Redacción Wayka

Más de 300 ciudadanas de Lima Metropolitana han elaborado la ‘Agenda Política de las Mujeres por la Ciudad de Lima: Defendiendo nuestro derecho a la ciudad que queremos’ que contiene un pliego de demandas y recomendaciones sobre cómo construir una ciudad libre de violencia, inclusiva, segura y que busca “impulsar la igualdad de oportunidades de las mujeres y hombres en la ciudad de Lima”.

“El derecho a la ciudad es el derecho de todos los habitantes, presentes y futuros, permanentes y temporales a habitar, usar, ocupar, producir, gobernar y disfrutar de ciudades, pueblos y asentamientos humanos justos, inclusivos, seguros y sostenibles, definidos como bienes comunes esenciales para una vida plena y decente”, enfatiza el documento impulsado con apoyo del Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (Desco).

Las propuestas elaboradas por las organizaciones de mujeres están divididas en seis lineamientos que comprenden los ejes de: 1) seguridad ciudadana y violencia contra la mujer; 2) educación, cultura y discriminación étnica/racial; 3) salud; 4) participación política/ciudadana; 5) trabajo y 6) desarrollo urbano/ambiente.

Sobre el primer eje, la principal propuesta plantea que la Policía Nacional del Perú, el serenazgo, las fiscalías y otros actores involucrados en seguridad ciudadana, articulen un trabajo conjunto con las comunidades urbanas “con el fin de apoyar el patrullaje de escuadrones ciudadanos durante los fines de semana”. Además, demanda que se cumplan con las ordenanzas contra el acoso sexual callejero y que se implementen en todos los distritos de Lima.

Parte de las lideresas barriales creadoras de la agenda política de las mujeres por el derecho a la ciudad. Foto: Desco

Respecto al segundo eje, entre las propuestas elaboradas destaca la de aprovechar la modalidad de clases virtuales para incluir a las personas que no han podido continuar con la educación básica escolar o que, en modalidad presencial, no podrían asistir. Sin embargo, enfatizan que para lograr esto es necesario garantizar el acceso a la conectividad digital de todas las personas, incluyendo a quienes viven en zonas más vulnerables.

En el eje de salud se demanda que el Ministerio de Salud otorgue presupuesto a las áreas de salud mental y que estos servicios se brinden con enfoque de género para atender de manera integral a las mujeres y, sobre todo, a quienes son sobrevivientes de violencia. También exigen que se hagan entregas efectivas de los kit de emergencia para víctimas de violencia sexual y se supervise la aplicación del aborto terapéutico.

Además, para fomentar la participación política de las mujeres y su seguridad en las organizaciones políticas y gubernamentales, proponen instalar la Mesa de Organizaciones Sociales de Mujeres a nivel nacional y a nivel ciudad para desarrollar propuestas de políticas públicas construidas desde la experiencia territorial de cada lideresa y que sean presentadas al Gobierno central.

Sobre el sector trabajo, proponen que las municipalidades distritales desarrollen espacios de capacitación sobre emprendimiento productivo, educativo y tecnológico dirigido a mujeres de todas las edades, pero enfocado principalmente en madres jóvenes y adultas mayores. De la misma forma, plantean crear un “espacio de diálogo multiactor, integrado por trabajadoras del sector formal y no formal, organizaciones y autoridades para encontrar soluciones que mejoren sus calidades de vida.

Por último, sobre el desarrollo urbano sostenible, exigen que se construyan junto con las comunidades urbanas planes territoriales que prioricen las áreas públicas, áreas verdes y la construcción de viviendas seguras que no expongan la integridad de las familias. Así como realizar estudios sobre cómo la tugurización y las condiciones de hacinamiento afectan la vida y salud de las personas que viven en esos espacios.