¿Las marchas de protesta que hemos visto en estas semanas están conformadas por delincuentes y vándalos? ¿Es posible separar a los vándalos de una marcha y convertirla en un desfile pacífico? Una parte del debate político con el apoyo de los grandes medios de prensa se ha sumido en la narrativa de reducir a vandalismo la protesta ciudadana.

Pero, ¿realmente son pocas las personas que podrían estar de acuerdo o apoyar algún acto de violencia en sí mismo?. Y muy pocas personas podrían buscar ejercer violencia de manera total y gratuita. Menos que las personas se alegren de ejercer violencia irracional contra otras personas, animales o cosas. Sin embargo, en los círculos de Lima se ha instalado una narrativa que recurre a la figura del “vándalo” para explicar la violencia social que padecemos en el marco de la crisis política de los últimos meses.

El “vándalo” según este discurso es un sujeto que tiene como objetivo destruir la propiedad privada materializada en edificios, carros, veredas, bancas; así como atentar contra la vida de cualquier persona: un policía o protestante. El vándalo actúa motivado por su necesidad de ejercer violencia sobre cosas y personas. No tiene agenda salvo la violencia en sí misma.

Esta narrativa en sus diferentes variantes circula desde la extrema derecha hasta una parte del centro político. Incluso algunos en la izquierda la utilizan para explicar algunos hechos puntuales. Para la extrema derecha, en una marcha todos son vándalos que buscan acabar con lo que ellos denominan democracia; es decir, el orden establecido. En el centro y la centro izquierda se asume que en las movilizaciones participan buenos ciudadanos y algunos “vándalos” que buscan saciar su sed de violencia irracional. 

Esta es una visión errada de lo que es la violencia social en una sociedad democrática. La narrativa creada a partir de este error puede ser ingenua, si se hace por falta de información; o puede ser un intento de manipulación cuando se busca invalidar el derecho de protesta. 

De este modo, la narrativa del vándalo se basa en una serie de ideas que tenemos aceptadas como sentido común, pero que realmente resultan falsas, claramente erróneas si se analiza un poco. Veamos:

El conflicto social empieza con los ciudadanos que protestan

Falso. La ciudadanía ejerce su derecho a protestar frente a una situación o un hecho que resulta injusto e intolerable. Y es la autoridad política, es decir, el Estado quien es el responsable de provocar o permitir dicha injusticia. La gente no protesta por deporte, placer, o porque se le ocurre o es manipulada. En una sociedad democrática los conflictos sociales se originan por alguna acción o inacción del Estado o el gobierno. En nuestro caso, el actual ciclo de protestas es el resultado de la crisis política y de las torpes decisiones de Dina Boluarte y la mayoría del Congreso de la República. Allí empieza el ciclo de protestas actual.

Una protesta pacífica es aquella que no incomoda a nadie

Falso. El sentido mismo de una protesta es incordiar, incomodar, llamar la atención de la autoridad, ya sea de manera directa, yendo en multitud a Palacio de Gobierno o el Congreso. O de manera indirecta bloqueando una carretera u ocupando un espacio público. M. Gandhi y MartinLuther King Jr. tenían muy claro que mediante la desobediencia civil se estaba presionando al Imperio británico y al gobierno de EE.UU., respectivamente, para que preste atención a sus demandas. Una protesta ciudadana es incómoda por definición. La derecha pretende que las protestas se desarrollen dentro de un parque un domingo en la tarde. Un absurdo total. Podemos discutir el nivel de incomodidad que debe generar una protesta. Pero la regla histórica es simple: mientras menos escucha un gobierno, más incómoda será la protesta.

La violencia es algo ajeno a la sociedad

Falso. Ojalá fuera así. En los textos religiosos aparece la figura del paraíso donde el león yace junto a la gacela en perfecta armonía. Algunos creen que esto es posible en el mundo actual. Otros, con un refinado cinismo ignoran la violencia que les sirve a sus intereses pero se escandalizan con la violencia que los afecta o perjudica.

