Según reportó el semanario ‘Hildebrandt en sus trece’ en su edición de hoy, el gobierno peruano gastará US$6 millones 910 mil en abogados para defenderse de la demanda que la constructora brasilera Odebrecht entabló en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) por suspender la obra del Gasoducto Sur Peruano.
A través de la Oficina General de Administración del Ministerio de Economía y Finanzas, dependencia dirigida por Rossana Rivera Iberico, se contrató a dos firmas de abogados para enfrentar el arbitraje internacional.
Una de las firma de abogados contratadas para defender al Estado peruano ante el CIADI es el estudio jurídico estadounidense Arnold & Porter Kaye Scholer LLP, al que se le pagará US$5 millones 975 mil por realizar análisis iniciales de la demanda, escoger los árbitros, presentar las medidas cautelares, argumentos de defensa y apelaciones en caso de fallos perjudiciales.
El otro equipo de abogados es el estudio peruano Benites, Forno & Ugaz Abogados, quienes brindarían soporte y asesoría al bufete estadounidense Arnold & Porter Kaye Scholer LLP con sede en Washington. La firma de abogados peruana recibirá US$385 mil por sus servicios de defensa legal.
Además de los pagos a las firmas de abogados mencionadas, también se asignó US$200 mil en traducciones, US$250 mil en viáticos y US$100 mil para los viajes y gastos de los testigos de parte. En suma total, al Perú le costará US$6 millones 910 mil defenderse de Odebrecht.
Pero no todo el panorama es negativo. Según expertos del derecho, Odebrecht fue responsable de la cancelación del contrato por su colapso financiero luego de las revelaciones crónicas del caso de megacorrupción Lava Jato. “El Gasoducto Sur Peruano se suspendió por los problemas de financiamiento que enfrentó la empresa”, se lee en el informe del semanario. Por lo que la constructora brasilera no tendría opción a ganar el arbitraje.
