Redacción Wayka
La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, abrió investigación preliminar al presidente Pedro Castillo por los presuntos delitos contra la administración pública y colusión en agravio del Estado, en el marco de las presuntas irregularidades alrededor de los ascensos militares y las reuniones que sostuvo con Karelim López Arredondo y el empresario Samir Abudayeh. La investigación, sin embargo, deberá esperar hasta el final de su mandato presidencial.
De acuerdo al artículo 117 de la Constitución Política, el presidente de la República sólo puede ser acusado durante su mandato por traición a la patria, impedir un proceso electoral o disolver el Congreso fuera de las excepciones previstas en el artículo 134 de la Carta Magna referidas a la doble censura o negación de confianza a dos Consejos de Ministros. Cualquier otro tipo de acusación deberá aguardar hasta el final de su periodo.
“Ese es el texto que impide procesar al presidente durante su mandato por delitos distintos a la traición a la patria, la interferencia con las elecciones o el cierre injustificado del Congreso”, comenta César Azabache, abogado penalista.
Bajo ese marco normativo, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, abrió una investigación preliminar contra Pedro Castillo pero deberá esperar hasta julio de 2026. Sin embargo, las fiscalías provinciales sí podrán investigar a los otros personajes implicados en las presuntas irregularidades que comprometen al presidente.
Uno de esos personajes es Karelim López Arredondo, quien se habría reunido con Castillo antes de que una de las empresas a la que asesora gane la buena pro de la construcción del puente vehicular Tarata sobre el río Huallaga en la región San Martín por S/232.5 millones.
Otro de los casos que se indagarán desde el Ministerio Público es el de las reuniones que Pedro Castillo habría tenido con Samir Abudayeh, quien posteriormente su empresa Heaven Petroleum Operator ganó un contrato con el Estado para abastecer de Biodiesel B100 a Petroperú por US$74 millones.
La investigación preliminar contra el presidente también incluirá su presunta injerencia en los ascensos militares. Este caso, según la Fiscalía, podría tratarse del supuesto delito de tráfico de influencias y patrocinio ilegal.
