La historia no debe ser reescrita en favor de los que delinquieron. Durante la dictadura de Alberto Fujimori, entre 1995 y 2001, se violaron los derechos de más de 8 mil mujeres, en su mayoría quechuahablantes y empobrecidas, quienes fueron sometidas a esterilizaciones en contra de su voluntad. Muchas murieron durante el proceso y las que sobrevivieron siguen sin encontrar justicia.

Por Johana Perleche

“Me tumbaron en la camilla, me amarraron las manos, los pies con un jebe”. «Me abrieron la barriga cuando aún no estaba dormida». “Más de tres meses estuve sin poder levantarme de la cama, sin poder estirar las manos ni para comer. Abrumada por mis males he pensado en suicidarme”. Estos son solo algunos de los testimonios de mujeres víctimas de esterilizaciones forzadas. 

En seis años, desde 1995 al 2001, periodo de gobierno dictatorial de Alberto Fujimori, más de 272 mil mujeres y 22 mil hombres fueron esterilizados como parte del mal llamado Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (PNSRPF), que en realidad consistió en una práctica sistemática de control de población, racismo y violación de derechos de la mujer. 

Muchas mujeres acudían a establecimientos de salud con engaños del personal médico, quienes les decían que debían realizarse un chequeo de rutina. Una vez allí eran amenazadas y sometidas a esterilizaciones forzadas en contra de su voluntad o sin su conocimiento. Si bien se desconoce el número exacto de operaciones sin consentimiento legítimo e informado, en el Registro Oficial de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (REVIESFO) del Ministerio de Justicia, actualmente se reportan más de 8 mil denuncias. Este número podría ser mayor debido al subregistro de personas que fallecieron o, que por temor, no denunciaron. 

Alberto Fujimori, hasta el último día que estuvo con vida, negó su responsabilidad en el caso de esterilizaciones forzadas, señalando que solo se trató de un programa de planificación familiar, aunque las pruebas y testimonios de víctimas refieran lo contrario.

El exdictador tenía en curso una investigación penal por este delito de lesa humanidad, que se dio gracias a la resolución de un alto tribunal chileno (de donde fue extraditado tras huir del Perú a Japón) que encontró “presunciones fundadas” de que Fujimori impulsó una política de planificación familiar masiva.

Este fue “un sistema de anticoncepción quirúrgica respecto de mujeres de estratos socioeconómicos bajos, de zonas rurales, o urbanomarginales y de pueblos indígenas, a través de la imposición de metas, cuotas de captación de pacientes, incentivos y sanciones a funcionarios de la salud, que se tradujo en prácticas que pasaron por alto el debido consentimiento informado de quienes eran sometidas a dicha técnica invasiva”, sostuvo.

Ahora que ha fallecido, el mismo día que el cabecilla de Sendero Luminoso Abimael Guzmán, este proceso quedará cerrado en la parte que corresponde a su responsabilidad personal. Sin embargo, ello no quiere decir que se le haya declarado inocente, sino que, al haber muerto, se extinguen todas las investigaciones que no tengan una sentencia firme, como el de las esterilizaciones forzadas.

«La muerte de Fujimori causa el sobreseimiento del proceso de ampliación de extradición de Fujimori ante la Corte Suprema de Chile, pero los procesos penales por este caso siguen porque Fujimori no es el único denunciado», explica María Ysabel Cedano, abogada de Demus que acompaña a las víctimas Mamérita Mestanza y Celia Ramos Ramos en el proceso por las esterilizaciones forzadas.

Las investigaciones por esterilizaciones forzadas continúan su curso 

El hecho de que Alberto Fujimori, mayor responsable político de las esterilizaciones forzadas, haya muerto y el juicio contra él ya no pueda llevarse a cabo, no significa que el caso en general quede cerrado o archivado. “El caso penal de esterilizaciones forzadas sigue porque Alberto Fujimori no es el único denunciado por la Fiscalía. Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga (entonces ministros de Salud) siguen en calidad de denunciados”, resalta la abogada a Wayka. 

Asimismo, sigue en curso el caso de Celia Ramos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el que se denuncia al Estado peruano por este caso de esterilización forzada. Al haber sido aceptado en agosto de 2023 se marcó un precedente que ayudará al esclarecimiento y reparación en favor de Celia Ramos, su familia y todas las mujeres que sufrieron debido a una política estatal cruel y sistemática. 

