Lo que el Gobierno prefirió callar: las ausencias y propuestas sin planeamiento que amenazan derechos
Por Naira Carcelén
En su reciente discurso ante la Cámara de Diputados, el premier Luis Galarreta repitió palabras como «libertad», «seguridad» y «orden» para presentar el plan del gobierno fujimorista. Pero vale la pena preguntarnos: ¿libertad para quiénes y en qué condiciones? Cuando miramos de cerca la propuesta, queda claro que las libertades y la tranquilidad están pensadas para proteger a un pequeño grupo con poder económico, mientras que para la mayoría de peruanos el panorama es distinto. En un país donde la protesta social suele responder al cansancio por la falta de atención del Estado, la «libertad» anunciada parece ser, en realidad, el permiso libre que se les da a las fuerzas del orden para amedrentar, perseguir y violentar a la población con el respaldo de las leyes impuestas por el propio fujimorismo. ¿A quiénes busca “cuidar” realmente este Gobierno?
Esta forma de entender el control y la mano dura no es sorpresa. En el primer eje del discurso, dedicado a la seguridad, el Gobierno propone devolverle facultades operativas al Sistema de Inteligencia Nacional (SIN), eliminar la terminación anticipada para ciertos delitos e introducir a las Fuerzas Armadas en el control penitenciario. Estas medidas, sumadas al impulso de normas como la Ley Rospigliosi, traen de vuelta el recuerdo de los años 90: una época donde el pretexto de la seguridad sirvió para montar un aparato de espionaje, persecución y violación de derechos humanos que debilitó la democracia y dejó a la ciudadanía indefensa frente al propio Estado.
Salud mental y derechos reproductivos: las vidas que el discurso no quiso ver
Donde más se notan las intenciones de un gobierno es en lo que prefiere no nombrar. En el tercer eje, orientado en el papel al «desarrollo de las personas», el discurso dejó fuera crisis de salud gravísimas que afectan a millones de familias, con un impacto que golpea de forma desproporcionada a las mujeres.
En salud mental, los datos son contundentes: según el Ministerio de Salud (MINSA, 2025), los Centros de Salud Mental Comunitarios atendieron a más de 1.3 millones de personas en 2024. Pero ese número solo muestra a quienes lograron llegar a un centro de atención. El Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado-Hideyo Noguchi estima que 8 de cada 10 personas con algún problema de salud mental no reciben ningún tratamiento. En un país de 33 millones de habitantes, esto significa que millones de peruanos viven con depresión, ansiedad, estrés postraumático o adicciones sin recibir ayuda profesional. Además, la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2024) ubica al Perú entre los países de la región con mayor presencia de ansiedad y depresión, donde el 52.5% de personas que reconocen tener un problema de salud mental simplemente no busca ayuda por falta de medios o de servicios cercanos.
La omisión es igual de grave en salud sexual y reproductiva. Tan solo en los dos primeros meses de 2026, 87 niñas y adolescentes de hasta 14 años se convirtieron en madres en el Perú, según el registro del Certificado de Nacido Vivo del MINSA. Son cifras que van en aumento y que reflejan la violencia sexual cotidiana que viven las infancias. A esto se suma la crisis humanitaria y de violencia sexual que sufren las mujeres y niñas en la Amazonía, como han denunciado organizaciones indígenas como el Consejo de Mujeres Awajún Wampis Umukai Yawi (COMUAWUY). Pese a ser un problema público y urgente, el Ejecutivo prefirió no decir ni una sola palabra sobre la salud sexual y reproductiva ni sobre la protección de las mujeres e infancias en su agenda social.
Educación sin enfoque de género: un riesgo para la infancia y la diversidad sexual
Las intenciones del Gobierno en el sector educación también dejan al descubierto un claro retroceso en derechos. Galarreta anunció que durante el 2026 se evaluará el Currículo Nacional de la Educación Básica Regular (EBR) y que en 2027 se entregarán nuevos materiales y kits escolares. Este anuncio de cambio curricular no llega en el vacío pues el precedente más peligroso es la Ley N.° 32535, impulsada por la bancada oficialista, que borró el enfoque de género de las leyes y políticas públicas del país.
A su vez, el Ministerio de Educación (Minedu) hizo oficial este retroceso con la Resolución Viceministerial N.º 085-2026, que reemplazó la Educación Sexual Integral (ESI) por un modelo limitado a criterios biológicos y científicos. Eliminar la ESI de las aulas no solo le quita a las niñas, niños y adolescentes (NNA) la principal herramienta para identificar y denunciar el abuso sexual a tiempo, sino que incrementa de forma alarmante la vulnerabilidad y la discriminación contra las personas LGBTIQ+ y las diversidades sexuales desde la etapa escolar. Al borrar el género y la diversidad del currículo, el Estado deja desprotegidas a las infancias más vulnerables y expone a la juventud diversa al acoso, la violencia y el desamparo institucional.
