Por Martín López, corresponsal de Lambayeque

En la semana en que se conmemora el Día del Campesino, representantes de la histórica  comunidad campesina Muchik Santa Catalina de Chongoyape realizaron un plantón en la Plazuela ‘Elías Aguirre’ de Chiclayo, en rechazo a la medida cautelar presentada por el procurador del Ministerio del Ambiente (Minam) Julio César Guzmán, que demanda la destrucción de infraestructura ecoturística y agrícola, la misma que ha sido aceptada por el IX Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente Especializado en Delitos Ambientales de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. 

La medida ordena que Juan de Dios Carrasco, Hermenegildo Torres, Porfirio Torres, Segundo Culqui, Américo Laboriano y Diositeo Tafur, todos comuneros, dirigentes y reconocidos defensores de la Reserva Ecológica de Chaparrí, ‘procedan a suspender todo tipo de actividades vinculadas a servicios turísticos, que retiren y desmantelen las diversas edificaciones como bungalows y la infraestructura construida’ de la iniciativa ecosostenible comunal ‘Racarrumi’.

Increíblemente, la medida también ordena destruir el canal de agua conocido como ‘Majín’, ubicado en el centro poblado de ‘El Mirador’, afectando irreparablemente la actividad agrícola de más de 300 familias de comuneros que viven en la zona, cuya principal actividad económica es la agricultura y la ganadería. 

Cabe señalar que, en el 2018, ‘Racarrumi’ fue construida gracias a que los comuneros ganaron un concurso organizado por el Programa Turismo Emprende promovido por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Con este incentivo, la comunidad apostó por promover el turismo sostenible y la conservación de esta zona colindante a la Área de conservación privada Chaparrí

Los dirigentes advierten, que la medida se realiza previa a un juicio en contra del comunero Juan Carrasco, promotor principal de la iniciativa ‘Racarrumi’, quien habría sido denunciado por mafias de traficantes de terrenos, quienes están buscando todas las estrategias para que las iniciativas comunales no prosperen. 

Cuidadanos de ‘El Mirador’ en protesta. Fotografía: Martín López

¨En el 2017 fue el año más difícil para nuestra comunidad, porque la junta directiva fue capturada por Marco Antonio Díaz Castillo, y otros falsos comuneros, quienes en realidad eran invasores o traficantes de tierras, y que en la actualidad se encuentran prófugos de la justicia. Fueron ellos quienes me denunciaron supuestamente por delitos de caza y tala ilegal” señala para Wayka, Juan Carrasco, reconocido defensor de Chaparrí. 

‘Racarrumi’ fue construida gracias a que los comuneros ganaron un concurso organizado por el Programa Turismo Emprende promovido por el MINCETUR. Fotografía: Martín López

Respaldo de la Comisión de Pueblos

El tráfico de terrenos en la Reserva Ecológica de Chaparrí, es un tema que se viene arrastrando por muchos años. Es así que en enero del 2018, la mafia de traficantes asesinó a uno de los dirigentes comunales. Desde entonces, la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República ha convocado de manera permanente a los comuneros; incluso la gestión actual, del congresista Lenin Bazán, ha emitido un pronunciamiento títulado ‘Chaparrí nuevamente en peligro, esta vez la agresión viene del propio Estado’. a través de sus redes sociales.

En dicho documento, la Comisión señala su  ‘extrañeza’ por la medida cautelar y exhorta al MINAM a ‘que desista en sus propósitos que debilitan el trabajo de reconocidos defensores del bosque Chaparri’. 

Finalmente, la defensa legal de la comunidad, asumida por Norbel Mondragón, presidente de la Comisión de Solidaridad Desarrollo y Justicia (COSDEJ), organización que articula a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) presentó ayer un recurso de oposición en contra de esta medida cautelar.