Por Andrea Morales
El pasado 17 de enero se viralizó un video en redes sociales donde se veía a un hombre en una camioneta amenazando a los trabajadores del Fundo Luzmila, en Ica, con una metralleta en mano. De acuerdo al medio periodístico La Lupa, el vehículo pertenece a la empresa agroexportadora RVR Agro S.R.L.
Los apoderados de la agroexportadora RVR Agro S.R.L. son el gerente general Carlos Manuel Villacorta Pinedo y su hijo Carlos Villacorta Rath, quien cumple las funciones de ‘gerente de planta’ hace más de 3 años.
Dicha empresa dedicada al sector agrícola tiene reiteradas órdenes de fiscalización que suman 25, tal y como señaló Sunafil en una nota de prensa. En lo que va de 2021, se efectuaron 17 órdenes y en el presente año ya tiene 2 órdenes en menos de un mes.
Las denuncias de las y los trabajadores de RVR Agro corroboran las conclusiones a las que llegó Sunafil, cuando el 10 de agosto de 2021, ingresaron encubiertos al fundo para verificar sus reclamos. Según Sunafil, “existía un abuso laboral dentro de la empresa agroexportadora RVR Agro”. Además, el fundo no cumplía con las medidas de bioseguridad, tampoco tenían un espacio adecuado para su refrigerio, retenían sus documentos personales hasta la hora de su salida y no tenían una movilidad de retorno hacia Ica. Por todo lo anterior, el año pasado, el intendente de Sunafil en Ica de ese entonces, Luis Morán, señaló que el Fundo Luzmila de la empresa RVR Agro recibió una multa de S/. 30 052.
En Ica, donde están asentadas varias empresas agrícolas, la entidad fiscalizadora de Sunafil ha registrado 893 órdenes de fiscalización durante el año pasado.
HISTORIAL DE MALTRATO LABORAL
“Es algo ilógico, absurdo, cómo nos maltratan a nosotros los trabajadores. Por dos o tres errores, nos gritan, nos insultan, nos botan y no nos pagan el día. Así hayamos trabajado 1000 vallas, que suman 100 soles, no se nos paga por el error de dos o tres vallas. Nos tratan como animales”, reclama Susan Quintanilla, quien es secretaria de SITCLARI, Sindicato de Trabajadores del Comité de lucha de la agroexportación de la región Ica.
Quintanilla asegura que estuvo presente en la inspección de agosto de 2021 y considera como un triunfo que Sunafil pudiera corroborar las pésimas condiciones laborales en las que trabajan sus compañeros: «Finalmente, se logró cerrar el fundo, al menos, dos días», cuenta.
EXIGEN PAGOS
Una trabajadora que estuvo el día 17 de enero, narró a Wayka cómo se dieron los reclamos. Por temor a represalias, prefirió no revelar su identidad. Los trabajadores habían empezado su jornada habitual a las 6 a.m., pese a que los caporales no les brindaban información precisa sobre cuánto les pagarían por su trabajo. Debido a las evasivas y maltratos verbales continuos, los trabajadores empezaron a alzar su voz exigiendo condiciones claras.
Tres horas más tarde, alrededor de las 9:30 a.m., un grupo de 20 personas empezó a amotinarse. Pronto se sumaron más, llegando a un aproximado de 30 a 40 personas, quienes con sus herramientas de trabajo como palos y javas, exigían un pago justo por su trabajo. Es allí, cuando aparece un hombre adulto mayor y un joven, quienes portaban armas de fuego. Según la trabajadora y las denuncias en redes sociales, se trataría de los dueños de la empresa RVR Agro S.R.L. Dos horas más tarde llegó la policía, pero solo para dispersarlos.
La trabajadora asegura que en campañas anteriores, por medio día de trabajo obtenían una paga de 80 soles; sin embargo, en esta campaña, por el mismo tiempo y cantidad de trabajo, la empresa les está pagando la mitad, alrededor de 40 soles.
También denuncia que esto se debería a que los caporales les obligan a hacer labores de limpieza u otros distintos al de producción por el cual fueron inicialmente contratados, esto es, extraer uvas de las vallas y ponerlas en javas. Por ello, Ana concluye que al finalizar su jornada, les pagan menos.
Debido a que el Fundo Luzmila no reconoce que la producción de sus trabajadores se ve reducida por asumir labores distintas y no les pagan por todas las labores que realizan, los trabajadores decidieron protestar. Según el testimonio de la trabajadora, hasta el día miércoles continuaban sin haberles efectuado el pago.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo se ha pronunciado condenando los hechos, pues el amedrentamiento a trabajadores mediante el uso de armas de fuego «se encuentra prohibido conforme el art 37 de la 37° inciso f) de la Ley 30299», pues crea un riesgo innecesario y atenta contra la vida. Asimismo, la entidad pública exige investigar si las personas del video tienen permiso de portar esas armas y, en caso no sea así, sean sancionadas.
Wayka intentó comunicarse con la empresa RVR Agro para incluir sus descargos, sin obtener respuesta.
