El terruqueo institucionalizado, esta vez desde la fiscalía de la Nación, es el nuevo embiste del régimen autoritario de Dina Boluarte al que, además, se une ahora formalmente el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga.
Patricia Benavides, fiscal de la Nación, lanzó este lunes dos anuncios más que condescendientes para el régimen de Boluarte que va caracterizándose, no solo por la represión, muerte e impunidad, sino también, por el terruqueo. Un Subsistema contra el Terrorismo y otro de (supuestamente) Derechos Humanos e Interculturalidad para investigar ‘las muertes’ en las protestas. Ojo ‘las muertes’, no los asesinatos a mansalva de las Fuerzas Armadas y Polícía durante el estado de emergencia decretado por este régimen.
La pregunta es: ¿Qué tiene que ver el terrorismo aquí? ¿Cómo están usando la idea del terrorismo y para qué? ¿Acaso las muertes han sido ocasionadas por terroristas? ¿De qué terroristas hablamos? ¿Las Fuerzas Armadas del Estado y Policía que han asesinado a mansalva a quienes protestan contra el régimen de Boluarte y contra el Congreso?
El discurso acusador de terrorismo o que trata de vincular al terrorismo con las protestas sociales, ha provenido desde el régimen de Boluarte a partir del día 1 de su asunción de mando, usando a sus ministros y ahora a la cuestionada representante del Ministerio Público para ese ataque contra la población civil.
Qué peligroso es el discurso del terruqueo. Qué peligroso resulta que este discurso tenga ya una institucionalidad estatal que lo avale y medios de comunicación que lo legitimen. Y qué peligro, es que sea usada por una derecha militarizada y violenta que opera desde Lima concentrado más el poder y cooptando el Estado.
¿Con qué acusaciones y bajo qué códigos se va a acusar y detener personas u organizaciones sociales supuestamente vinculadas al terrorismo del que hablan Boluarte y sus aliados políticos?
Y ya que hablamos de aliados políticos, el mismo día en que la fiscal hace este anuncio que solo visualiza un terruqueo institucionalizado, el flamante alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, propone a la fiscal de la Nación entregarle la Medalla de Lima, por su labor “contra la corrupción” (sí, a la misma que retiró a la fiscal que investigaba a su hermana acusada de cobrar sobornos para liberar a presos imputados por narcotráfico). ¿Coincidencias?
No es acaso una nueva afrenta, una clara estrategia para darle más poder real y simbólico a una fiscal seriamente cuestionada. Recordemos antaño lo que el fujimontesinismo hizo al Ministerio Público con Blanca Nélida Colán. No es acaso seguir tumbándose, o quizá mejor decir, apropiándose y adaptando la institucionalidad ‘democrática’ a sus intereses, como también hoy lo hace el Congreso presentando un proyecto de ley para tumbarse a las actuales autoridades de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y al Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
El regreso a los 90 ya no parece ser solo una frase. Es una realidad. Y también es posible que lo que enfrentamos hoy sea la continuidad de un régimen que nunca fue vencido. Neofujimontesismo recargado.