La sociedad democrática contemporánea tiene dentro de sí altos y diferentes grados de violencia social. Los bien intencionados que pretenden eliminar toda forma de violencia en las protestas sociales están mirando con anteojos morales lo que son problemas económicos, sociales, culturales. De esta manera, resulta fácil condenar al violento pero no se resuelve ningún problema.

Lo difícil no es condenar la violencia de las protestas. Eso es bastante sencillo ciertamente. El reto es “entender” la violencia de las protestas. Tanto la de los ciudadanos que queman edificios o lanzan piedras como también la de los policías que con o sin órdenes disparan a matar ciudadanos. Y preciso: entender no es justificar. Entender es el primer paso para resolver realmente un problema. Entender en este contexto es poder identificar las razones objetivas y subjetivas que explican los actos de violencia.

En una marcha hay ciudadanos buenos y vándalos violentos

Falso. Esta es la conclusión más perniciosa de la narrativa del vándalo. De allí se deduce la tarea absurda de separar a los violentos de los pacíficos. A veces se pide que lo haga la policía, o que sean los propios ciudadanos los que deslinden de los vándalos. Las ciencias sociales -y especialmente la sociología política- hace tiempo ha señalado con bastante evidencia empírica que cualquier persona puede bajo determinadas circunstancias ejercer respuestas violentas en un contexto de protesta ciudadana. Todos tenemos un umbral de tolerancia a la injusticia luego del cual podemos lanzar una piedra o quemar la Bastilla. No seamos ingenuos o hipócritas. Por eso resulta inocuo pensar que se puede separar a los pacíficos de violentos. Desde la autoridad, lo que corresponde es reducir la injusticia para que no se traspase el umbral de tolerancia de la mayoría de ciudadanos.

Entonces, ¿no se pueda hacer nada para evitar los actos de violencia en una protesta ciudadana?

No. Lo que quiero decir es que insistir con una narrativa que busca identificar y apresar a “personas que buscan desatar la violencia con cualquier pretexto” es validar prácticas arbitrarias y represivas del gobierno contra sus ciudadanos.

Más claro: No hay vándalos, sino violencia social y política. Las movilizaciones y marchas que vemos en buena parte del territorio nacional contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso de la República están conformadas principalmente por ciudadanos de sectores pobres del campo y la ciudad que están muy molestos con el gobierno y el Congreso. Hay también activistas políticos de izquierda que buscan canalizar ese descontento hacia objetivos políticos como la asamblea constituyente (politizar el descontento es lo que hacen todos los políticos en cualquier sociedad democrática). Hay también grupos al margen de la ley con agendas privadas (que son los primeros en negociar algún arreglo) y también hay grupos delincuenciales que buscan aprovecharse del caos para obtener un beneficio económico (y por tanto tampoco son loquitos quémalo todo).

Y estos no son grupos claramente diferenciados, pues los seres humanos son complejos, contradictorios y diversos. Algunas personas pueden ser a la vez campesinos, izquierdistas, informales al borde de la ilegalidad. La gente transita por diversas identidades y motivaciones. Insistir en demonizar como vándalos a los que protestan es no entender el proceso social que vivimos y no resuelve nada.

Un gobierno sensato y democrático (que no es el caso actual) lejos de demonizar la protesta buscaría resolverla mediante arreglos puntuales, locales y luego ir escalando hacia treguas y negociaciones mayores.

Un gobierno sensato y democrático (que no es el caso actual) entendería que la violencia social es en primer lugar, el resultado de sus malas decisiones. Y se haría responsable político de las mismas. Obviamente, luego de superarse el conflicto, los actos de violencia que han atentado contra la vida de personas deberán ser investigados en un marco legal que garantice el debido proceso.

Finalmente, un gobierno sensato y democrático (que no es el caso actual) luego de medio centenar de ciudadanos muertos por una represión policial gratuita, arbitraria y desproporcionada daría un paso al costado inmediatamente.