Liberan a menor de 14 años y a otro ciudadano tras detención en marcha contra Boluarte y el Congreso
En medio de la escalada de protestas en rechazo al régimen de Dina Boluarte y el Congreso, la Policía liberó hoy a dos personas detenidas durante manifestaciones recientes: un menor de 14 años y un ciudadano identificado como José Antonio, oriundo de Tumbes.
Según los colectivos de derechos humanos y testigos en el lugar, ambos habrían sido arrestados durante las recientes marchas de la “Generación Z” convocadas para exigir la renuncia de Boluarte, la derogación de la Ley pro AFP, medidas para la seguridad ciudadana y otras demandas políticas.
La liberación se produjo luego de que organizaciones civiles, abogados y familiares intervinieran, denunciando irregularidades en el proceso de detención y solicitando que se garantice el respeto al debido proceso.
Contexto de la protesta y represión
Desde finales de septiembre de 2025, Lima ha sido escenario de múltiples movilizaciones lideradas por jóvenes, estudiantes, colectivos y gremios sociales. Las consignas incluyen “Dina asesina”, “Vacancia ya” y “Todos fuera”, así como exigencias por una nueva Constitución y justicia para las víctimas de la represión en protestas anteriores.
Durante estas marchas se ha registrado la brutal represión por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP), uso de bombas lacrimógenas, perdigones y detenciones arbitrarias, según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).
En particular, se denunció que cerca del Puente Acho fue detenido un ciudadano a bordo de un bus, trasladado en un vehículo no identificado, y llevado a una comisaría de San Juan de Lurigancho. En ese mismo contexto, se informó la detención de un adolescente de 14 años durante manifestaciones en el Rímac.
Organismos como la Defensoría del Pueblo y la CNDDHH han confirmado que en comisarías como la de Puente Piedra ya se han liberado personas detenidas arbitrariamente durante protestas: por ejemplo, el 3 de octubre se informó que dos de las 17 personas arrestadas durante un paro de transportistas fueron puestas en libertad tras más de 12 horas de reclusión.
Tras conocerse la liberación, familiares, colectivos juveniles y organizaciones de derechos humanos han hecho un llamado a que no se judicialice la protesta y que haya garantías para manifestarse sin temor a represalias.
Asimismo, quienes protestan advierten que estas acciones no son suficientes mientras sigan las detenciones arbitrarias, el hostigamiento policial y la criminalización de la protesta. Esperan que las autoridades respondan con reformas institucionales: control de uso de la fuerza, formación en DD.HH. para la policía, investigación independiente de abusos y una verdadera apertura al diálogo político.
Por: Silvia Bardales Q.
