El Centro de Estudios Jurídicos Santo Tomás Moro, vinculado a Padres en Acción, busca anular la inscripción en registros públicos de Católicas por el Derecho a Decidir. Acusan a la organización católica feminista de utilizar la palabra «católicas» de mala fe.
Redacción Wayka
En el Perú, existen 420 asociaciones inscritas en los Registros Públicos que hacen uso de la denominación «católica». La asociación Católicas por el Derecho a Decidir (CDD – Perú) es una de ellas. Fue constituida en 2009, como parte de una red latinoamericana de mujeres con perspectiva católica y feminista. Como tal, ha defendido el enfoque de género en las políticas públicas.
Ese hecho parece ser el causal de la demanda civil presentada por el Centro de Estudios Jurídicos Santo Tomás Moro. Con ese recurso legal, buscan anular la inscripción de CDD – Perú de registros públicos.
«Desde hace mucho tiempo en el país hay un ataque de estos grupos fundamentalistas y sabemos que pretenden disolverlos, anularnos», indicó Eliana Cano, fundadora de CDD – Perú.
La demanda pide al Noveno Juzgado Civil de Lima que declare que el uso de la palabra «católicas» es realizado de mala fe. También, que ordene a CDD – Perú abstenerse de utilizar la palabra «católica» en cualquier comunicación pública o privada.
“Interponemos la presente demanda en nuestra condición de fieles católicos agraviados por el uso abusivo y de mala fe del nombre o denominación de nuestra religión, causando de esta manera daño a otros fieles católicos, pues los confunde”, se lee en el documento al que tuvo acceso Wayka.
El Centro de Estudios Jurídicos Santo Tomás Moro tiene como presidente a Alberto González Cáceres. El mismo abogado que representó a Padres en Acción en la demanda contra el enfoque de género en el Currículo Escolar.
Como presidente de la Asociación Cunas Salvadoras, González también impulsó un proyecto de ley para que las mujeres que decidan abandonar a sus hijos puedan hacerlo de manera anónima y sin responsabilidad legal en incubadoras ubicadas en centros de salud.
Los argumentos de la demanda
Para anular el registro público de Católicas por el Derecho a Decidir, el Centro de Estudios Jurídicos Santo Tomás Moro se ampara en: el Concordato, acuerdo suscrito entre el Estado peruano y la Iglesia Católica, que otorga beneficios tributarios a esta; y el Código de Derecho Canónico.
Este último indica que “Ninguna asociación puede llamarse “católica” sin el consentimiento de la autoridad competente». Tanto el Arzobispado de Lima como la Conferencia Episcopal del Perú negaron haber dado esa autorización.
Sin embargo, CDD – Perú no está inscrita como una asociación de fieles. Por tanto, sostiene que ni el Concordato ni el derecho canónico aplican para su caso. «Nosotras no gozamos de exención tributaria, pagamos impuestos», explicaron.
Por otro lado, el centro Santo Tomás Moro también acusa a Católicas por el Derecho a Decidir de usar su denominación de católicas «de mala fe».
“Asociación civil se autodenomina católica pero la combate públicamente y quiere causarle daño, como mermarla económicamente”. Ello está vinculado a los cuestionamientos que CDD – Perú ha hecho sobre la existencia del Concordato y los beneficios económicos que recibe la Iglesia Católica del Estado.
Santo Tomás Moro también acusa a la asociación de promover la «ideología de género»; abogar por el acceso libre a los Anticonceptivos Orales de Emergencia (AOE); defender el aborto terapéutico, entre otros derechos sexuales y reproductivos.
La defensa de CDD – Perú
La asociación Católicas por el Derecho a Decidir argumenta que «la pretensión de la demandante Asociación Tomás Moro tiene un objetivo de corte ideológico y político».
«Es una amenaza a las libertades democráticas, a la libertad de pensamiento y expresión y a la igualdad ante la ley. Además el derecho canónico no se puede aplicar, por ejemplo, a mi vecino que no piensa o reza como yo. Lo que les fastidia es que las Católicas por el Derecho a Decidir son feministas, luchan por los derechos de las mujeres y defienden los derechos reproductivos», sostiene Carlos Rivera del Instituto de Defensa Legal (IDL), quien ha asumido la defensa de la organización.
El abogado también explicó que los denunciantes «vienen de una inmensa derrota judicial (en referencia al enfoque de género en el Currículo Escolar). «Hay una tendencia de grupos fundamentalistas de pretender utilizar el Poder Judicial y mecanismos judiciales para perseguir a quienes no piensan como ellos», añadió.
Ana María Vidal, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, precisó que ese ataque forma parte de un proyecto político y «es una tendencia regional mundial».
Por su parte, Alberto González declaró a La República que la demanda no estaba vinculada a las pugnas por el enfoque de género en el currículo. “Ellas dicen que son católicas, pero hablan y enseñan lo contrario. Pedimos que ya no usen ese nombre”, indicó.
«Se puede ser católica de otra forma. Puedes tener un pensamiento crítico […] Nosotras vamos a levantar siempre nuestra voz», dijo Eliana Cano.
El pasado viernes, Católicas por el Derecho a Decidir, en asesoría con IDL, presentó una respuesta a la demanda, donde pide que se declare infundada. La decisión recae en el magistrado José Aguado Sotomayor, quien preside el Noveno Juzgado Civil de Lima.
