Hoy se publicó el informe de Human Rights Watch titulado “Deterioro letal. Abusos por las fuerzas de seguridad y crisis democrática en el Perú”, el cual aborda el uso excesivo de la fuerza de militares y policías, violaciones del debido proceso, abusos contra detenidos y deficiencias en las investigaciones penales. Asimismo, en el documento se menciona el terruqueo como un mecanismo para desprestigiar a los manifestantes.

Por Jair Sarmiento

«¿Estamos acaso volviendo a los años de la violencia terrorista donde se colgaban perros en los postes de luz?», dijo la jefa del régimen militar y policial, Dina Boluarte, un 13 de enero de este año en un mensaje a la nación, refiriéndose a las protestas y movilizaciones en su contra. 

La intención de aquella frase cruda e insensible era evidente, revivir el fantasma del terrorismo, la cual hoy es incluida y denunciada en el reciente informe de Human Rights Watch.

En la sección de Recomendaciones del documento, el primer punto que se aborda es este: “Poner fin a la estigmatización de los manifestantes a través de un lenguaje que los vincula falsamente con el terrorismo o que los denigra de cualquier forma”. 

Las fuerzas del orden han sido uno de los agentes que ha promovido este estigma, específicamente la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote).

Hay que recordar los allanamientos arbitrarios e ilegales a los locales de la Confederación Campesina del Perú (CCP) en donde participó la Dircote y donde luego los manifestantes denunciaron el sembramiento de machetes y pasamontañas. Los locales de las agrupaciones políticas de izquierda como el Partido Socialista y Nuevo Perú también fueron intervenidas por aquella fecha.

También recordamos el intento de terruqueo que sucedió en el operativo policial que se realizó en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), en donde se agredió y violentó a estudiantes universitarios y campesinos de diversas regiones del país que llegaron a esta casa de estudios para alimentarse y pernoctar antes de salir a protestar contra Boluarte. Durante ese operativo, un agente policial se grabó a sí mismo comentando: “Ah…se cumplió, deteniendo a todos estos terroristas”.

Otro de los casos es el del Frente de Defensa de Ayacucho (Fredepa), en donde siete de sus miembros fueron detenidos de forma violenta. A la fecha, una de ellos cumple comparecencia restringida y los otros seis cumplen prisión preventiva por 18 meses por haber participado de las protestas, por haber exigido una Nueva Constitución y Asamblea Constituyente y por otras demandas que son estigmatizadas no solo por las fuerzas del orden sino por el propio Ministerio Público.

En la actualidad se está a la espera de la decisión de los jueces de la Tercera Sala de Apelaciones para saber si se revoca o no la prisión de los dirigentes del Fredepa. En tanto, ha quedado evidenciado que la Fiscalía tiene dificultades en sustentar y argumentar el requerimiento de prisión.

Un último caso es el de este portal periodístico, el cual ha sido estigmatizado por la maquinaria mediática que responde y obedece al actual régimen.