Por Álvaro Meneses
Intento de impunidad. La defensa legal del general José Valdivia Dueñas y su pelotón acusados por la muerte y desaparición de más de 37 comuneros del distrito de Cayara (Ayacucho) en 1988, intentó sin éxito anular testimonios claves que confirmarían las ejecuciones extrajudiciales y la existencia de fosas clandestinas de los cadáveres de los desaparecidos.
Treinta y dos años atrás, un 14 de mayo de 1988, los militares de la Zona de Seguridad Nacional Central N° 5 de Ayacucho llevó a cabo el Plan Operativo “Persecución”, elaborado por el entonces jefe del Comando Político Militar de esa zona, el general EP José Valdivia Dueñas, con el fin de capturar y eliminar al grupo de terroristas que un día antes emboscaron en una patrulla militar, dejando 4 efectivos muertos, más de 15 heridos y el robo de decenas de armas de guerra.
Uno de los personajes que recabó testimonios e información sobre los hechos fue el exfiscal Carlos Escobar Pineda, quien estuvo a cargo de la investigación del caso Cayara durante la década de los noventa y terminó renunciando tras recibir constantes amenazas de muerte. En su informe de más de 400 páginas y en las declaraciones que ha dado en las audiencias de este juicio, el exfiscal da cuenta no solo de los asesinatos, sino también de torturas, violaciones sexuales, hurto, quema de casas, desapariciones, ocultamiento de cadáveres y la muerte de otros testigos.
Precisamente el testimonio del exfiscal Carlos Escobar es una de las voces que los abogados de los militares acusados intentaron eliminar, a través de un pedido de nulidad presentado ante la Cuarta Sala Penal Transitoria del Poder Judicial. Para Gloria Cano, abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) que patrocina a los familiares de las víctimas de la masacre en Cayara, advierte que el aporte de información del exfiscal Escobar es clave para el juicio.
“Escobar fue el fiscal q estuvo investigando en los noventa los hechos, la matanza, pudo recopilar información importantísima de testigos y familiares de los asesinados y desaparecidos, los hechos en la iglesia, también verificó la existencia de fosas comunes y los cuerpos de algunas de las persona que fueron secuestradas y asesinadas por el Ejército”, enfatiza a Wayka la abogada de Aprodeh, Gloria Cano. El pedido de nulidad fue finalmente declarado improcedente por la sala.
La defensa legal de los militares también pidió que se retire la calificación de lesa humanidad, con el fin de que el caso prescriba, por tratarse de presuntos delitos cometidos hace casi 33 años; pero la sala también rechazó este pedido. “La sala mantiene la calificación de lesa humanidad para los hechos que enlutaron al Perú durante el gobierno de Alan García”, explica Cano.
El juicio, que ya se encuentra en su etapa final, continuará con la declaración de un militar que estuvo en la zona y que habría visto cadáveres ocultos en las fosas comunes, así como una testigo quechuahablante que presenció parte de los asesinatos en Cayara. Para esto, la abogada Gloria Cano cuenta que ya pidieron un intérprete del quechua que permita la recepción de su testimonio sin inconvenientes.
Como se recuerda, hace apenas dos días, por falta de intérpretes del quechua para las víctimas de las esterilizaciones forzadas llevadas a cabo durante la década de los noventa, se suspendió una audiencia del juicio contra Alberto Fujimori y sus exministros Alejandro Aguinaga, Marino Costa Bauer y Eduardo Yong Motta. Fue César Nakazaki, abogado de Fujimori, quien apeló a la falta de traductores para que finalmente el juez Rafael Martínez suspenda la audiencia.
