Menor revictimizada por el Estado: Fiscalía y Centro de Emergencia Mujer la obligan a reencontrarse con su presunto violador
Tras denunciar haber sido violentada sexualmente por un sujeto con antecedentes, y haber sido obligada por el Estado a continuar el embarazo pese a poner su vida en riesgo, funcionarios del Centro de Emergencia Mujer y de la Fiscalía habrían obligado a la menor a pasar una prueba de ADN el mismo día y en el mismo lugar en que citaron a su sindicado agresor.
La fiscal Roxana Núñez Huayllacua ordenó – el 21 de abril – que se realicen las pruebas de ADN a la adolescente, al recién nacido y al presunto agresor, en la misma Unidad de Medicina Legal II de Ucayali y en el mismo día.
«¿Cómo es posible juntar a la víctima con el agresor? ¡Es imposible! Nosotros vinimos prácticamente huyendo del pueblo donde vivíamos para traer a mi hermana aquí y protegerla de ese hombre», denunció la hermana de la víctima, Thalia Mendoza en diálogo con Wayka.
Mendoza presentó un escrito ante la Fiscalía expresando su rechazo y solicitando el aplazamiento del procedimiento. Sin embargo, el fiscal adjunto de Ucayali-Contamana, Danny Joel Gamboa Anticona, no aceptó la petición familiar de posponer las pruebas de ADN.
Wayka conversó con la abogada especializada en temas de igualdad de género y derechos sexuales y reproductivos, Brenda Álvarez, quien sostuvo que las autoridades judiciales debieron priorizar el bienestar de la niña sobre el proceso legal, aplicando el principio del interés superior del niño establecido en la Ley 30364.
“Todas las instituciones que intervienen en la atención de víctimas de violencia sexual, especialmente con menores, deben garantizar protecciones adecuadas”, afirmó Álvarez
El Estado no protege a las menores víctimas de violación
Mendoza denunció a Hermes Gutapaña Gómez (42) el 18 de octubre de 2024 en la comisaría de Contamana, en Loreto, acusándolo de violar a su hermana menor desde los 9 años.
“Estoy denunciando esto porque hay más víctimas detrás de este caso que no se atreven a hablar por miedo o vergüenza. Yo estoy alzando mi voz en nombre de todas esas niñas que han sido violadas por este señor”, expresó la hermana de la menor.
Gutapaña Gómez, el sindicado agresor, enfrenta otros dos procesos penales por violación sexual y uno por inducir el aborto de una menor. En 2014 fue denunciado por violar a una niña desde los 10 hasta los 14 años; en 2018, por causar un aborto; y en 2019, por otro caso de violación contra una menor, también entre los 10 y 14 años. Aun así, Gutapaña Gómez sigue en libertad.
Mendoza también fue quien solicitó un aborto terapéutico —legal en Perú desde 1924 y reglamentado en 2014—, debido al alto riesgo que suponía el embarazo para la salud de su hermana; sin embargo, asegura que tanto el fiscal Guillermo Mario Figueroa de la Cruz como Miguel Chávez Montero, abogado del Centro de Emergencia Mujer (CEM), además de proferir expresiones victimizantes hacia la menor, le dijeron que el bebé debía nacer para que existiera una ‘prueba’ del delito, negándoles en todo momento el acceso a su derecho.
«Le hice presente (la solicitud) del aborto terapéutico para mi hermana en ese momento. A lo que el fiscal me respondió: ‘No le podemos hacer ninguna intervención a tu hermana porque yo le veo bien. Si tu hermana ha estado preparada para una vida sexual, ¿por qué no puede estar preparada para ser madre? Yo le veo estable; lo del aborto terapéutico es un papeleo. Además, esa es la prueba: tiene que nacer para sacar el ADN’», manifestó la hermana de la víctima.
Wayka se comunicó con representantes del Ministerio Público y del Centro de Emergencia Mujer (CEM) de Ucayali-Contamana, quienes señalaron que solo pueden brindar información a las partes involucradas; el fiscal Guillermo Mario Figueroa de la Cruz afirmó que «todo el proceso se ha seguido de forma regular», mientras que el abogado del CEM, Miguel Chávez Montero, indicó que «cualquier información debe solicitarse a (sus) superiores en Lima”.
Tras negarle el acceso al aborto terapéutico, la menor sufrió un grave cuadro que la puso al borde de la muerte. El pasado 6 de abril tuvo que ser internada en el Hospital Regional de Pucallpa (Ucayali) por presentar fiebre y vómitos constantes. Ese mismo día, fue sometida a una cesárea para dar a luz a un bebé prematuro de siete meses.
Posteriormente fue trasladada a la UCI, donde permaneció hospitalizada por más de diez días —del 6 al 17 de abril— debido a un cuadro de preeclampsia, complicación del embarazo que provoca presión arterial alta y daño orgánico; es decir, se puso en riesgo la vida y salud tanto de la menor como del bebé. El embarazo infantil y la maternidad forzada vulneran los derechos de las niñas víctimas de violación de acuerdo al Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
En este caso, las autoridades no solo desestimaron la palabra de la víctima, sino que también ejercieron tortura al obligarla a continuar gestando torturaron bajo el argumento de tener que hacerle una prueba de ADN a ella y al producto de la violación.
“Si es que aplicáramos que la prueba de ADN es la prueba que se necesita para determinar la responsabilidad penal, por ejemplo, de un agresor (sexual), en los casos en los que no hay embarazo no habría forma de determinar responsabilidad y sería imposible, cosa que es ilógico”, señaló la abogada Álvarez, cuestionando que se haya procedido de esta manera contra la salud e integridad de la menor.
Seis meses de maltratos y revictimización
Thalia Mendoza dice que han pasado seis meses desde que realizó la denuncia y que lejos de encontrar justicia solo han recibido constantes vulneraciones a los derechos de la menor por parte los representantes del Ministerio Público y el Centro de Emergencia Mujer (CEM) de Ucayali-Contamana.
«Yo me siento tan indignada con la justicia de la provincia de Ucayali, sobre todo del fiscal de Contamana, porque realmente no logro entender en qué mundo estamos. Ese señor tiene antecedentes judiciales»,
Debido a la falta de seguimiento adecuado por parte del Centro de Emergencia Mujer y al trato recibido, la hermana de la menor se ha visto en la necesidad de tomar los servicios de un abogado privado. Además, denunció que la menor aún no recibe ningún tipo de apoyo psicológico.
