Huancavelica: Más de 650 adolescentes demandan Educación Sexual Integral
Por: Silvia Bardales Q.
Una investigación elaborada por las organizaciones Wikikausari y Colectivo Igualdad, durante el 2025, en los distritos de Huancavelica y Ascensión, señala que en la región, más del 50% de las adolescencias encuestadas demandan Educación Sexual Integral (ESI). El estudio recoge los resultados de una encuesta aplicada a 1 125 adolescentes de entre 12 y 17 años, además de 12 entrevistas a operadores de los sectores de educación, salud, protección y justicia. El informe se realizó con el objetivo de contrastar la normativa vigente sobre prevención del embarazo adolescente y la ESI con su aplicación real en el territorio.
Adolescencias lejos de los servicios de salud
Otro de los hallazgos más relevantes del estudio es que el 64,5 % de las y los adolescentes nunca ha acudido a un centro de salud para recibir información o servicios vinculados a su salud sexual y reproductiva. El miedo, la vergüenza y la desconfianza son las principales barreras que los adolescentes mencionan para acceder a estos servicios, pese a que quienes sí acceden califican la atención como buena. Este dato expone que los servicios no están siendo percibidos como espacios seguros, confidenciales ni amigables para adolescentes.
El informe advierte que la falta de acceso a servicios oportunos y confidenciales incrementa los riesgos de embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual y violencia sexual, profundizando las desigualdades ya existentes.
El 82 % de adolescentes afirma haber recibido información sobre derechos sexuales y reproductivos en su colegio; sin embargo, el acceso no es equitativo. Solo el 7.3 % de mujeres indígenas y el 2.6 % de varones indígenas reportan haber recibido información, frente al 48.7 % de mujeres no indígenas y el 21.9 % de varones no indígenas, evidenciando una fuerte brecha intercultural. Además, un 8.8 % no está seguro de haber recibido ESI, lo que sugiere intervenciones fragmentadas y poco reconocibles como un proceso educativo sostenido.
Este contraste evidencia —según el informe— el rol clave de la ESI como herramienta preventiva y de empoderamiento, especialmente en contextos rurales e interculturales como Huancavelica.
Aunque el 78.6 % de adolescentes sabe definir qué son las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), solo el 53.1 % afirma saber cómo prevenirlas en la práctica. Un preocupante 46.9 % reconoce tener conocimientos limitados o nulos para cuidarse efectivamente, lo que revela que la ESI sigue siendo mayormente informativa y no formativa, sin fortalecer habilidades reales para la toma de decisiones.
El 31.4 % de adolescentes considera que una adolescente embarazada es discriminada por su comunidad, mientras que el 75.7 % percibe que no existen servicios suficientes de salud mental. Además, un 46.3 % cree que hombres y mujeres no reciben el mismo apoyo ni información, confirmando que los estereotipos de género siguen marcando la respuesta institucional y comunitaria.
Un Estado fragmentado frente a las adolescencias
Las entrevistas realizadas a operadores de los sectores Salud, Educación, Protección y Justicia evidencian limitaciones estructurales en la implementación de políticas públicas dirigidas a adolescentes. Desde el sector educación, se reconoce que la ESI está contemplada en el Currículo Nacional; sin embargo, su aplicación depende en gran medida de la capacitación docente, la carga administrativa y, en algunos casos, de resistencias sociales e institucionales.
Desde el sector salud, las y los operadores señalaron dificultades para garantizar una atención integral y amigable para adolescentes, debido a la falta de personal especializado, limitaciones presupuestales y escasa articulación intersectorial. Aunque existen normativas para la atención integral de adolescentes, estas no siempre se traducen en servicios accesibles, confidenciales y libres de estigmas.
En tanto, operadores de protección y justicia reconocieron que los casos de embarazo adolescente vinculados a violencia sexual no siempre reciben una respuesta oportuna y coordinada, lo que expone a las adolescentes a procesos de revictimización y abandono institucional.
Betzabeth Martínez, integrante de la colectiva Wikikausari, explicó que el objetivo de la vigilancia ciudadana fue fiscalizar el cumplimiento de derechos ya reconocidos por la ley. “Exigimos que los derechos que ya existen se cumplan. La vigilancia ciudadana nos permite observar, analizar y exigir el cumplimiento de nuestros derechos, especialmente para las adolescentes y las diversidades”, afirmó.
Martínez alertó además sobre el peso del estigma en el entorno familiar. Según el informe, dos de cada cinco adolescentes dependen de su hogar para obtener información sobre sexualidad. “Si en casa el tema sigue siendo un tabú, se genera un estigma que frena la autonomía. Necesitamos que las familias sean aliadas, no barreras”, subrayó.
Uno de los puntos más preocupantes del informe es la deserción escolar asociada a la maternidad adolescente. Martínez señaló que el 19 % de las y los encuestados ha observado cómo adolescentes embarazadas abandonan las aulas debido a la sanción social.
“La maternidad adolescente en Huancavelica viene acompañada de exclusión. El embarazo no debería anular el derecho a una educación de calidad ni condenar a las jóvenes a la pobreza estructural”, sostuvo, proponiendo la construcción de una Política Regional de ESI que incorpore las voces de las adolescencias y juventudes.
Barreras administrativas y autonomía negada
Por su parte, la investigadora feminista que realizó las entrevistas, Karen Durand advirtió sobre una “fragmentación normativa” en el Estado, donde cada sector actúa de forma aislada.
“Necesitamos una visión integral que supere la idea reducida de que la ESI es solo repartir métodos anticonceptivos o hablar de biología. Existe una brecha pedagógica crítica: muchos tutores no están capacitados en ESI”, explicó.
Durand también denunció barreras administrativas que alejan a adolescentes de los servicios de salud: “Es alarmante que aún se exija el acompañamiento de un adulto para acceder a servicios de salud. Esto choca con el principio de autonomía progresiva. Si los servicios no son confidenciales y amigables, las y los adolescentes simplemente no asistirán”.
Escuchar a las adolescencias es una obligación del Estado
Una de las principales recomendaciones del informe es diseñar una política regional de Educación Sexual Integral en Huancavelica, garantizando que no se limite a contenidos biológicos o preventivos, sino que incorpore de manera transversal los derechos sexuales y reproductivos, la igualdad de género, la diversidad y la autonomía progresiva. El documento enfatiza la necesidad de capacitación permanente y especializada para docentes, tutores y personal educativo, así como la elaboración de materiales pedagógicos culturalmente pertinentes, en especial para adolescentes quechua hablantes y población indígena, a fin de cerrar las brechas interculturales identificadas. “Escuchar a las adolescencias y garantizar la Educación Sexual Integral no es opcional: es una obligación del Estado para proteger derechos, vidas y futuros”, señala el documento.
El estudio fue elaborado por las colectivas Wikikausari y el Colectivo Igualdad con el apoyo de Aprodeh, en el marco del proyecto Movilízate, Articula y Participa (MAP), a través de la iniciativa “Vigilantes de las políticas locales de prevención del embarazo adolescente”, desarrollada en los distritos de Huancavelica y Ascensión. Esta investigación forma parte de un proceso de vigilancia ciudadana feminista que busca fortalecer la exigibilidad de derechos y el cumplimiento efectivo de las políticas públicas orientadas a la prevención del embarazo adolescente desde los territorios.
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