Redacción Wayka
Esta semana se debate la aprobación del predictamen de la nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos (N° 26221), que se encuentra en la Comisión de Energía y Minas del Congreso, presidida por el legislador de Acción Popular, Miguel Román Valdivia. Sin embargo, dicha norma propuesta por el Ejecutivo en el 2017, sería inconstitucional, según la Defensoría del Pueblo.
Hace tres semanas este proyecto fue revisado por el grupo de trabajo en mayoría para la revisión y seguimiento a la normatividad del sub sector hidrocarburos, que dirige el fujimorista Juan Carlos Del Águila. Dicho grupo presentó un informe final ante la comisión, donde se proponen recomendaciones para su aprobación.
Este informe en mayoría recibió diversos cuestionamientos de parte de organizaciones sociales e indígenas, así como de colectivos ciudadanos que consideran peligrosa la norma porque atenta contra los derechos de los pueblos, y se pondría en riesgo el ecosistema y territorios donde se llevarán a cabo actividades hidrocarburíferas.
Al respeto, el congresista Manuel Dammert también presentó un informe en minoría sobre la norma, cuestionando la propuesta del grupo en mayoría ya que “no ha tomado en cuenta las opiniones de los trabajadores de Petroperú, de la empresa PetroPerú, las propuestas y opiniones del Colegio de Ingenieros del Perú, especialistas, de las organizaciones de los pueblos indígenas y amazónicos (…)” como lo señala en su informe. Además, Dammert es uno de los críticos más duros de esta ley, calificándola como “privatista” y que apunta a beneficiar al “lobby petrolero”.
¿Qué riesgos trae esta nueva ley?
- Alarga la vida total de un proyecto petrolero hasta en ochenta años.
- Le da licencia a las empresas extractivas para deforestar la Amazonía.
- Otorga la posibilidad a las empresas extractivas de utilizar a la PNP y a las FFAA como seguridad de sus representantes e instalaciones.
- Facilita la explotación de yacimientos no convencionales como la técnica de Fracking, considerada como perjudicial para el medioambiente y por esta razón prohibida en algunos países.
- Las empresas extractivas ya no pagarán gastos por canon y sobre canon, porque estos serían cubiertos con fondos públicos, generando que las regiones reciban menos ingresos.
El predictamen será debatido el día miércoles 12 de junio en la Comisión de Energía y Minas.
