no exista una sentencia por parte del Poder Judicial.

En resumen, esto podría beneficiar a una numerosa cantidad de personajes políticos inmiscuidos en investigaciones polémicas que han adquirido bienes con dinero presuntamente irregular.

Recordemos que hay casos emblemáticos como Lava Jato, en donde Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Alan García, Susana Villarán y Keiko Fujimori podrían perder sus posesiones.

Asimismo, el fiscal José Domingo Pérez busca ampliar la investigación por lavado de activos que recae contra la lideresa del partido naranja y otros diregentes de este grupo político como Miguel Torres, Luis Galarreta y otros que serían investigados por presuntamente haber captado fondos ilegales tras las elecciones generales del 2021 bajo la premisa del “Fraude Electoral”.

Los expertos han señalado que con una ley de este tipo se podría proteger la actividad ilegal, así como el enriquecimiento proveniente de ella para que se blinde impunemente los bienes de quienes cometen dichos delitos mencionados arriba.

Al respecto, el juez supremo y coordinador del nacional del Subsistema Especializado en Extinción del Dominio, Manuel Luján Tupez, expresó su rechazo a este proyecto.

«Ese proyecto de ley al incluir las palabras actividad ilícita delictiva y tipo penal impide seguir trabajando por el Perú, seguir extendiendo los bienes ilícitos que provienen del sicariato, la extorsión, el tráfico ilícito de drogas y el narcoterrorismo”, manifestó en redes sociales.

Ya en abril de este año, Liliana Meza Quito, procuradora especializada en extinción de dominio, también señaló que de aprobarse este documento significaría un retroceso en la lucha contra la criminalidad.

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