Una de las primeras medidas del gabinete ministerial del premier Héctor Valer fue la declaración del Estado de Emergencia, que suspende los derechos constitucionales y da licencia a ejercer el uso de la fuerza por parte de las FF.AA.
Por Álvaro Meneses
En su primer día como presidente del Consejo de Ministros, el premier Héctor Valer declaró a Lima y Callao en Estado de Emergencia por la inseguridad ciudadana a través de un decreto supremo que suspende los derechos constitucionales de la población y otorga a la Policía Nacional y al Ejército licencia para hacer uso de la fuerza. Estas medidas se toman en medio de serios cuestionamientos contra el premier Valer y masivo rechazo a varios miembros de su gabinete ministerial.
En la primera conferencia de prensa de su periodo, el flamante premier Héctor Valer no apareció. En cambio, lo hicieron sus ministros del Interior y de Defensa, Alfonso Chávarry Estrada y José Luis Gavidia Arrascue respectivamente, así como Alejandro Salas, titular de la cartera de Cultura. Es decir, la vocería de su gabinete estuvo a cargo de sus ministros vinculados a las fuerzas del orden.
En ese sentido, el ministro de Defensa, José Luis Gavidia, anunció la declaratoria del Estado de Emergencia en Lima Metropolitana y la provincia del Callao por 45 días con el fin de contener la inseguridad ciudadana. Las medidas que incluye el decreto supremo, sin embargo, dan luz verde a posibles violaciones de los derechos humanos.
El Decreto Supremo N°012 establece la suspensión del ejercicio de los derechos constitucionales como la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito, libertad de reunión y libertad de seguridades personales. A su vez, la declaratoria del Estado de Emergencia permite el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional y las FF.AA.
En una conferencia posterior, el ministro del Interior, Alfonso Chávarry, aclaró que estas medidas “son contra la delincuencia, entonces no tienen porqué preocuparse el resto de personas”. “Queremos que no se malinterprete el Estado de Emergencia (…) el personal se viene instruyendo en cuanto a las intervenciones respetando los derechos humanos”, agregó.
Desde las organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos, sin embargo, han mostrado su preocupación al respecto.
De la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), la abogada Mar Pérez advierte del peligro de la intervención de las Fuerzas Armadas en un contexto de rechazo hacia el Gobierno. “En un momento donde existen fuertes cuestionamientos hacia la designación de varios de los integrantes del gabinete ministerial podrían emplearse de manera abusiva las facultades que el Estado de Emergencia confiere a las fuerzas del orden”, alerta Pérez a Wayka.
Estas medidas, según la abogada de la CNDDHH, resultan aún más peligrosas cuando el ministro que encabeza la cartera del Interior, Alfonso Chávarry Estrada, tiene procesos por abuso de autoridad. “Existe un riesgo de que las fuerzas del orden abusen del Estado de Emergencia, de que impidan el ejercicio del derecho constitucional a la protesta, y así acallar los cuestionamientos contra las últimas decisiones del Ejecutivo”, agrega.
Desde Amnistía Internacional Perú también llamaron a garantizar el derecho a la protesta. “Recordamos al Estado peruano que el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana deben estar a cargo de la policía, y que las normas internacionales de derechos humanos exigen asegurar que el uso de las Fuerzas Armadas, en labores de seguridad pública, sea estrictamente excepcional”, dice su pronunciamiento.
