El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) está en la mira tras el derrame de petróleo que causó Repsol. Se le exige dureza a la institución, pero poco se ha hecho por fortalecerla.
Claudia Risco
La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) expresó su preocupación e indignación por el derrame de petróleo en las playas de Ancón ocurrido el pasado 15 de enero, sin embargo, desde el 2014 pretende dejar sin presupuesto a la institución que previene y regula este tipo de desastres: el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).
Una de las formas de limitar las facultades del OEFA es a través del dinero. Cuando recién fue creada, el ministerio del Ambiente tuvo que transferir dinero de su presupuesto. Al mismo tiempo, la transferencia de competencias del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) se dio sin recursos. Lo que hacía, para el abogado César Ipenza, prever una reducida posibilidad de que el OEFA ejerza su rol fiscalizador.
“El OEFA es un ente estatal que depende del presupuesto público y estos recursos solo permiten hacer una supervisión al año a cada operación minera. Aparte se hacen las supervisiones especiales, que se realizan cada vez que se presentan eventos de contaminación, denuncias o acompañamientos de fiscalización del Ministerio Público”, señala José López Soria, especialista del (OEFA) en entrevista a Ojo Público.
PAQUETAZO AMBIENTAL
Uno de los gobernantes que más debilitó las capacidades del OEFA fue Ollanta Humala con la promulgación, en julio de 2014, de la «Ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país», Ley 30230. En su artículo 19, la ley restringía la posibilidad de que el OEFA imponga multas a las empresas infractoras del medio ambiente. Esta situación duró cerca de 3 años y tenía la finalidad de “reactivar la economía”.
“Se comienza a debilitar la institucionalidad ambiental, se puso al OEFA en la congeladora durante un tiempo importante. Se estableció un régimen especial para que el OEFA privilegiara acciones orientadas a la corrección de la conducta infractora, al mismo tiempo, se limitó su capacidad de imponer sanciones por los incumplimientos detectados. Eso ha sido un elemento que afectó el desarrollo de este organismo. A esta medida se le conoció como «el paquetazo ambiental”, menciona el ex viceministro de gestión ambiental, José de Echave, a Wayka.
Esa ley formó parte del proceso para debilitar la institucionalidad en materia de fiscalización ambiental, pero no ha sido la única ofensiva que ha recibido el OEFA.
EL ATAQUE DE LAS MINERAS
Una de las formas en las que se sostiene económicamente el OEFA es a través del mecanismo denominado «aporte por regulación», por el cual las empresas reguladas destinan el 1% de sus ingresos a la institución. Este monto representa el 74% de los ingresos del organismo. Pero, desde el 2014, diversas empresas mineras miembros de la SNMPE, han presentado 33 recursos de amparo con el fin de suspender este aporte. En algunos casos estas demandas han llegado al Tribunal Constitucional.
“Las empresas sabían que trayéndose abajo el aporte por regulación iban a dejar sin recursos al OEFA y por lo tanto iba a dejar de operar. Repsol forma parte de ese mundo, el OEFA es visto como una suerte de enemigo que hay que buscar debilitar. Se le percibe como una suerte de trámite burocrático más, forma parte de todo el discurso de la tramitología que va en contra de la inversión, un discurso muy presente en los sectores empresariales que logro debilitar y limitar el desarrollo de la normativa ambiental”, sostiene de Echave.
MANOS CRUZADAS
Para Roger Merino, profesor de Derecho en la Universidad del Pacifico, lo que tenemos en general es una falta de regulación en diferentes temas, es decir, hay una ausencia de normativa que no permite que OEFA pueda ejercer sus funciones de manera más efectiva.
“Se tendría que empezar a reformar varias normativas en materia ambiental, el gobierno lamentablemente no lo tiene claro, no veo alguna propuesta para reforzar la institucionalidad ambiental. Uno es remediación ambiental, otra es ordenamiento territorial, también en el tema de la deforestación. No se ha hecho nada hasta ahora”, indica el catedrático.
La institucionalidad ambiental, de la que forma parte OEFA, seguirá en riesgo mientras las leyes respondan a intereses empresariales. Por ejemplo, el Informe técnico sustentatorio (ITS), instituido por el primer paquetazo ambiental (D. S. No 054-2013-PCM), permite aprobar cambios a los proyectos extractivos de manera expeditiva en 15 días y sin participación ciudadana.
El plan de Contingencia de Repsol, que señala los procedimientos para estar siempre preparados ante cualquier circunstancia, fue anexado a un ITS. Ello demostraría la correlación directa entre una débil regulación y escenarios de conflicto.