Todos los procesos judiciales y administrativos en los que la empresa Petroperú busca evadir su responsabilidad sobre los daños ambientales y la salud ocasionados luego de los derrames de petróleo.
Por Álvaro Meneses Gutiérrez
El reciente pasado de Petroperú muestra las batallas legales en las que ha entrado la empresa estatal no solo para evitar darle mantenimiento a los ductos dañados, sino que ha servido para rehusarse a dar reparaciones económicas y de salud a las comunidades nativas de Loreto afectadas por la actividad petrolera y que actualmente sobreviven a los daños de los metales pesados.
El titular del Ministerio de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, anunció el domingo pasado que la empresa Petroperú había iniciado la reparación de las partes del Oleoducto Norperuano que dejaron derrames a su paso por la Amazonía.
“Petroperú está trabajando ya, implementando acciones para mejorar las acciones del ducto actualmente. Y a su vez se ha elaborado un estudio técnico que sería implementado con un plan de mediano y largo plazo para la modernización del Oleoducto”, sostuvo Ísmodes en una entrevista para Cuarto Poder.
Sin embargo, muy distinto a las afirmaciones del ministro, PetroPerú tiene un historial de cuentas por saldar. Mecanismos legales que usa para evadirse de responsabilidades sociales y ambientales.
Petroperú apela
A inicios de 2016, funcionarios del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) incursionaron en los bosques de Loreto para reportar los daños que habían dejado los dos últimos derrames ocurridos el 25 de enero de ese año en la comunidad de Chiriaco, del distrito de Imaza, en la provincia de Bagua (Amazonas); y el 3 de febrero en el pueblo de Mayuriaga, en el distrito de Morona, de la provincia de Dátem (Loreto).
El Oleoducto Norperuano, cuyos 854 km de longitud atraviesan las regiones de Loreto, Amazonas, Cajamarca, Lambayeque y Piura, y por donde también circulan los hidrocarburos de las empresas Petroperú, Pluspetrol Norte S.A., Perenco Petroleum Limited Sucursal del Perú y Pacific Stratus Energy del Perú S.A., había sufrido fugas en dos partes de sus ductos.
La OEFA detectó los daños en el Tramo ll del Oleoducto principal, que transporta petróleo crudo desde San José de Saramuro hasta el Terminal Bayóvar; y en el Ramal Norte del Oleoducto, que conecta la Estación Andoas con la Estación 5, donde se encuentra con el Tramo l del Oleoducto principal.
La resolución de la OEFA del 15 de febrero de 2016, luego de las diligencias respectivas, ordenó a Petroperú el mantenimiento inmediato a las áreas del Oleoducto Norperuano que no han sido afectadas, el reemplazo de los ductos dañados, y la elaboración de un informe que reporte los impactos de los derrames identificados ante el Ministerio de Energía y Minas. Todo a modo de prevención.
La decisión de la OEFA, entre otras evidencias de la zona, se basó en los propios documentos de Petroperú en los que la empresa reconoce su inacción frente a la prevención de derrames. “Las principales causas de deterioro ambiental durante la ejecución de un proyecto u operación industrial es la reducida aplicación de mantenimiento preventivo de los equipos, por lo que se hacen cada vez menos eficientes y tienden a emitir mayor volumen de contaminantes hacia el ambiente”, dice el mismo Plan Maestro de Mantenimiento (PAMA) de Petroperú.
Y, fulminante, continúa: “Petroperú cuenta con un PAMA para todas sus instalaciones y equipos, que a la fecha no se ha ejecutado en su totalidad (…) Esta situación ha dado lugar a que una parte de sus instalaciones y procesos hayan devenido en obsolescencia y sean focos significativos de emisión de contaminantes”.
Por su lado, Petroperú apeló ante el Tribunal de Fiscalización Ambiental de la OEFA, donde se ratificó la resolución, y se ordena a la empresa a dar mantenimiento y reparar los ductos dañados. Según documentos de Petroperú a los que accedió Wayka, por lo menos desde junio de 2018, la empresa lleva un proceso contencioso administrativo ante el Poder Judicial contra esta última decisión del tribunal de la OEFA.
