Redacción Wayka

Luego de difundir un audio en que se escucha al vicegobernador regional de Áncash conversando sobre un presunto caso de tráfico de influencias, el periodista Hugo Gonzáles Henostroza, del portal Noticiero Libre (Huaraz), es presionado por las autoridades del Ministerio Público para que revele su fuente.

El fiscal Rolly Farromeque Fernández, del Cuarto Despacho de la Fiscalía Especial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Áncash, envió un oficio el pasado 22 de noviembre al periodista en donde le pide al periodista que presente el audio completo sobre el vicegobernador Henry Borja Cruzado y que revele la fuente que le proporcionó el material.

En el mismo oficio, el fiscal Rolly Farromeque le advierte al periodista que será denunciado por el delito de desobediencia a la autoridad si no cumple con entregar el audio y revelar su fuente. “No voy a revelar mi fuente, así este fiscal me apunte con un revolver (…) lo denunciaré por coacción e intimidación, así actúan vergonzosamente en Áncash algunos fiscales”, sostiene el reportero Hugo Gonzáles del portal Noticiero Libre.

Oficio enviado por el Ministerio Público en el que se advierte de denunciar penalmente al periodista si no revela su fuente.

No sería la primera vez que el fiscal Rolly Farromeque es cuestionado. En abril de 2017, una denuncia penal  del procurador de la Municipalidad Provincial de Huaraz, Alberto Valverde Rodríguez, señaló a Farromeque y a otros dos fiscales por el presunto delito de colusión agravada, luego de  una presunta parcialización a favor del exalcalde de la misma ciudad, Vladimir Meza Villareal.

“Es el mismo representante del Ministerio Público que fue quejado en su momento por el caso Vladimir Meza y fui yo quien publicó en aquel entonces la denuncia. Ahora, lejos de pronunciarse sobre las pruebas contra el vicegobernador Henry Borja, se las emprende contra mí, con un documento intimidatorio”, sostiene el periodista de Huaraz.

En el Perú, el Tribunal Constitucional y, a nivel internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han interpretado que la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos protegen “la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales”.