La patria no se vende: soberanía, movilización y la trampa detrás de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada

Por Naira Carcelén

Lo que parecía un trámite parlamentario más en el Congreso argentino terminó destapando una alerta social profunda y forzando un primer retroceso del gobierno. Entre la pasión mundialista, la memoria por las Malvinas y la entrega de recursos naturales, la protesta popular vuelve a poner un freno a Javier Milei en vísperas de la gran marcha del 6 de agosto.

El trasfondo de una ley hecha para la entrega de la tierra

La llamada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada no llegó de sorpresa ni representa un trámite técnico de derecho civil. A solo un día de la sesión clave en el Senado, fijada para este 6 de agosto, la presión social obligó al gobierno de Javier Milei a realizar un recálculo de último momento: la eliminación del polémico Capítulo 3, que buscaba derogar de forma explícita los límites a la extranjerización del suelo de la Ley de Tierras Rurales (Ley 26.737). Este retroceso evidencia la fuerza del rechazo popular, que ya tenía un antecedente claro cuando el DNU 70/2023 fue frenado en los tribunales tras una acción de amparo presentada por el Centro de Excombatientes de Malvinas de La Plata (CECIM) (Página/12, 2024), demostrando desde el inicio que la defensa del territorio está unida a la soberanía nacional. Tras ese freno judicial, el oficialismo reempaquetó la medida y la volvió a mandar al Congreso de la mano de los gobernadores en el marco del Pacto de Mayo.

Sin embargo, la retirada del oficialismo es parcial y la trampa sigue viva. Pese a la caída del Capítulo 3, el proyecto mantiene cláusulas alarmantes: la modificación de la Ley de Manejo del Fuego para acortar los plazos de protección sobre zonas incendiadas y abrir paso a la especulación inmobiliaria y extractiva, la habilitación de desalojos exprés contra comunidades y campesinos, y la restricción severa de las expropiaciones por «utilidad pública». Todo esto se da en un escenario de creciente tensión social marcado por la aprobación de la reforma laboral y los cambios a la Ley de Glaciares, a lo que se suma el ahogamiento presupuestario de la salud y la educación pública: el vaciamiento del Hospital Garrahan y la asfixia a las universidades nacionales son las dos caras de la misma moneda de un Estado que se retira de la garantía de derechos básicos para dedicarse casi exclusivamente a ser garante de la «seguridad jurídica» del capital transnacional.

De la vanguardia a las calles: cuando el fútbol encendió la mecha

Según indican las organizaciones sociales, hasta hace unas semanas la resistencia a esta ley era impulsada por sectores militantes y colectivos socioambientales específicos. Pero la postergación del debate el pasado 16 de julio abrió una ventana donde el enojo con el ajuste se cruzó con un fenómeno masivo. Lo que empezó como un partido de fútbol contra Inglaterra en el Mundial 2026 terminó convirtiéndose en una consigna en las calles: cuando los jugadores levantaron la pancarta «Las Malvinas son argentinas», la pasión deportiva se transformó en un motor de protesta política que obligó al gobierno a recalcular a horas del debate.

A diferencia de las visiones reduccionistas que insisten en despolitizar el deporte, la práctica demuestra que el fútbol opera en Argentina como un catalizador de soft power popular: una herramienta capaz de movilizar subjetividades, reactivar la memoria colectiva y alterar la agenda política institucional. El partido entre Argentina e Inglaterra en el Mundial 2026 y la posterior exhibición de la pancarta «Las Malvinas son argentinas» por parte de la selección no representaron un solo acto de celebración, sino la activación de lo que Eric Hobsbawm (1990) define como la encarnación tangible de la «comunidad imaginada». La selección, al utilizar su plataforma de máxima audiencia, ejercida como un escenario de afirmación nacional, conectó de forma directa el sentimiento popular con el discurso antiimperialista. En este sentido, la dimensión geopolítica del fútbol suele vincularse con la representación identitaria, donde diversas comunidades y naciones reclaman y utilizan las disputas internacionales como una vía para visibilizar su existencia y expresar posicionamientos soberanos no reconocidos o amenazados (Bosschart, 2025).

Como señala la diputada electa Celeste Fierro (MST – FIT-U), la marcha del 6 de agosto se volvió masiva gracias a este impulso soberanista que encendió las alarmas sociales y obligó al gobierno a pausar la ley. En términos de sociología del deporte (Alabarces, 2002), el fútbol no «distrae», sino que organiza la narrativa de la patria y, en este caso, convirtió el grito de gol en un combustible de lucha popular. Pero las organizaciones son claras: no alcanza con la caída de un capítulo; la batalla en las calles es para hacer caer la ley entera.

«El latifundio es un gran problema; la concentración de tierra es concentración de poder y por eso se termina generando el condicionamiento de acceso a alimento y vivienda de la población».

