Más de 20 dirigentes sindicales han sido asesinados en los últimos años, mientras las organizaciones criminales buscan controlar más obras de construcción para exigir cupos a las empresas y los trabajadores. Hoy la Federación de Trabajadores de Construcción Civil marchan para exigir justicia.

La Federación de Trabajadores de Construcción Civil (FTCCP) ha reportado que en los últimos años se asesinaron a 25 dirigentes sindicales. Los últimos de esta lista fueron los dirigentes Arturo Cárdenas Fernández y Américo Gonzales Palomino, quienes han sido acribillados por las mafias que existen en el sector de construcción civil.

El gremio sindical ha denunciado que estas mafias de crimen organizado se infiltran en el rubro a través de falsos sindicatos que se inscriben dentro del Ministerio de Trabajo y de las direcciones regionales de trabajo, con el fin de controlar más obras de construcción y exigir cupos a las empresas y a los trabajadores.

“Mientras el Ministerio de Trabajo no asuma una posición clara sobre este escenario estos grupos delincuenciales que fungen de sindicatos van a seguir mintiendo a la comunidad y a las empresas sobre una supuesta representación que no tienen y esto hay que zanjar y hay irresponsabilidad política del ministro Daniel Maurate”, apuntó César Soberón, secretario de Prensa y Comunicaciones de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP).

Estas muertes de dirigentes sociales y sindicales que luchan por el respeto de los derechos laborales traen de vuelta el pasado oscuro en el movimiento sindical durante la dictadura de Alberto Fujimori, en donde se atentó contra la vida de tres miembros de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP): Pedro Huilca Tecse, Juan Andahua y Pedro Orellana Uribe.

El 18 de diciembre de 1992, el entonces secretario general de la Central General de Trabajadores del Perú (CGTP), Pedro Huilca Tecse, fue asesinado en la puerta de su hogar por varios individuos con armas de fuego de corto y largo alcance. En el proceso seguido ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado peruano se allanó al aceptar su responsabilidad internacional.

Según el testimonio de Martha Flores Gutiérrez, viuda de Pedro Huilca, uno de estos sujetos era Santiago Martín Rivas, líder del grupo Colina, un escuadrón de la muerte de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, quienes cometieron diversos delitos de lesa humanidad.

Otro es el caso de Juan Andahua Vergara, secretario de la CGTP que fue hallado en una morgue de Lima con signos de tortura y estrangulamiento. También fue el caso de Pedro Orellana Uribe, secretario general de docentes de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica. Ambos asesinados en 1992.