“Lo que no se nombra, no se protege”: proyecto de ley busca borrar términos como "violencia de género" de 38 normas

Por: Silvia Bardales Q.

En una ofensiva legislativa que especialistas califican como un desmantelamiento histórico de los derechos humanos en el Perú, el congresista Juan Bartolomé Burgos Oliveros de Podemos Perú ha presentado el Proyecto de Ley N° 13894/2025-CR. La propuesta busca excluir del ordenamiento jurídico y de las políticas públicas el enfoque de género y cualquier término relacionado, afectando de manera directa a 38 normas fundamentales que protegen a infancias, adolescencias y mujeres.

Un borrado sistemático del lenguaje de protección

El documento propone una purga terminológica sin precedentes. El artículo 5 del proyecto ordena la eliminación de conceptos clave para el diseño de políticas públicas, tales como: «brecha de género», «educación sexual integral», «identidad de género», «estereotipos de género», «violencia de género» y «violencia simbólica».

La iniciativa no se limita a un cambio semántico; impone una interpretación obligatoria del término «género» restringiéndolo exclusivamente a la diferencia biológica de hombre y mujer, ignorando las construcciones sociales y las desigualdades estructurales que el derecho internacional reconoce desde hace décadas.

Modificaciones de alto impacto: del código penal a la Educación

El alcance de la propuesta es masivo e impacta sectores críticos:

Justicia y Crimen: Modifica el Código Penal (Art. 46 y 323) para eliminar la «identidad de género» como circunstancia agravante en delitos y como motivo de discriminación proscrito.
Violencia contra la Mujer: Altera la Ley 30364, reemplazando el «Enfoque de Género» —que identifica las causas de la violencia— por un concepto de «igualdad ante la ley» que omite las relaciones de poder asimétricas entre hombres y mujeres.
Educación: Afecta la Ley General de Educación y la ley de niñas rurales, eliminando la perspectiva de equidad de género en currículos y programas de alfabetización.
Salud y Seguridad: Impacta la Ley de Salud Mental y la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, borrando la obligación de evaluar riesgos con enfoque de género.

La «ideología del borrado»

Para las organizaciones defensoras de derechos de la mujer, este proyecto representa un peligroso avance de la denominada «ideología del borrado». Estheffany Chávez, activista feminista de la Asamblea Verde, se pronunció de manera tajante contra la iniciativa: «Como activista rechazo este proyecto de ley porque no solo es un retroceso legal, es un mensaje peligroso. Al eliminar el enfoque de género y prohibir conceptos básicos como violencia de género, brecha de género o educación sexual integral, el Estado deja de nombrar realidades que afectan de forma directa a mujeres, adolescentes e infancias; y lo que no se nombra no se protege.»

Chávez advierte que el reemplazo del enfoque actual por una «idea vacía de igualdad» desarma las herramientas de prevención: «Este proyecto no corrige excesos ni mejora políticas públicas, desarma el lenguaje con el que se previene y se enfrenta a la violencia. En la práctica, esto significa menos capacidad para identificar agresiones y más desprotección. Lo más grave es que el proyecto reconoce que la violencia existe, pero decide borrar el marco que permite enfrentarla. El Estado elige no mirar. Como feminista y comunicadora, afirmo que esto normaliza la desprotección y aumenta el riesgo para las mujeres en toda su diversidad.»

En su exposición de motivos, el congresista Burgos califica erróneamente al enfoque de género como una «creencia anti científica» y una «ideología arbitraria» que divide a hombres y mujeres. El documento llega a cuestionar el uso de servicios higiénicos según la identidad de género y la participación de mujeres trans en deportes, utilizándolos como argumentos para justificar el retroceso normativo.

El proyecto establece un plazo de 90 días hábiles para que todas las entidades públicas adecúen sus normas y manuales a esta nueva política de exclusión.

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