Vizcarra debe buscar la fórmula para salir del estancamiento y retroceso en el campo social que nos legó PPK 

De un tiempo a esta parte, a nadie parece importar demasiado la pobreza en el Perú. La agenda del presidente Martín Vizcarra se ha centrado en su lucha contra la corrupción (lo cual no está mal), pero poco importa, o no es la prioridad, si hay más pobres que antes o qué se está haciendo para acabar con la desigualdad en el país. 

Incluso en los gobiernos de García y Humala se redujo progresivamente la pobreza así como la desnutrición y la anemia infantil. Con esos antecedentes, se entiende que podríamos haber progresado mucho más. Pero la verdad es que durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski nos estancamos o incluso empeoremos en materia social. Y pocos lo dicen abiertamente. 

Para resumirla, PPK prometió demasiadas cosas (pueden revisar su plan de gobierno aquí) que ilusamente creyó podía cumplir o se fue de boca. Para el 2021 propuso reducir a 10% la pobreza y eliminar a la pobreza extrema; acabar con la desnutrición y la anemia infantil; y asegurar el acceso a agua y desagüe al 100% de la población. 

Pero al pasar del papel a la acción, pareciera que su equipo técnico se esforzó en lograr lo contrario de lo previsto. Tras 16 años de reducción de la incidencia de la pobreza monetaria en Perú, en el 2017 ese indicador subió a 21%, según INEI. Eso significó que 400 mil personas cayeron en pobreza dicho año y un total de 7 millones de peruanos no logró recaudar el dinero suficiente para cubrir su canasta básica.  

En su momento se dijo que el aumento de la pobreza se debió a “la desaceleración económica y a la caída de la inversión minera”. Pero seamos francos. El retroceso en la pobreza también fue producto de la inestabilidad política durante el llamado “gobierno de lujo”. ¡En el año y medio que PPK estuvo en el poder, hubo 3 ministros de Salud, 3 ministros de Educación y 3 ministros en el MIDIS! Si dejamos de lado que algunos de esos ministros tampoco eran los más idóneos y competentes para ocupar esos cargos, lo cierto es cada uno vino con sus propia agenda y, ante tantos vaivenes en sectores clave, el Estado no logró paliar los efectos de la desaceleración económica con políticas sociales efectivas.

El desempeño en educación también ha sido mediocre desde el 2016. PPK prometió que para el año 2021 el Perú se ubicaría en el puesto 40 de la prueba PISA, pero la realidad es que seguimos bastante atrasados en ese objetivo. De acuerdo con PISA, en el 2015, Perú figuró en el puesto 64 de un total de 70 países evaluadosy continuamos ocupando los últimos lugares en las distintas categorías de medición. 

En el plan de gobierno de PPK además se dijo que el programa Escuela Bonita iba a mejorar la infraestructura del 80% de las escuelas urbanas y rurales en todo el territorio nacional. Un momento: ¿para cuándo se anuncia el programa Escuela Bonita? Por lo visto, la debilidad de Kuczynski hizo que sacrificara al ex ministro Jaime Saavedra -por presión de Fuerza Popular- mellando la continuidad de reformas educativas necesarias y dejando al sector en medio de huelgas y un estado de caos.  

¿Y qué pasó con los niños? Según el INEI, el porcentaje de menores de 3 años con anemia subió de 43% en el 2017 a 46% en el primer semestre del 2018. Allí estamos hablando de unos 800 mil niños en el Perú cuyas capacidades cognitivas y físicas peligran por la anemia, y si el Estado no hace nada para contrarrestar este problema, a futuro serán incapaces de alcanzar su pleno potencial.   

Para el 2021 se supone que íbamos a alcanzar coberturas universales en los servicios de agua potable y saneamiento. Bueno pues, para enero del 2018, apenas el 16% de la población rural accedía al sistema de alcantarillado vía la red pública.  

Por donde se le mire, el gobierno de PPK fue una decepción. No hay una fórmula única, pero en el poco tiempo que le queda al mando del país, Vizcarra debe priorizar la inversión en las personas con o sin crecimiento económico. Y no se trata de poner más plata sin saber adónde van las balas. El gasto debe focalizarse en programas sociales que permitan un avance sostenido en el acceso universal en salud, educación y todos aquellos servicios públicos que constituyen un derecho fundamental para los peruanos sin excepción.