El mes anterior el Congreso de la República derogó la primera disposición del decreto que luchaba contra la minería ilegal. Por su parte, el Ministerio de Energía y Minas del régimen de Dina Boluarte, supuesto defensor de la formalidad, solo bajó la cabeza ante esta acción que amenaza la vida y el territorio de pueblos originarios en Perú.
Por Jair Sarmiento
El viernes 19 de abril asesinaron a Victorio Dariquebe Gerewa, defensor ambiental y guardaparque de la Reserva Comunal Amarakaeri, de la comunidad de Queros (Cusco), en el pueblo Harakbut, una zona que desde el 2008 viene siendo rodeada de actividades extractivas ilegales que hasta ha dado el nombre de ‘La segunda Pampa’, haciendo alusión a una zona en Madre de Dios en donde confluye la minería ilegal, trata de personas, explotación sexual, tortura y sicariato.
Según un comunicado del Ejecutivo, el crimen ocurrió cuando el guardaparque se dirigía desde su localidad hacia el centro poblado Pillcopata, durante su día de descanso.
A raíz de este crimen, el Ministerio de Justicia recién ha activado el mecanismo intersectorial para la protección de personas defensoras de derechos humanos, aunque esta medida ha sido muy criticada por líderes y lideresas indígenas ya que señalan que esta herramienta no protege su vida e integridad.
Extractivismo ilegal en la Reserva Comunal Amarakaeri
En tal sentido, es necesario recordar que en el 2017, durante una entrevista con Servindi, Walter Quertehuari, del pueblo Harakbut, de la comunidad nativa de Queros Wachiperi (Cusco),y presidente del organismo Ejecutor del Contrato de Administración (ECA) para dicha reserva denunció el avance de la minería ilegal en dicha reserva que comprende un área de más de 402 mil hectáreas y que protege las cabeceras de los ríos Madre de Dios y Colorado
“La minería que avanza cada vez más por el lado de Camanti Quincemil. La zona de Camanti puede ser una segunda Pampa”, dijo Quertehuari a Servindi hace siete años.
Según un informe de Mongabay Latam, se cree que hubo un rebrote de la minería ilegal en los sectores que colindan con la Reserva Comunal Amarakaeri a consecuencia directa del Operativo Mercurio 2019 en La Pampa, ubicada en la región de Madre de Dios.
«Que la represión en un punto generó el desplazamiento de hombres y maquinarias hacia Camanti. Lo llaman ‘Efecto globo’: cuando las fuerzas del orden reprimen a la minería ilegal en un lugar, esta se traslada a otro. En este caso, a los bordes de la reserva Amarakaeri», apunta dicha investigación.
Asimismo, existe un informe presentado por el Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP) donde da cuenta de cómo la deforestación causada por la minería aurífera ha logrado ingresar a la reserva comunal Amarakaeri en los años 2014 y 2015.
En el 2017, el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Tambopata interpuso a dos mineros ilegales que se establecieron en la Zona de Amortiguamiento de la Reserva Comunal Amarakaeri, Tambopata, en Madre de Dios, a quienes se condenó a ocho años de pena privativa de libertad efectiva por el delito de contaminación por minería ilegal.
La congresista Ruth Luque recordó las palabras del jefe de la Reserva Comunal Amarakaeri Asvín Flórez, cuando dijo que la minería, tala ilegal, la construcción de vías sin tomar en cuenta la opinión de los pueblos indígenas, la agricultura desmedida, invasiones y narcotráfico estaban presentes en el territorio harakbut wachiperi.
La parlamentaria también criticó que desde el Congreso y el Ejecutivo no se han impulsado medidas para enfrentar actividades ilícitas como la minería ilegal.
«Al contrario han dado leyes antiforestales, ampliaciones sin control como el REINFO, carreteras que se anuncian sin mayor conocimiento de los efectos o sin planificación y peor aún NO se hace nada para preservar la vida de los pueblos indígenas, quienes enfrentan contaminación y hoy una escala desmedida de economía ilegales criminales en aumento», mencionó.
Es necesario recordar que el 13 de marzo de este año, el pleno del Congreso aprobó un proyecto de ley que derogó la primera disposición complementaria final del Decreto Legislativo 1607, lo que hoy favorece a la minería ilegal.
