La Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) de la Policía, a cargo del general EP (r) Hugo Cornejo Valdivia, se niega a entregar a la Fiscalía información sobre los presuntos autores del asesinato de Inti Sotelo y Bryan Pintado. Así como el registro operacional de las represiones policiales ejecutadas en noviembre de 2020 durante las protestas contra el gobierno de facto de Manuel Merino.
Según el general Cornejo, la DINI no cuenta con dicha información; sin embargo, tanto el exjefe de la DINI, coronel FAP (r) Carlos Illanes, y el exsubdirector, coronel FAP (r) Christian Schambaher, declararon ante la Fiscalía que, mientras estuvieron en funciones durante las protestas, recibieron información clasificada sobre las movilizaciones, las acciones policiales y los nombres de los presuntos asesinos de ambos jóvenes.
De acuerdo a la investigación hecha por Diario La República, los datos que la PNP guarda con recelo están registrados en la base de datos Marte que administra la DINI y que fueron expuestos directamente a Manuel Merino en dos reuniones realizadas en Palacio de Gobierno el 12 y 14 de noviembre, esta última reunión fue el día en que se asesinó a Inti y Bryan.
En estos encuentros también participaron el expremier Ántero Flores-Aráoz, el exministro del Interior Gastón Rodríguez Limo, el exministro de Defensa Walter Chávez Cruz, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas César Astudillo Salcedo y John Saba Guerra, exasesor del exmandatario Merino.
Cabe resaltar que la Fiscalía solicitó el registro de visitas a Palacio de Gobierno de esas fechas; pero, el director de la Oficina de Tecnología de la Información del Despacho Presidencial, Hernando Díaz Bazán, no entregó el registro del 14 de noviembre, por lo que la fiscal Jhousy Aburto Garavito ha solicitado un peritaje para que el Ministerio Público indague si se ha borrado información de la plataforma de visitas.
Además, la fiscal Aburto ha dado un plazo de 72 horas al director de la DINI Hugo Cornejo Valdivia para entregar la información hasta ahora negada o, de lo contrario, lo denunciará por el delito contra la administración de justicia y contra la administración pública, en la modalidad de desobediencia a la autoridad.
