El colegiado B de la Sala Penal Nacional integrado por los magistrados Otto Vera Pinto y Carlos Alfonzo Payano ordenó un nuevo juicio por el caso Manta y Vilca en el que se encuentran acusados de violaciones sexuales sistemáticas durante el conflicto armado interno 14 militares en agravio de nueve mujeres de las comunidades huancavelicanas de Manta y Vilca.

Aunque la defensa de las víctimas solicitó que la jueza Emperatriz Pérez Castillo, quien presidía el juicio, fuera recusada, el pedido del Instituto de Defensa Legal (IDL) no fue aceptado. Tampoco la recusación que tachaba a todo el tribunal por revictimización y no admitir pruebas de las víctimas.

La jueza Pérez Castillo se encuentra involucrada en los audios que revelarían tráfico de influencias en la presunta red criminal del expresidente de la corte chalaca Walter Ríos. No solo es mencionada en un audio entre Ríos y su esposa, sino que un colaborador eficaz ha señalado en la investigación fiscal sobre ‘Los cuellos blancos del puerto’, que el empresario Mario Mendoza “ayudó a Carlos Marcial Masiel, Willy Gonzales, Emperatriz Pérez Castillo, Martín Hurtado Reyes, Aldo Figueroa, con sus influencia ante Guido Aguila (exconsejero CNM) para que sean nombrados jueces”.

La designación de Pérez Castillo en el Callao se publicó el 29 de noviembre del 2016 y el 1 de diciembre con su voto –según investigación periodística de Cuarto Poder-, él obtuvo lo que quiso.

HABLAN LAS VÍCTIMAS

Enterada de la orden de nuevo juicio, una de las víctimas señalo: “Yo como mujer víctima me siento fuerte para declarar nuevamente y contar lo que nos ha pasado, lo que hemos vivido. Estoy emocionada porque, ciertamente, el juicio que hemos tenido, no ha sido bueno. Los magistrados no nos atendían bien, a mis compañeras las han humillado y parecían que favorecían a los acusados. Todo eso ha sido indignante. El nuevo juicio con nuevas autoridades espero que nos escuchen”.

Cynthia Silva, abogada de DEMUS, que patrocina a tres de las víctimas, dijo que «el nuevo tribunal debe determinar la responsabilidad penal de estos militares sindicados como agresores, en delitos que en el marco del conflicto armado adquieren condición de delitos de lesa humanidad; por todo ello, esperamos que una sentencia justa y proporcional al daño producido que garantice la pena correspondiente y una reparación civil integral”.