“La burocracia nos está matando igual que la extorsión”: ataques con granadas y balas exponen la incapacidad del Estado

Un nuevo paro de transportistas se realizará este miércoles 14 de enero, en Lima y otras ciudades del país, como respuesta a la escalada de extorsiones, cobro de cupos y ataques armados que afectan al sector y a la ciudadanía. La medida ha sido confirmada por gremios de transporte urbano e interprovincial, que denuncian no solo el avance del crimen organizado, sino también la falta de prevención y respuesta efectiva del Estado frente a esta crisis de seguridad.

En una conferencia de prensa, diversos dirigentes de transporte denunciaron que las muertes de transportistas por la criminalidad organizada va en aumento. Según el dirigente Martín Ojeda, representante del gremio Transportistas Unidos, se han registrado una muerte de transportista cada día.

Según informó La República, diversas líneas de transporte han anunciado que no saldrán a trabajar como forma de protesta y para exigir garantías mínimas que les permita ejercer su labor, ante un contexto que describen como “insostenible”. El paro ocurre apenas semanas después de otras movilizaciones del sector, lo que evidencia que las demandas no han sido atendidas de manera estructural.

Cobros de cupos se multiplican y la violencia escala

Julio Campos, dirigente del sector transporte, denunció en declaraciones recogidas por La República que los montos exigidos por las organizaciones criminales se han incrementado de forma alarmante. “Los transportistas pagan hasta diez veces más en cupos que en años anteriores. Es lo peor que estamos viviendo”, señaló, advirtiendo que muchos conductores continúan trabajando bajo amenazas directas contra su vida y la de sus familias.

Estas extorsiones ya no se limitan a llamadas telefónicas o mensajes intimidatorios. En las últimas semanas, los ataques han escalado a acciones con armamento de guerra, incluyendo granadas, lo que ha generado un clima de temor generalizado en rutas y paraderos, denunciaron los transportistas.

“Granadas de guerra”: el testimonio desde el gremio

En entrevista con Martín Ojeda, para Hildebrandt en sus Trece, uno de los testimonios más crudos sobre la situación actual fue expuesto públicamente. Ojeda advirtió que la violencia ha alcanzado niveles inéditos incluso para quienes vivieron los años más duros del conflicto armado interno.

“Esto empezó con llamadas de WhatsApp, con ‘yapes’, con amenazas escritas. En las últimas dos semanas ha llegado al punto de tirar granadas de guerra: una que no explotó y otra que rebotó y cayó en la autopista, hiriendo a un transeúnte”, afirmó.

Ojeda sostuvo que la sensación de desprotección es constante y que los ataques se producen, muchas veces, en horarios donde no hay presencia policial.
“Si no hay más muertos es porque ellos fallan al momento del ataque”, agregó, subrayando la gravedad del escenario.

Ojeda agregó que recientemente presenció un hecho especialmente alarmante: “La semana pasada he visto un ataque con balas a un transporte que no iba hacia la cabina, sino que dispararon directamente a los pasajeros. ¿Usted puede creer eso? Ni en la época del terrorismo he visto tanto ataque del día a día”.

Críticas al discurso oficial y a la burocracia

El vocero también criticó las declaraciones del Ejecutivo que sugieren la presencia de “infiltrados” en las protestas. “Así como hay buenos transportistas, también hay malos. Pero así como hay buenos funcionarios, hay pésimos funcionarios”, respondió.

En esa línea, cuestionó que la burocracia estatal se haya convertido en un obstáculo adicional en medio de la emergencia. “La burocracia nos está matando igual que la extorsión. Muchos de los pedidos que hacemos se quedan entrampados en trámites”, afirmó.

Como ejemplo, mencionó la Ley 34290, publicada el 3 de noviembre, que —según denunció— aún no cuenta con reglamento, pese a que el propio Gobierno ha insistido en la necesidad de crear organismos interinstitucionales para enfrentar el crimen organizado.
“Han pasado más de dos meses y seguimos igual. Eso nos deja mucho que pensar”, señaló. Además, esta ley prevé la implementación de mecanismos de inteligencia y apoyo a víctimas.

Uno de los puntos más críticos señalados por los gremios es la obligación de denunciar sin garantías reales de protección. Ojeda cuestionó directamente el marco normativo vigente. “La norma exige que yo — como transportista— denuncie. Pero ¿usted tendría la confianza de denunciar sabiendo que el Estado no puede con ellos (los extorsionadores)? Yo no. Tengo hijos, tengo familia. ¿Cómo sé que esa información no se filtrará?”, cuestionó.

Extorsión como fenómeno transnacional

Ojeda también advirtió que el problema no es exclusivo del Perú. “Como dirigente internacional, hemos consultado con otros países, porque esta pandemia no ha nacido en el Perú, nació en Medellín, Colombia”, explicó.

Según indicó, el objetivo de estas organizaciones criminales es apropiarse de empresas completas, no solo extorsionar de manera aislada. “A ellos les interesa ganarse con toda la empresa. El Metropolitano trabaja con fideicomiso, por eso no es fácil apropiarse de él. Su objetivo es con los transportistas que cobran en efectivo”, precisó.

Un paro que interpela al Estado y a la sociedad

El paro de este miércoles 14 de enero no solo busca visibilizar la precariedad laboral del sector, sino alertar a la ciudadanía sobre una crisis de seguridad que ya afecta directamente a los usuarios del transporte público. Mientras el crimen organizado actúa con armas de guerra, los transportistas denuncian que las respuestas estatales siguen siendo tardías, fragmentadas y burocráticas.

Mientras el Gobierno anuncia medidas y operativos, los transportistas advierten que la violencia sigue avanzando más rápido que las respuestas oficiales. La jornada de protesta se perfila así como un nuevo punto de tensión social, en un contexto donde la extorsión se ha convertido en uno de los principales desafíos de seguridad del país. Según el SINADEF, en los primeros diez días de enero, más de 55 personas han sido asesinadas. Entre ellos, transportistas y hasta menores de edad.

Por Silvia Bardales

¡Tu apoyo es esencial para que Wayka continúe haciendo periodismo crítico contra la corrupción política y la desinformación de la prensa tradicional!

Nuestra independencia solo es posible porque no recibimos publicidad de empresas, ni financiamiento de políticos ni de ningún gobierno. En cambio, los seguidores como tú son el motor que sostiene nuestro trabajo.

Con tu aporte, defendemos los derechos humanos y la democracia para los peruanos de a pie; enfrentamos a políticos corruptos, empresas abusivas, la violencia contra las mujeres, la depredación ambiental y el racismo.