Luchar sirve: la histórica sentencia por el triple lesbicidio en  Argentina y las condiciones materiales de la violencia en América Latina

Por Naira Carcelén

El fallo que condenó a cadena perpetua a Justo Fernando Barrientos marca un precedente jurídico en Argentina al reconocer el odio hacia las mujeres lesbianas como móvil del crimen. Lejos de ser un hecho aislado, el caso expone cómo la precarización laboral y la emergencia habitacional dejan a las disidencias sexuales de la clase trabajadora expuestas a la violencia, una realidad que resuena en el Perú ante la ausencia de registros oficiales y la insuficiencia de los tipos penales vigentes. 

El miércoles 18 de noviembre de 2026, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 5 de Buenos Aires condenó a prisión perpetua a Justo Fernando Barrientos por el ataque incendiario cometido la madrugada del 5 al 6 de mayo de 2024 en una pensión del barrio porteño de Barracas. El fallo, dictado por los jueces Adrián Pérez Lance, Juan Manuel Grangeat y la jueza Cinthia Oberlander, lo declaró culpable de homicidio agravado con ensañamiento y alevosía por odio a la orientación sexual de las víctimas y por el uso de un medio idóneo para crear un peligro común.

Aquel día, Barrientos arrojó una bomba molotov casera dentro de la habitación 14 del hotel familiar donde dormían dos parejas de mujeres. El ataque provocó la muerte de Pamela Fabiana Cobas, Mercedes Roxana Figueroa y Andrea Amarante, y dejó gravemente herida a Sofía Castro Riglos, única sobreviviente. 

Si bien el término lesbicidio no figura de manera autónoma en el Código Penal argentino( que desde 2012 contempla el agravante por odio a la orientación sexual), la sentencia constituye la primera condena a perpetua en la historia del país en reconocer explícitamente la violencia lesboodiante detrás de un asesinato múltiple.

Clase y vivienda: las condiciones materiales detrás del crimen

Reducir el crimen de Barracas únicamente a la acción individual de un vecino violento impide ver el engranaje estructural que dejó a estas cuatro mujeres a merced de su agresor. Un análisis desde las condiciones materiales de existencia demuestra que la orientación sexual no opera en el vacío: se entrelaza directamente con la pertenencia de clase y el acceso desigual a la vivienda.

Pamela, Roxana, Andrea y Sofía eran trabajadoras precarizadas sin ingresos formales ni respaldo institucional. Empujadas por el encarecimiento del costo de vida, las cuatro compartían una única habitación en un hotel familiar, tejiendo una red de supervivencia cotidiana en un espacio hostil donde Barrientos ya las había hostigado y amenazado previamente sin que la policía interviniera.

«Hay una clara diferenciación de clase social a la que pertenecían las cuatro lesbianas que fueron atacadas», señala Belén Gutiérrez, integrante de la organización Libre Diversidad. Para ella, este crimen es la expresión más extrema de una marginalización estructural agravada por el ajuste económico: «Vivían hacinadas en una habitación de un hotel de Barracas, haciendo red entre ellas porque vivían cuatro personas juntas estando expuestas a la violencia tanto de este vecino como de la marginalidad que eso supone».

Lo ocurrido en Barracas se inscribe en una crisis habitacional aguda en Argentina. Según la Encuesta Nacional Inquilina (2026) el 29,7% de los hogares inquilinos atraviesa una situación de emergencia habitacional: el 48,5% destina la mitad o más de su salario al pago del alquiler, el 72,9% arrastra deudas activas y el 47,4% necesita más de un empleo para sostener un techo. A este cuadro se suma la aprobación legislativa de los desalojos exprés mediante juicios sumarísimos, una medida que profundiza la indefensión de los sectores populares y de las disidencias sexuales, que enfrentan mayores barreras para acceder al empleo formal.

Paralelamente a la desprotección económica, los discursos oficiales que estigmatizan a la comunidad LGBTIQ+ legitimaron la hostilidad cotidiana. Como advirtió la periodista Julieta Luna en Periodismo de Izquierda, «Barrientos tiró la molotov, pero la mecha se encendió desde arriba (…) Cuando el Estado abandona totalmente, recorta y niega la violencia patriarcal, se vuelve cómplice y responsable de los crímenes y ataques de odio que día a día aumentan en nuestra sociedad».

El espejo en el Perú: subregistro y categorías insuficientes

El antecedente conquistado en Buenos Aires interpela directamente al Perú, donde la violencia contra las mujeres lesbianas carece tanto de nombramiento jurídico específico como de estadísticas oficiales. En el Estado peruano no existe un registro unificado de crímenes de odio, y el Código Penal no tipifica esta figura como un delito autónomo, limitándose a contemplarla de manera general como agravante o bajo el delito de discriminación (artículo 323).

Esta omisión normativa se traduce en un subregistro sistemático que borra las agresiones lesboodiantes de las estadísticas policiales y fiscales. De acuerdo con la II Encuesta Nacional de Derechos Humanos (Ipsos y Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2019), el 62,7% de la población LGBTI en el Perú ha sufrido violencia o discriminación —en más del 60% de los casos en espacios públicos, centros educativos o instituciones estatales—, pero el 95,6% no denuncia estos hechos debido a la desconfianza hacia el sistema de justicia. Organizaciones como Promsex han advertido reiteradamente que, al no existir tipificación ni protocolos de investigación diferenciados, los móviles de prejuicio contra mujeres lesbianas terminan archivados o diluidos como delitos comunes.

Para Verónica Ferrari, representante de Archivo Lésbico del Perú, el fallo argentino demuestra precisamente por qué las categorías legales actuales resultan insuficientes para enfrentar la realidad de las mujeres sáficas en la región: «Esta condena certifica un hecho claro: que tres mujeres fueron asesinadas por su orientación sexual, y ese crimen se llama lesbicidio, que es algo que han reclamado el movimiento lésbico y feminista en Argentina, porque no es suficiente la categoría ‘crímenes de odio'».

Ferrari subraya que en un contexto regional marcado por el retroceso de derechos y el avance de sectores conservadores, el caso peruano refleja un bloqueo institucional persistente: «La cadena perpetua contra el asesino sienta un precedente importante en la región, sobre todo en momentos de desmantelamiento de los derechos conseguidos desde gobiernos progresistas, lo que ha desatado justamente estas violencias brutales. Algo que pasa también en Perú, que es un país que se niega a reconocer derechos para la población LGTBIQ+».

Organización popular frente a la impunidad: por qué luchar sirve

Foto: Periodismo de Izquierda

La condena a Barrientos no fue una concesión espontánea del aparato judicial. Al inicio de la investigación, el juzgado de instrucción resistió incorporar el agravante por crimen de odio, mientras que durante el juicio la defensa pidió la absolución o una condena menor por homicidio simple, alegando el acusado ante el tribunal que «no se sentía culpable».

Fue la movilización sostenida en las calles y la organización popular —articulada en la Coordinadora Lesbicidios Nunca Más, la querella colectiva de la Federación Argentina LGBT+ y la representación legal de Sofía Castro Riglos a cargo de Luciana Sánchez— lo que forzó el giro en la causa.

«Es un fallo histórico que demuestra que luchar siempre sirve, a contramano de los sectores políticos organizados que nos quieren convencer de que no es posible», afirma Belén Gutiérrez. «Logramos conquistar la prisión perpetua para Barrientos gracias a la organización desde abajo, a la movilización, gracias a no escuchar a ese posibilismo que nos dice que en un contexto como este era muy difícil conseguir una condena de estas características».

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