Cabe recordar que, a principios de 1997, Celia acudió a un puesto de salud en búsqueda de atención odontológica y desde entonces fue hostigada para que se realizara una ligadura de trompas. Falleció 19 días después de ser forzada a una esterilización en julio de ese mismo año, igual como ocurrió con Mamérita Mestanza, una mujer campesina indígena de Cajamarca, que murió días después de someterse a una esterilización quirúrgica, presionada por el personal de salud local que alegaba la existencia de una ley que penalizaba a quienes tuvieran más de 5 hijos

“El crimen de lesa humanidad de esterilizaciones forzadas cometido por Fujimori no puede quedar en el olvido y es lamentable que el mayor responsable no haya sido juzgado. Nuestro compromiso con las víctimas seguirá hasta lograr verdad, justicia y reparaciones integrales”, sostiene la abogada de Demus.  

¿Qué fueron las esterilizaciones forzadas?

Entre 1996 y 2001, en el Perú se llevó a cabo el llamado Programa Nacional de Planificación Familiar, impulsado por el gobierno dictatorial de Alberto Fujimori. Datos de la Defensoría del Pueblo señalan que se realizaron más de 272 mil ligaduras de trompas y más de 22 mil vasectomías. Desde ese número ya se puede observar una brecha de género, en las que las  mujeres y sus cuerpos fueron utilizados como instrumentos políticos de control y despojados de sus derechos. 

“La administración de Fujimori en el Perú promovió una política tradicional Maltusiana de población, es decir antinatalista, que ponía el desarrollo económico nacional por encima de los derechos humanos de las mujeres. El programa de planificación familiar en el Perú, bajo la administración de Fujimori, es un caso más del uso instrumental de la mujer”, sostiene en un artículo Christina Ewig, doctora en Ciencias Políticas especializada en género y desarrollo internacional y política de salud. 

Ewig entrevistó a un exfuncionario que prefirió mantenerse en el anonimato, quien contó cómo Eduardo Yong Motta, ministro de Salud de Fujimori, contactaba semanalmente a los encargados del programa de salud sexual y reproductiva para verificar que cumplieran con cuotas de esterilizaciones. Además, señaló que tanto Yong Motta como el mismo Alberto Fujimori se reunían con los directores subregionales del sistema de salud nacional para promover las esterilizaciones quirúrgicas a nivel local. “Si las cuotas de esterilización no se alcanzaban, estos empleados arriesgaban perder sus trabajos. Además, los trabajadores recibían incentivos financieros para alcanzar o superar las cuotas fijadas en las campañas locales de esterilización”, manifiesta la investigadora. 

El programa se desplegó como una forma de control poblacional diferenciado, ya que fue claramente racista, clasista y discriminatorio, al enfocarse principalmente en mujeres indígenas que vivían en zonas rurales, tenían poca o ninguna educación formal, vivían en situación de pobreza y hablaban lenguas originarias. 

El hecho de colocar la planificación familiar dentro de una “lucha más amplia contra la pobreza” hizo evidente que Fujimori entendía la planificación familiar a la fuerza como un perverso medio de reducción de la pobreza y control de la natalidad racista y misógino. 

“El objetivo era acabar con los indígenas, con los pobres, pero no acabar con la pobreza, sino acabar con las personas, con los nacimientos. Ahí está la violación de derechos, el racismo, la discriminación”, sostiene firmemente María Esther Mogollón, vocera de Asociación de Mujeres Peruanas Afectadas por Esterilizaciones Forzadas. 

Alberto Fujimori, dictador sentenciado por violación de derechos humanos y corrupción, murió este 11 de septiembre, mismo día que su par genocida Abimael Guzmán. Aunque en el caso de esterilizaciones forzadas no se le dictó sentencia, al seguir el juicio en curso, las pruebas de su culpabilidad han sido recogidas en innumerables ocasiones. Además, el Estado peruano sigue siendo juzgado por este delito de lesa humanidad en cortes internacionales de derechos humanos. 

Por la memoria de las víctimas de su régimen autoritario y asesino, la historia debe recordarlo como lo que fue, el responsable directo de la muerte de personas, de familias y futuros. Y no intentar reescribir su nombre.