Después de la publicación de un reportaje de Wayka que reveló el incumplimiento del Hospital Nacional Arzobispo Loayza de la Norma Técnica de Planificación Familiar, la Superintendencia Nacional de Salud ha manifestado que investigará al hospital por negar preservativos y consejería a una adolescente.
Aunque dicha investigación es un paso adelante, nos preguntamos, ¿qué tan común es la negación de servicios de salud sexual y reproductiva para adolescentes en los hospitales públicos peruanos? Si este problema es sistemático, significa el incumplimiento de nuestro país frente a sus obligaciones internacionales. El acceso a servicios de salud sexual y reproductiva -incluyendo el acceso a anticonceptivos y educación- es un derecho de todas las personas, especialmente de los adolescentes.
Según la normativa internacional, a la cual el Estado peruano está suscrita, los estados tienen que adoptar medidas para asegurar el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Estos derechos se relacionan con los derechos a la no discriminación, vida, integridad personal, salud, dignidad y acceso información, garantizados en tratados como la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención de Belém do Pará. En la ONU, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) ha subrayado el deber de los Estados de asegurar servicios de atención médica, así como la información, con respecto a los derechos sexuales y reproductivos. De manera similar, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales estableció que el derecho a la salud incluye el acceso e información a servicios de salud sexual y reproductiva.
Dichos acuerdos y otros compromisos internacionales establecen que el servicio tiene que ser inmediato, no fue el caso de la adolescente acompañada por Wayka, ya que la única obstetra encargada del consultorio juvenil estaba ausente y la menor se vería forzada a regresar el próximo día. Es importante señalar que los mecanismos internacionales también protegen el derecho a la salud frente a cualquier objeción por parte de los prestadores de servicio, favoreciendo el derecho del/a paciente. Según estos organismos, la atención a servicios de salud sexual y reproductiva debe ser comprehensiva y fuera de prejuicios.
Los compromisos internacionales también plantean que los Estados deben de facilitar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva de forma asequible, y que los adolescentes tienen el derecho a la información y a la confidencialidad durante la prestación de estos servicios. En contraste, el video de Wayka muestra cómo la adolescente es informada que ella debería pagar por el condón en una farmacia.
Es importante que los padres apoyen y eduquen a sus hijos, también es imprescindible que los adolescentes tomen responsabilidad por sus decisiones, incluyendo las relaciones sexuales. En muchas situaciones, sin embargo, los padres no respaldan las decisiones y juzgan a sus hijos. Negar atención confidencial pone a estos menores en riesgo porque previene que estos acuden a solicitar servicios. Una adecuada y confidencial consejería va más allá de un cuidado de salud sexual y reproductiva; con un consejero, se pueden identificar situaciones de trata, abuso infantil, u otras situaciones dañinas.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de Salud también consideran a los derechos sexuales y reproductivas como parte del derecho humano a la salud integral. Según la OMS, la educación sexual contribuye a la toma de medidas saludables con respecto a la actividad sexual y disminuye la transmisión de VIH u otras infecciones de transmisión sexual. Múltiples estudios confirman que el uso de anticonceptivos no solo evita embarazos no deseados, también protegen contra las infecciones de transmisión sexual y pueden reducir la morbilidad y mortalidad materna y neonatal. La UNICEF, organismo internacional que defiende el derecho de menores, determinó que todos los adolescentes tienen el derecho al acceso a servicios de salud sexual y reproductiva.
Los servicios de salud sexual y reproductiva deben ser tratados como cualquier otro tipo de servicio de salud. Para el bienestar de las próximas generaciones, es importante aportar y proteger su acceso, especialmente con los adolescentes. Lo dice la ley del Perú y el derecho internacional.
