La abogada Beatriz Mejía Mori, vocera del colectivo Con mis hijos no te metas, defendió al principal acusado por el crimen de Indalecio Pomatanta, quien fuera quemado vivo en 1995. Durante el proceso, Beatriz Mejía intentó que los hechos sean juzgados como «lesiones graves» y no como homicidio calificado.
Lucero Ascarza
El 2 de abril de 1995, Indalecio Pomatanta Albarrán, de 17 años, fue intervenido por integrantes de la Marina de Guerra del Perú en su domicilio en el centro poblado San Alejandro, en Ucayali. Según reportes de los testigos, los marinos lo acusaban de supuestamente esconder armas de fuego. Al no recibir la respuesta que esperaban, lo golpearon y luego uno de los efectivos lo roció con gasolina y le prendió fuego. Días después, el joven falleció debido a las quemaduras que presentaba en el 65% del cuerpo.
Antes de morir, Pomatanta identificó al autor del homicidio.
Recién después de 10 años se inició el proceso contra los presuntos autores del terrible crimen. Los acusados eran integrantes de la base contra subversiva San Alejandro: el comandante en retiro Andrés Egocheaga, el capitán de fragata Jorge Luis Rabanal y los suboficiales Pedro Rodríguez, Mario Peña y José Guido.
La abogada Beatriz Mejía, hoy vocera del colectivo Con mis hijos no te metas y opositora al enfoque de género en el Currículo Escolar, ejerció la defensa de Egocheaga, principal autor del crimen.
En 2009, la Sala Penal Nacional encontró culpable a Egocheaga y lo condenó a 20 años de prisión por el delito de homicidio calificado.
“Sus familiares (de Egocheaga) se ponen tristes, pero (ellos) lo tienen vivo. En cualquier momento cumple su sentencia y otra vez le tienen en su poder… (En cambio), mi hijo varón, el mayor, la fuerza de la casa ¿cómo le hacen? Lo quemaron. Por una semana sufrió quemado, despedazándose”, relató en su momento la madre de Indalecio, Rosa Albarrán, al conocer la condena para Andrés Egocheaga.
Sin embargo, para Beatriz Mejía, su defendido Egocheaga estaba imputado por la versión de sus cómplices.
“El señor Egocheaga en este momento es víctima de una tremenda injusticia. Todo lo que se ha visto es una especie de campaña de montaje de defensa dirigido a relevar de responsabilidad al señor Rabanal y a los demás acusados”, expresó en ese entonces la abogada.
En medio de protestas, la Corte Suprema anuló la sentencia e inició un nuevo juicio oral en 2010.
Cuestionable defensa
Mejía, quien se dice abanderada de la “defensa de la vida” y se opone a una educación con enfoque de género como parte del colectivo Con mis hijos no te metas, buscó librar a Andrés Egocheaga Salazar del delito de homicidio, alegando que los hechos correspondían a “lesiones graves y heridas de muerte”.
“Porque si ustedes recuerdan Indalecio Pomatanta no murió en el acto mismo de la agresión que sufrió, sino 6 días después. No muere por quemaduras, sino por shock séptico. ¿Qué quiere decir eso? Por una infección generalizada”, declaró, sorprendentemente, Beatriz Mejía a un medio local en 2010.
De acuerdo con Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), quien representó a la familia de Indalecio Pomatanta, el descabellado intento de Beatriz Mejía por cambiar la tipificación del delito no prosperó.
“Nunca fue aceptado. Para todos quedaba absolutamente claro que no era una lesión seguida de muerte. No le metes una galonera de gasolina a alguien encima y le prendes fuego para asustarlo o para herirlo. Lo prendes para matarlo”, explicó Rivera.
En 2011, una nueva Sala Penal Nacional dictó sentencia sobre el caso y otra vez Andrés Egocheaga recibió condena. Esta vez a 14 años de prisión por el delito de homicidio calificado y al pago de 200 mil soles de reparación civil.
La sentencia consigna el alegato de cierre de la abogada y vocera de Con mis hijos no te metas:
“Los hechos materia de juicio constituyen delitos de lesiones graves seguidas de muerte y abandono de personas en peligro, este segundo ha prescrito largamente, y el primero prescribió el dos de abril del año dos mil diez”, argumentó Beatriz Mejía de acuerdo con el expediente. Así quedó claro que la estrategia de la abogada era cambiar la tipificación del delito por uno que ya no pudiera ser juzgado.
Pero la condena a Andrés Egocheaga tenía sustento en testimonios de testigos, de los familiares de la víctima y del mismo Indalecio Pomatanta. En el hospital regional de Pucallpa, aún con vida, el joven de 17 años pudo contar a un medio local quién le había prendido fuego.
«Sí, ellos son, de la Marina que han llegado, lo conozco al que me quemó, era de la Marina de San Alejandro, el que lo que comanda, él me echó gasolina. Me dijo saca la retrocarga o si no te quemo. Pero no me quemes por las puras, le dije, si yo no tengo ni qué clase de retrocarga le digo. No es retrocarga sino escopeta, me dice: ¡Saca! No hay, pues, le dije, de dónde voy a sacar. Agarró tres galones de gasolina y me (los) echó en mi cuerpo. Prendió el primer palito de fósforo pero no quiso prender: Sacas (la escopeta) o te quemo. Pero no tengo, le digo, no tengo retrocarga. ¿Por qué lloras?, me dice. Yo no tengo de dónde voy a sacar (le dije). Entonces me quemó», narró Indalecio desde su cama en el hospital.
Caso emblemático de derechos humanos
Cuando el Poder Judicial desestimó la demanda que buscaba eliminar el enfoque de género en el Currículo Escolar, la abogada Beatriz Mejía Mori anunció una movilización de padres indignados contra el Gobierno.
Juan Pomatanta y Rosa Albarrán, padres de Indalecio, no contaron con manifestaciones masivas de respaldo ante el asesinato de su hijo. El proceso para obtener justicia fue largo y se cuestionó con severidad la sentencia final.
“Solamente se consideró a Andrés Egocheaga Salazar, cuando junto a él había otros elementos militares presentes, que habían colaborado con la realización del hecho delictivo”, indica Carlos Rivera, quien representa a la familia Pomatanta.
Según el abogado de IDL, Carlos Rivera, hubo presiones sobre la sala que, en el 2011, estaba presidida por el juez Ricardo Brousset.
Este tribunal le dio al defendido de Beatriz Mejía una condena de 14 años, menos que la pena mínima para el delito de homicidio calificado. Uno de los argumentos que se esgrimió fue que Andrés Egocheaga Salazar fue “deshumanizado” durante su entrenamiento en la Marina de Guerra. Por ese motivo, se decidió que la reparación civil debía ser pagada por Andrés Egocheaga en cooperación con la Marina, como tercero responsable.
Sin embargo, en 2012, una nueva sala presidida por el exmagistrado Javier Villa Stein decidió excluir a la Marina de la responsabilidad civil y dejar el pago de la reparación solo a cargo de Andrés Egocheaga.
Wayka se comunicó con la vocera de Con mis hijos no te metas para conocer su versión sobre el rol que jugó en este proceso judicial. Sin embargo, la abogada Beatriz Mejía dijo que la línea editorial de Wayka era “destructiva” y se negó a brindarnos una entrevista o a responder preguntas vía correo electrónico.