Fermina Pandia aseguró que no participaba de la manifestación; sin embargo, policías la agredieron al punto de romperle la cabeza. Ahora, enfrentará 5 años de prisión suspendida y tendrá que pagar una reparación civil al Estado peruano. 

Sanción discriminatoria. A dos años de las protestas contra el régimen de Dina Boluarte en todo el Perú, el Poder Judicial ha emitido un fallo desproporcionado contra Fermina Pandia, una vendedora ambulante que fue agredida por policías en Puno. 

El 10 de febrero de 2023, como parte de las manifestaciones, la ciudadanía ejerció su derecho a la protesta y bloqueó vías en Alto Puno. Agentes de la PNP lanzaron lacrimógenas y reprimieron a los presentes, entre ellas Fermina Pandia.

La Fiscalía sostiene que Pandia intentó arrebatarle el arma a un oficial y lo agredió, hecho que causó su detención. No obstante, videos difundidos en la fecha muestran cómo dos policías la toman del brazo a la fuerza y la golpean dejándole una herida en la cabeza. 

Además, el fiscal adjunto provincial de Puno Eddy William Cáceres Caxi acusó a Fermina Pandia de bloquear las vías y exigir dinero a transportistas para dejarlos pasar, aunque la madre de 9 hijos afirma no haber participado en las protestas. 

Pese a ello, el Poder Judicial impuso una pena de 5 años de prisión suspendida contra Pandia por el delito contra la tranquilidad pública en la forma de disturbios, además del pago de una reparación civil al Estado peruano. Esta sentencia ha sido catalogada como injusta y desproporcionada, sobre todo considerándose que hasta el momento ningún agente policial o miembro del Ejército ha sido condenado por los asesinatos registrados en 2022-2023 en el marco de las protestas contra el régimen de Dina Boluarte. 

Puno fue la región más afectada por la represión policial y matanza de civiles. En Juliaca, en un solo día, el 9 de enero de 2023, fueron asesinadas 18 personas, entre ellas niños y transeúntes que no participaban de las manifestaciones. Estos hechos fueron catalogados como ejecuciones extrajudiciales por Amnistía Internacional, quienes también resaltaron el carácter racista y discriminatorio en el actuar de la Policía y FF.AA.