El CEDAW, Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU, reafirma que en la dictadura de Alberto Fujimori se violaron derechos de las mujeres, sobre todo indígenas y rurales, a través de las esterilizaciones forzadas. Además, condena retrasos injustificados en las investigaciones y pide que se implementen políticas efectivas de reparación.
Por Johana Perleche
Estado ineficiente y discriminador. El CEDAW de las Naciones Unidas emitió un fallo histórico en relación a las esterilizaciones forzadas ocurridas en el Perú entre 1993 y 2001. El dictamen señala que la política de esterilizaciones durante la dictadura de Alberto Fujimori constituye una violación de derechos humanos, violencia de género y discriminación contra mujeres indígenas, rurales y empobrecidas.
El comité emitió el fallo luego de evaluar la denuncia contra el Estado peruano presentada por María Elena Carbajal Cepeda, Gloria Basilio Huamán, Florentina Loayza Cárdenas, Rosa Loarte Sobrado y Elena Rojas Caballero, cinco de las más de 300 mil mujeres afectadas por las esterilizaciones forzadas realizadas.
El CEDAW concluyó que el Estado captó, mediante el uso de la violencia, engaños o coacción, a mujeres para esterilizarlas sin su consentimiento. Se consideró también el contexto sociocultural de las víctimas, que en su mayoría vivían en zonas rurales y no sabían leer ni hablar español, ya que no era su lengua materna. Se añade como agravante que estas mujeres no contaron con asistencia médica postoperatoria ni apoyo psicológico, lo que les ocasionó graves consecuencias en su salud física y mental.
María Ysabel Cedano, abogada de Demus que defiende casos de esterilizaciones forzadas como el de Mamérita Mestanza y Celia Ramos, sostiene que esta es una “victoria histórica de la lucha de las víctimas, afectadas y sobrevivientes de AMPAEF (Asociación de Mujeres Peruanas Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas) y otras asociaciones de víctimas de esterilizaciones forzadas. Una prueba más de lo que el fujifascismo representa en el país”.
El CEDAW observa con preocupación que, pese a que han pasado más de 20 años desde la comisión de los hechos, hasta la actualidad no se ha implementado un programa de reparación efectiva ni tampoco se ven esfuerzos por proponer un enfoque intercultural en el proceso. Las constantes trabas en el juicio, como el archivamiento, falta de información en lenguas maternas, entre otros, constituyen otra forma de violencia y revictimización a las sobrevivientes y familiares de las víctimas.
“El Comité toma nota de las dificultades que enfrentaron las autoras, mujeres rurales de escasos recursos y víctimas de esterilización forzada, para acceder a los recursos pertinentes en su momento, que el proceso penal no ha ofrecido garantía de reparación y que no disponen de ningún otro mecanismo judicial que permita su adecuada reparación”, sostienen.
CEDAW señala que el Estado peruano no ha justificado las presuntas dificultades en el proceso y que el último juicio se lleva a cabo desde 2016, hace 8 años. Por ello, concluye que se han excedido los plazos razonables y “en este caso, existe una certeza de que los recursos existentes fueron indebidamente prolongados y por lo tanto ineficientes”.

Al respecto, el comité de la ONU formula las siguientes recomendaciones:
- Acelerar las investigaciones con el fin de identificar y sancionar a los responsables de las esterilizaciones forzadas a prontitud.
- Implementar un programa de reparación integral, incluida una indemnización, para todas las mujeres incluidas en el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas.
- Indemnizar económicamente a las demandantes María Elena Carbajal Cepeda, Gloria Basilio Huamán, Florentina Loayza Cárdenas, Rosa Loarte Sobrado y Elena Rojas Caballero (víctimas de esterilizaciones forzadas), además de brindarles atención psicológica a ellas y a sus familiares.
Esterilizaciones forzadas: ¿Qué sigue luego del fallo de la comisión de la ONU?
Cedano sostiene que ahora el Ministerio de Justicia debe informar cómo y cuándo cumplirá con la política de reparación integral a las víctimas de las esterilizaciones forzadas, las indemnizaciones, reparaciones en salud, educación y otras. “El MINJUSDH debe cesar el desacato contra la sentencia judicial que le ordena reparar integralmente a las víctimas. El juez debe solicitar la intervención del Ministerio Público para las denuncias penales debido al incumplimiento. Ahora, el desacato e incumplimiento se agrava por el dictamen CEDAW, que refuerza el derecho a reparaciones integrales y la obligación estatal”, explica la abogada.
Resalta también que los dictámenes del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) son obligatorios. “El Estado peruano debe cumplir. La procuraduría general y especializada, el MINJUSDH, el MINSA, el MIMP, el Poder Judicial y el Ministerio Público deberán cumplir con las recomendaciones del CEDAW, indemnizar a las 5 denunciantes, adoptar y ejecutar una política de reparaciones integrales que considere la indemnización a las víctimas de esterilizaciones forzadas y por supuesto hacer justicia”, enfatiza.