Frente a esta amenaza, Rossina Guerrero, directora de Promsex, señala que los ataques a la ESI y al enfoque de género responden a una postura ideológica que desconoce el verdadero valor de esta herramienta, la cual «permite prevenir, visibilizar y, sobre todo, transformar» las violencias. Asimismo, advierte sobre el trasfondo de estos anuncios en un Minedu ya debilitado y enfatiza un punto crucial: las violencias a las que se enfrentan las infancias no están fundadas en la biología, sino en cómo se construyen las relaciones humanas, por lo que pretender reducir la educación a un modelo puramente biológico clausura la posibilidad real de revertir estas situaciones.
En esa misma línea de alarma ante el retroceso educativo, Rocío Gutiérrez, directora del Movimiento Manuela Ramos, remarca el desamparo estatal frente a problemas apremiantes como el embarazo adolescente o la violencia contra NNA:
«No nos sorprende esta omisión porque ha sido la conducta del partido de gobierno en todos estos años. No se trata solo de construir más colegios, sino de trabajar la calidad educativa para que la escuela sea un espacio seguro. Vamos a seguir organizándonos para resistir y demandar la modificación de estas normas fatales. Sin canales de diálogo abiertos, seguiremos haciendo vigilancia ciudadana desde nuestros propios espacios».
El olvido ambiental y las facilidades para la desregulación
El tema medioambiental fue la omisión más grande de toda la exposición. El Gobierno no presentó metas para cuidar el ambiente, pero sí tiene un antecedente claro: el borrador filtrado sobre el pedido de facultades delegadas. En ese documento, el Ejecutivo solicita facilidades para cambiar normas ambientales, recortar los plazos para aprobar estudios de impacto, aplicar el silencio administrativo positivo y limitar las restricciones a empresas en Áreas Naturales Protegidas.
Como reveló un análisis del portal especializado Inforegión, los vacíos del discurso en este tema son profundos:
- Atención a emergencias sin cuidado de la naturaleza: En cambio climático, el Gobierno centró su discurso únicamente en responder a desastres (limpieza de ríos, obras de drenaje y ayuda de emergencia). Sin embargo, no fijó ninguna meta para restaurar ecosistemas, proteger la biodiversidad o frenar la tala de bosques, puntos que sí forman parte de la Política Nacional del Ambiente al 2030.
- Sin metas para la Amazonía, las emisiones ni los pueblos indígenas: El discurso no explicó cómo se van a reducir los gases de efecto invernadero ni de qué manera se cumplirá la tercera Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC 3.0), que compromete al Perú a avanzar hacia cero emisiones netas al 2050. Tampoco se presentaron metas contra la deforestación ni políticas para proteger los bosques amazónicos. Además, los pueblos indígenas fueron ignorados por completo, sin mencionar la consulta previa ni la seguridad sobre sus territorios, a pesar de que las decisiones sobre minería e infraestructura afectan directamente sus vidas y sus comunidades.
Los límites del modelo y la trampa de la «libertad»
Al revisar lo que dijo, pero sobre todo lo que calló el premier ante el Congreso, queda en evidencia la crisis y los límites insostenibles del modelo neoliberal. Y es que incluso todo lo que supuestamente sí están considerando en su proyecto para la delegación de facultades tampoco indica mínimamente el cómo. No hay planes reales ni estrategia clara, y la propuesta se asemeja al calificativo de siempre: «más de lo mismo». En la práctica, la continuidad de este esquema socioeconómico ya no encuentra forma de sostenerse si no es a costa del recorte sistemático de derechos básicos de la ciudadanía: la salud, la educación inclusiva, el bienestar social y la protección de los territorios.
El país se expone ante un sistema agotado que se sostiene bajo la sombra viva de lo que fue la dictadura fujimorista en los años 90, apelando al control, la mano dura y el olvido deliberado de las poblaciones más vulnerables. Frente a un panorama que desmantela las garantías mínimas para la vida digna en favor de los intereses corporativos, el discurso oficial sobre la «libertad» queda despojado de todo sentido. Porque en un país donde se recortan libertades democráticas, donde la salud es un privilegio y donde se desprotege a las infancias y diversidades, cabe hacer la pregunta definitiva: sin derechos, ¿quién es realmente libre?
Bibliografía:
Moreno Polo, G. (17 de marzo de 2026). Salud mental en Perú 2026: cifras, brechas y dónde buscar ayuda. Origen. https://origen.pe/blog/salud-mental-peru-crisis-datos/
Inforegión. (20 de agosto de 2026). ¿Qué lugar ocupa el ambiente en la Política General de Gobierno? Galarreta plantea respuestas frente a El Niño, la minería y la pesca, pero deja vacíos sobre Amazonía, deforestación y reducción de emisiones. https://inforegion.pe/que-lugar-ocupa-el-ambiente-en-la-politica-general-de-gobierno-galarreta-plantea-respuestas-frente-a-el-nino-la-mineria-y-la-pesca-pero-deja-vacios-sobre-amazonia-deforestacion-y-reduccion-d/
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