Minera Chinalco busca desalojar por la fuerza a familias de Morococha sin reasentamiento seguro

El pasado 8 de agosto un grupo de familias de la antigua ciudad de Morococha, en la provincia de Yauli (Junín), presentó un recurso de oposición contra la medida cautelar de desalojo anticipado emitida por el Juzgado Mixto de La Oroya a solicitud de la empresa minera china Chinalco. La disposición judicial ordena el retiro de los pobladores sin que exista una sentencia firme y sin ofrecer una alternativa habitacional.

Según el abogado de las familias, Carlos Castro, la medida judicial no respeta el artículo 49 de la Ley 30680, que prohíbe desalojos en zonas declaradas de riesgo no mitigable, y contraviene la Ley 29869, que establece como prioridad el reasentamiento de poblaciones afectadas por este tipo de condiciones. Asimismo, sostuvo que la resolución no se ajusta a lo dispuesto por tratados internacionales que garantizan el derecho a la vivienda y a un debido proceso en casos de desalojo.

Proceso de reasentamiento inconcluso

Según Red Muqui, la antigua ciudad de Morococha fue declarada “zona de riesgo no mitigable” hace más de una década, debido a la actividad minera a tajo abierto del proyecto Toromocho. En 2012, Chinalco inició el traslado de la población a la llamada “Nueva Morococha”, con el compromiso de garantizar servicios básicos y un entorno seguro.

Sin embargo, informes oficiales y del propio Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de 2009 revelaron que el suelo de la nueva ciudad presenta niveles de arsénico y plomo que superan hasta en 11 veces los límites establecidos por los estándares ambientales. Además, la Red de Salud de La Oroya ha registrado presencia de metales pesados en la sangre de niños y niñas que viven en el nuevo asentamiento.

Otro de los reclamos de los pobladores es que el campamento minero nunca fue trasladado a la Nueva Morococha, como había sido prometido, lo que impidió el desarrollo económico de la zona y dejó a la ciudad con baja actividad comercial.

Condiciones actuales y denuncias

Las familias que se negaron a trasladarse permanecen desde hace más de 10 años en la antigua ciudad, viviendo entre viviendas derruidas, sin acceso a agua potable ni energía eléctrica, y expuestas a detonaciones de explosivos que —según denuncian— se realizan a escasa distancia de sus hogares.

Los residentes acusan a Chinalco de hostigamiento constante, incluyendo demolición de casas, bloqueo de accesos y uso de explosivos que ponen en riesgo su seguridad. “La empresa planteó un diálogo individualizado, pero no se concretó; en cambio, recibimos notificaciones de desalojo”, declaró Yolit Espinoza, vocera de los vecinos.

Ante tal situación preocupante, el abogado Castro señaló a Wayka que lo más urgente para atender a las familias es que el Poder Judicial revoque la medida cautelar de desalojo anticipado. Recién este 12 de agosto, esta fue aceptada, por lo que solo les queda esperar que el juez actúe y declare fundada o no la demanda de desalojo.

No obstante, de todas formas la comunidad espera que se reactive un proceso de reasentamiento que cumpla con las condiciones legales y sanitarias necesarias. En caso contrario, anunciaron que están dispuestas a acudir a instancias internacionales para la defensa de sus derechos.

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