Redacción Wayka

El Ministerio de Economía y Finanzas anunció hace unos días la emisión de bonos por US$3.000 millones que consiguió el Gobierno peruano en mercados internacionales para solventar la contención de la pandemia del COVID-19 y la reactivación de la economía.

Lo que pasó desapercibido, en cambio, fue que para dicho proceso el MEF contrató el pasado 15 de abril como asesor legal externo al Simpson Thacher & Barttlet LLP, un bufete de abogados neoyorquino con una larga y sospechosa relación con la constructora peruana Graña y Montero, cuyos directivos son investigados por el Equipo Especial Lava Jato de la Fiscalía por los presuntos delitos de colusión y lavado de activos.

Lavada de cara

Hace tres años, en noviembre de 2017, cuando las evidencias y las confesiones comenzaban a sugerir que la constructora peruana Graña y Montero sería cómplice de los sobornos que realizaba su socia Odebrecht para obtener la licitación de grandes proyectos en Perú, la empresa recurrió a los servicios del Simpson Thacher & Barttlet LLP, un estudio de abogados estadounidense con oficinas en Brasil, Inglaterra, Japón y China.  

El bufete ubicado en Nueva York, que acaba de ser contratado por el Gobierno peruano, se encargó en ese entonces de realizar una investigación interna en GyM para que determine si la compañía estaba involucrada en el caso Lava Jato. Se revisaron más de 2 500 documentos, correos electrónicos, discos duros y entrevistaron hasta a 25 altos funcionarios sobre presuntas irregularidades en los proyectos de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur, la Interoceánica Norte, la Línea 1 del Metro de Lima, la etapa 3 de Chavimochic y el Gasoducto Sur Peruano.

La auditoría realizada por el Simpson Thacher & Barttlet LLP pretendía investigar presuntos actos de corrupción vinculados a Odebrecht en seis proyectos.

Dos años después, en noviembre de 2019, la auditoría concluyó que “la investigación no identificó evidencia como para establecer que el personal de la compañía tuvo conocimiento o participó a sabiendas en cualquier soborno realizado con los proyectos”. Al mes siguiente, Graña y Montero firmó un acuerdo preliminar con el Equipo Especial Lava Jato y la Procuraduría Ad Hoc para acogerse a la colaboración eficaz y entregar información sobre presuntos actos de corrupción en los casos ‘Lava Jato’ y ‘Club de la Construcción’.

Por ese mismo periodo de tiempo, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Especializada en Crimen Organizado dictó 36 meses de impedimento de salida del país contra los ejecutivos de GyM, José Graña Miró Quesada y Hernando Graña Acuña, por los presuntos delitos de colusión y lavado de activos para la licitación del proyecto Línea 1 del Metro de Lima.

Carta del gerente general de GyM, Luis Francisco Díaz Olivero, enviada a la Superintendencia del Mercado de Valores.

Las conclusiones de la investigación interna realizada por el bufete neoyorquino, como el prestigio de Graña y Montero, se diluyó con los hechos. 

En defensa de GyM

El estudio Simpson Thacher & Barttlet LLP también asumió la defensa legal de GyM en marzo de 2017, cuando la constructora peruana fue demandada por un grupo de inversionistas estadounidenses representados por la firma de abogados Robbins Geller, en la Corte del Distrito Este de Nueva York, luego de que compraron acciones de la empresa en Wall Street sin saber en los casos de corrupción en los que la empresa estaría presuntamente involucrada.

Como se recuerda, fue a fines de febrero de ese año que el exrepresentante de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, confesó a los fiscales peruanos que sus socias Graña y Montero, y JJC Contratistas Generales estaban enteradas del acuerdo para pagar millones de soles en sobornos al expresidente Alejandro Toledo para obtener la licitación de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica.

La demanda, que apuntó al exdirector ejecutivo de GyM, Mario Alvarado, la exdirectora financiera, Mónica Miloslavich, sostuvo que “dieron falsas o engañosas y omitieron revelar que la compañía estaba al tanto de que su socio brasileño Odebrecht pagó sobornos al expresidente Alejandro Toledo para hacerse de la construcción de una carretera que comunica a Perú con Brasil”. Al mes siguiente, otro grupo de accionistas se sumó a la demanda.

Actualmente, los ejecutivos José Graña Miró Quesada y Hernando Graña Acuña son investigados por los presuntos delitos de colusión y lavado de activos en los proyectos que desarrolló en sociedad con Odebrecht.

Finalmente, en febrero de este año, Graña y Montero notificó a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) que había acordado pagar US$20 millones a los accionistas estadounidenses que los demandaron en 2017.

Antes del fracaso de esa demanda colectiva, la relación entre GyM y el bufete neoyorquino ya tenía varios años. Y es que la constructora peruana ingresó a la bolsa de valores de Estados Unidos en 2013 bajo la asesoría legal del Simpson Thacher & Barttlet LLP, en donde consiguieron vender US$413 millones en acciones. Por esa época, el abogado Alan García Nores, hijo del expresidente aprista, concluía un año de trabajo como asociado en el bufete neoyorquino para luego pasar al Estudio Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados.

¿Bajo qué criterios el Gobierno peruano decidió contratar al estudio Simpson Thacher & Barttlet LLP? En comunicación con su área de comunicaciones, el MEF solo respondió que «se convocó a 3 estudios de abogados de reconocido prestigio en las ciudades de Nueva York y Lima» y que se «desarrolló un proceso competitivo y transparente para la contratación de los servicios especializados de asesoría legal y financiera».