«Cuando todos pensábamos que iba a darle mantenimiento al Oleoducto, Petroperú presentó un proceso contencioso administrativo contra la resolución de segunda instancia OEFA. Es decir, cuestionó dicha resolución ante el Poder Judicial», interpreta Juan Carlos Ruiz Molleda, abogado del Instituto de Defensa Legal especialista en la defensa de los derechos de las comunidades indígenas.
La intención de Petroperú era clara: no darle mantenimiento ni reemplazar los ductos dañados, tal como la OEFA se lo ordena desde febrero de 2016. Muy distinta a la postura pública del entonces presidente del directorio de Petroperú, Germán Velásquez, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en junio de 2016.
“Cabe también la oportunidad para volver a pedir perdón a los representantes de las comunidades de Chiriaco y Cuninico que fueron afectadas por estos derrames. Y pierdan cuidado, que estamos haciendo todos los esfuerzos posibles (…) para hacer que este tipo de eventos no se vuelvan a presentar”, dijo Velásquez ante los comisionados de la CIDH y los dirigentes de las comunidades afectadas.
Demandas pendientes
Ante la resistencia de la empresa en la vía administrativa, el 4 de mayo del 2018, un grupo de dirigentes indígenas de las comunidades afectadas de Cuninico, San Francisco, Nueva Esperanza y Nueva Santa Rosa de Loreto presentaron una demanda de amparo contra Petroperú en el Juzgado Mixto de Nauta, por no darle mantenimiento al Oleoducto Norperuano.
El Juzgado Mixto de Nauta, a cargo de la magistrada Beatriz Velásquez Condori, archivó la demanda. La defensa legal de los dirigentes indígenas apeló y la Sala Civil de Loreto, a cargo del juez superior Segovia Murillo, también lo declaró improcedente.
Ahora, tras una segunda apelación, el caso se encuentra a la espera de que el Tribunal Constitucional decida ordenar a Petroperú dar mantenimiento al Oleoducto Norperuano, que en los últimos 20 años ha desatado 37 derrames de petróleo, según reportes del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN).
A la par, y con el patrocinio del Instituto de Defensa Legal (IDL), las mismas comunidades indígenas de Loreto afectadas por la actividad petrolera llevan otras dos demandas contra Petroperú en el mismo Juzgado Mixto de Nauta.
Una de ellas, que está a la espera de que se programe la audiencia para que la sala tome conocimiento de la demanda, busca que la empresa pague la servidumbre petrolera a las comunidades por donde pasa el Oleoducto Norperuano.
La otra demanda, que ya fue resuelta a favor de las comunidades nativas, ordena al Ministerio de Salud y la Dirección Regional de Salud (DIRESA) de Loreto a que atiendan la salud de los afectados por el derrame ocurrido en el km41 del Oleoducto Norperuano; y a Petroperú que los compense económicamente por los daños.
De las tres instituciones públicas implicadas en el juicio, solo Petroperú apeló la resolución del Juzgado Mixto de Nauta, y ahora espera la decisión final del Tribunal Constitucional.
El principal argumento de defensa de Petroperú se puede resumir en una de las respuestas que dio la empresa en 2017 a un pedido de información de un ciudadano, y al que Wayka tuvo acceso. «Es oportuno señalar que en la contingencia ocurrida (…) el hidrocarburo derramado fue confinado en el canal de flotación del ONP, y no alcanzó fuentes naturales de agua o ríos aledaños», sostuvo la compañía petrolera.
Muy contrario a lo que determinó la OEFA en una resolución del 2015 que declara responsable administrativo a Petroperú por «derramar petróleo al ambiente generando daño real a la flora y fauna y daño potencial a la vida o salud humana».
A las comunidades indígenas afectadas por la actividad petrolera, entre las audiencias y sus bosques y ríos contaminados con petróleo crudo, solo les queda esperar.
