Aparecen más casos de familiares de Congresistas en instituciones del Estado. Informes de dos programas periodísticos, América TV y Punto Final, revelaron que hijos de la congresista fujimorista, Luz Salgado, brindan servicios en entidades estatales.
Andrés Francisco y David Rubén Paredes Salgado fueron contratados en diferentes instituciones del Estado. El primero laboró desde 2009 hasta el año 2013 como postproductor en el Instituto de Radio y Televisión del Perú (IRTP); sin embargo cuando fue contratado en dicha entidad pública, Luz Salgado no se desempeñaba como congresista ya que estaba inhabilitada, sino hasta el 2011, cuando volvió a los escaños.
Según América Noticias, Andrés Paredes, actualmente, brinda servicios como proveedor del Estado a IRTP desde el 2016 hasta la fecha por S/ 123 mil. Esto de acuerdo al portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas, como cita el programa periodístico.
Mientras que, David Paredes Salgado, abogado de profesión, brinda servicios al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) desde octubre de 2017 en el régimen CAS, con un sueldo de S/ 8000 según Punto Final.
La gerente general de la OEFA, Miriam Alegría Zevallos, declaró que David Paredes no consignó como profesión de Luz Salgado, su madre, como congresista de la República, sino solamente periodista.
Por tal motivo, Alegría Zevallos, aseguró que el caso está siendo evaluado por el área de Secretaría Técnica de Procesos Disciplinarios y si se presume de haber incurrido en delito, este pasará a la Procuraduría.
En el programa también se aprecia, la respuesta de la parlamentaria, al ser consultada los nombres de sus hijos, quien en apariencia no los recordaba. La periodista leyó sus nombres, y la congresista de Fuerza Popular solo atinó a responder: «¿Quiénes son?». Luego, justificaría el vínculo laboral con un «pregúnteles a sus jefes».
También se revelaron los casos de otros congresistas que tendrían familiares con vínculo laboral o que brindan servicios al Estado. Así tenemos los casos de los parlamentarios Rogelio Tucto, María Elena Foronda y Alberto Oliva, quienes deberán responder por las revelaciones.