La trampa de los acuerdos y la mirada desde el Perú

Esta ley no es una discusión abstracta: es una pieza clave para regalar el mapa del país. Como advierte Jessica Gentile, coordinadora de la Red Ecosocialista, más que una ley sobre propietarios individuales, el proyecto representa un esquema diseñado para facilitar la transferencia y explotación de recursos como el agua, suelo, minerales y matrices energéticas, en favor del capital concentrado transnacional. En palabras de la dirigente, «el latifundio es un gran problema; la concentración de tierra es concentración de poder y por eso se termina generando el condicionamiento de acceso a alimento y vivienda de la población».

Esta flexibilización interna responde directamente al alineamiento de Milei con Estados Unidos y al Acuerdo de Comercio e Inversiones firmado en febrero de 2026 (El País, 2026; Bruchou & Funes de Rioja, 2026). Dicho tratado bilateral, caracterizado por su marcada asimetría regulatoria, impone reglas que benefician mucho más a las empresas estadounidenses que a la república argentina, asegurándoles el acceso prioritario al litio y al agua dulce (El País, 2026). Para cumplir con esas exigencias externas, el gobierno necesita debilitar las normativas de protección territorial (Bruchou & Funes de Rioja, 2026), usando el discurso de la «propiedad privada» para privatizar bienes que son de todos.

Esta receta la conocemos de cerca en Perú, pues el intento de desmantelar la protección ambiental en nombre de las inversiones extranjeras responde a un mismo patrón regional. Un claro ejemplo es el reciente pedido de delegación de facultades del gobierno de Keiko Fujimori, cuyo borrador plantea modificar normativas sobre minería, hidrocarburos, recursos hídricos y Áreas Naturales Protegidas mediante decretos legislativos para acelerar proyectos extractivos. Bajo el argumento de “armonizar” la protección ambiental con el desarrollo, se busca aplicar el silencio administrativo positivo, reducir requisitos y obviar instancias de consulta previa. Como advierten desde la Red Muqui (2026), no se trata de ajustes técnicos sino de un desmantelamiento del Estado que traslada los costos socioambientales a los territorios, debilitando la institucionalidad pública y dejando a las comunidades en riesgo de perder el acceso al agua y a tierras fértiles en favor del capital extractivista.

El laboratorio regional y la urgencia del Buen Vivir

Lo que se juega en las calles y en los despachos parlamentarios de la Argentina no es un debate aislado; es el espejo en el que se mira el futuro inmediato de América Latina. La ofensiva por desarticular la protección de la tierra y los bienes comunes evidencia el retorno triunfante de un paradigma de «desarrollo» reducido a la acumulación económica y la atracción de divisas a cualquier costo. Como analiza Eduardo Gudynas (2011), este modelo subordina la sostenibilidad ambiental y los derechos sociales a las dinámicas del extractivismo transnacional, reduciendo el territorio a un simple repositorio de recursos exportables. Frente a esta lógica mercantil, emerge la urgencia política y social de disputar el sentido mismo del desarrollo, recuperando horizontes como el Buen Vivir (Sumak Kawsay), donde la soberanía hídrica, alimentaria y comunitaria prima sobre la ganancia corporativa.

En este tablero, Argentina se convierte una vez más en el laboratorio y centro del debate regional. Las políticas regresivas del gobierno de Javier Milei no solo impactan fronteras adentro, sino que funcionan como un ensayo general para la oleada de ultraderechas que busca replicar en América Latina la entrega territorial y el desmantelamiento de los Estados sociales. Por eso, la victoria parcial de haber forzado la retirada del Capítulo 3 demuestra que la movilización popular sirve y hace retroceder al poder, pero la convocatoria a la marcha de este 6 de agosto excede un reclamo coyuntural: es un acto de legítima defensa soberana para tirar abajo todo el proyecto y demostrar que la calle sigue siendo la principal trinchera para frenar el saqueo. Lo que está en disputa ya no es solo un articulado, sino quién decide sobre la tierra en América Latina.

Bibliografía

Alabarces, P. (2002). Fútbol y patria: El fútbol y las narrativas de la nación en la Argentina. Prometeo Libros.
Bosschart, A. (2025). Sporting Sovereignty: Football, Identity, and Geopolitical Mobilization in the 21st Century. Academic Press.
Bruchou & Funes de Rioja. (2026, febrero). Análisis legal e implicancias regulatorias del Acuerdo Recíproco de Comercio e Inversiones Argentina-EE. UU. Informe técnico normativo.
El País. (2026, 15 de febrero). Argentina y Estados Unidos firman un acuerdo comercial con reducción de aranceles y nuevas exigencias de desregulación. El País.
Gudynas, E. (2011). Buen Vivir: Germinando alternativas al desarrollo. América Latina en Movimiento, 462, 1-20.
Hobsbawm, E. (1990). Naciones y nacionalismo desde 1780. Crítica.
Página/12. (2024, 29 de enero). La Justicia suspendió la derogación de la Ley de Tierras incluida en el DNU de Javier Milei. Página/12.
Red Muqui. (2026). Alerta sobre el paquete de desregulación ambiental y delegación de facultades en el Perú. Red Muqui – Propuestas y Acción.

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