Redacción Wayka
Los grandes ausentes en los debates, propuestas y discursos de Keiko Fujimori y Pedro Castillo son la educación sexual integral y el enfoque de género. Con posturas conservadoras respecto a estos temas, los avances en materia de prevención de las violencias y desigualdades de género están en jaque durante los próximos 5 años.
Esto a pesar que en 2020, los Centros de Emergencia Mujer atendieron 114 mil 495 casos de violencia contra las mujeres. De ellos, 13 mil 843 son denuncias por violencia sexual; de las cuales, 35 mil 661, corresponden a niñas y adolescentes mujeres. Y, según el Ministerio de Salud, se registraron 1 179 partos de niñas menores de 14 años víctimas de violación.
Al respecto, Elga Prado, coordinadora del programa Sexualidad y Autonomía Física del Movimiento Manuela Ramos, señala que ninguno de los candidatos tenga propuestas claras respecto a estos temas es «desconocer los tímidos avances que se han dado en políticas públicas para la igualdad de género en el país».
«Obviar la Educación Sexual Integral es ignorar problemas cruciales que afectan a la niñez y la adolescencia en el país, teniendo en cuenta que la violencia de género es uno de los problemas que enfrentan niñas, niños y adolescentes», enfatizó la vocera de Manuela Ramos en conversación con Wayka.
Silencios y cero propuestas.
El plan de gobierno de Keiko Fujimori no incluye ninguna propuesta sobre educación sexual ni enfoque de género. De hecho, en reiteradas declaraciones ha dejado en claro su postura conservadora respecto respecto a los derechos sexuales y reproductivos en temas como acceso al aborto, así sea por violación.
En similar vacío se encuentra la propuesta de Pedro Castillo, quien ya ha declarado en medios de comunicación que el enfoque de género no será prioridad en su gobierno y que, respecto al acceso al aborto, lo someterá a consideración de una Asamblea Constituyente.
Durante el debate presidencial, ambos candidatos tampoco se pronunciaron al respecto ni mencionaron propuestas que aborden las problemáticas de violencia de género, violencia sexual y educación sexual. Para las organizaciones civiles, gane quien gane, los próximos cinco años serán un reto.
«Los próximos años serán de mucho trabajo, de demanda vigilante de la sociedad civil sobre las acciones del Gobierno para no retroceder en las políticas públicas que se sustentan en el derecho de las mujeres, niñas y adolescentes a una vida en igualdad y sin violencia, y que constituyen compromisos de Estado», comentó Prado.
Derechos en jaque
En este escenario, organizaciones civiles integradas en la ‘Alianza ¡Sí Podemos!’ exhortaron a Pedro Castillo y Keiko Fujimori a respetar y garantizar la educación sexual integral, el enfoque de género y la lucha contra la violencia de género que afecta los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Mediante un pronunciamiento demandaron que ambos candidatos, de llegar al Poder Ejecutivo, garanticen un Estado que respete los derechos humanos de las poblaciones vulnerables, luchar contra la violencia de género, e implementar una educación sexual laica y científica que no esté “sesgada con ideologías religiosas”.
Además, rechazaron cualquier accionar político que pretenda desmantelar las políticas de igualdad de género y el enfoque de género del Currículo Nacional de Educación Básica. Sobre esto último, la Corte Suprema señaló que este enfoque “no puede estar desvinculado de la educación (…) pues es una herramienta fundamental para erradicar la desigualdad”.
«La educación sexual no solo es un componente básico de una educación de calidad y que apunta a la formación de ciudadanas y ciudadanos que se reconocen en sus derechos y en su capacidad de relacionarse con sus pares en igualdad y sin violencia, sino que también hace parte de una educación con enfoque de género, interculturalidad y derechos humanos», agregó Elga Prado.
Wayka ha documentado las historias de 3 colegios que lograron reducir los embarazos adolescentes y prevenir los casos de violencia al implementar la educación sexual integral en toda su currícula escolar. Se trata de los colegios públicos Benito Juárez (San Juan de Lurigancho), El Nazareno (San Juan de Miraflores) y Faustino Sánchez Carrión (Ayacucho).