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Treinta y cinco marinos serán citados hoy en el Ministerio Público por la matanza de 133 reclusos en el penal de El Frontón. Varios de los militares de alto mando del primer gobierno de Alan García señalan al expresidente como autor mediato del operativo no solo en El Frontón, sino también en los penales de Lurigancho y Santa Bárbara.
La mañana del 18 de junio de 1986, los internos de El Frontón, Lurigancho y Santa Bárbara, a quienes se les había suspendido las visitas de amigos y familiares, tomaron las prisiones. Cinco horas después, García convocó a Consejo de Ministros y al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
Según el acta de esa sesión, García asignó a las Fuerzas Armadas a que recuperen las cárceles: la Marina se encargaría de El Frontón, el Ejército de Lurigancho y la Fuerza Aérea de Santa Bárbara.
“¿A qué hora actúan? ¿A qué hora comienza la cosa? ¡Qué esperan que no comienza la cosa!”, le preguntaba apurado García al entonces comandante general del Ejército, Guillermo Monzón, según declaró el jefe de la ll Región Militar, Ismael Araujo para el informe del Congreso de los sucesos de los penales en 1988.
Además, el subjefe de las Fuerzas Armadas de la época, Carlos Agurto, confesó en 2003 ante el Ministerio Público que se habilitó una línea telefónica exclusivamente para que el Ejecutivo pueda monitorear el operativo desde Palacio.

Foto: La República
Una memoria del periodista Augusto Zimmermann en el libro de Pedro Cateriano, “El caso García”, cuenta una alarmante conversación que tuvo con el exmandatario mientras desayunaban. “¿Qué pasaría si nos tiramos a todos los senderistas?”, preguntó García. “Nada. Absolutamente nada”, se respondió él mismo.
En el momento preciso de la intervención militar a los penales tomados, el mayor del Ejército José La Madrid confesó que escuchó que el jefe de la Guardia Republicana, Jorge Rabanal, le avisaba a García, a través de un radio, que ya estaban procediendo.
Luego de que se ejecutó a 243 reclusos en total, García convocó otro Consejo de Ministros. Según el acta de la sesión, el aprista felicitó al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. No solo eso, también ordenó sepultar los cuerpos en los cementerios de Lima y Callao, sin autopsia y sin notificación a los familiares de los fallecidos.
Por más de 20 años, García ha sido eximido de las investigaciones del asesinato en serie en los penales. En su primer gobierno, la justicia militar archivó el caso. Durante los noventa, Fujimori amnistió a los autores materiales de la matanza en los penales. En el 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó que se investigue el caso. Al año siguiente, la fiscalía especializada en derechos humanos investigó a García, pero este terminó siendo exonerado.
Finalmente, la denuncia contra el expresidente se archivó de forma definitiva en 2006. En las últimas investigaciones, Alan García sólo ha sido citado como testigo. Sin embargo, más de una voz, que fueron partícipes de la matanza, lo señalan como el personaje que dio la orden y estuvo enterado de todo.