Un informe del Observatorio de Conflictos Mineros (OCM) da cuenta de que desde que se inició la emergencia sanitaria, los principales gremios empresariales desarrollaron una sistemática campaña de presión al gobierno, en primer lugar para que la paralización de las actividades no los afecte y luego, para flexibilizar al máximo los protocolos y las regulaciones necesarias para enfrentar los riesgos que plantea la pandemia.

Si bien desde el 15 de marzo el Gobierno emitió el Decreto Supremo N° 044-2020- PCM, que declara Estado de Emergencia por la COVID-19, la norma estableció el aislamiento social obligatorio o cuarentena para toda la población, a fin de evitar el contagio; y dispuso un conjunto de excepciones para garantizar ciertos servicios esenciales, entre ellos: el abastecimiento de alimentos, medicinas, así como la continuidad de los servicios de agua, saneamiento, energía eléctrica, gas, combustible, telecomunicaciones, limpieza y recojo de residuos sólidos y servicios funerarios. Entre estas excepciones no se encontraba el sector minero.

Frente a ello, -detalla el informe- la Confiep, a través de su presidenta, María Isabel León, ejerció una fuerte presión pública para que la minería no paralice sus actividades: “uno no puede pensar que los campamentos mineros se van a detener durante quince días porque paralizarían la actividad minera”, declaró León en varios medios de prensa al día siguiente de la declaratoria de emergencia nacional, el 16 de marzo.  Tan solo un día después, el 17 de marzo, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) acordaron incluir al sector minero en la lista de excepciones.

Luego del primer caso declarado en la empresa Cerro Verde (Arequipa), el día 26 de marzo, los casos positivos se fueron presentando en varias empresas en otras regiones como Pasco, Junín, Cusco, La Libertad, Ancash, Puno, Moquegua. Sin embargo, todas las alarmas se dispararon a fines de abril, cuando se informó que en la empresa Antamina 210 trabajadores habían dado positivo por coronavirus.

Desde entonces varias fases de protocolo han demostrado vacíos, según el Observatorio de Conflictos Mineros:

-Denuncias de trabajadores mineros de diferentes partes del país, recibidas por el Observatorio de Conflictos Mineros, indican que las cifras que se conocen corresponden principalmente a los trabajadores que mantienen una relación directa con la empresa minera titular de la operación. Es decir, no se estaría registrando los casos positivos de trabajadores mineros de empresas contratistas e intermediarias. El OCM señala que del conjunto de trabajadores que laboran en la minería formal, apenas alrededor de un 30% mantiene una relación contractual directa con la empresa minera; la gran mayoría son trabajadores de empresas contratistas o intermediarias que enfrentan los mismos o mayores riesgos de contagio.

-Se generó un falso dilema entre emergencia sanitaria y la necesidad de reactivación económica, pues el agravamiento de la epidemia representaba al mismo tiempo un costo importante para la economía del país y, en especial, la pérdida de un importante número de vidas humanas.

-No se ha aprobado ningún protocolo referido al desarrollo de las relaciones comunitarias por parte de las empresas extractivas.

-Otro aspecto preocupante es el de la fiscalización ambiental. “En el desarrollo de la coyuntura actual por el COVID-19, se han generado emergencias ambientales y aunque el OEFA [Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental] ha acudido a inspeccionarlas, no se cuenta con un protocolo público para la supervisión y fiscalización ambiental en este contexto de emergencia sanitaria, en que existe mucha dificultad de acceso a los territorios.