Pedido al APCI del congresista Cueto contra organismos de derechos humanos es ilegal y abusivo

El intento del congresista de ultraderecha José Ernesto Cueto Aservi de activar un procedimiento sancionador contra el Instituto de Defensa Legal (IDL) y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) ha desatado una alerta dentro y fuera del país. A través de un oficio remitido a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), Cueto acusó a ambas organizaciones de presunto “uso indebido” de recursos de cooperación internacional tras solicitar la elección de un nuevo Fiscal de la Nación en reemplazo de Tomás Gálvez Villegas, magistrado cuestionado por su vinculación con el caso “Cuellos Blancos”.

La solicitud de Cueto se apoya en una interpretación amplia de la modificatoria de la Ley 32301 —que regula la supervisión de fondos de cooperación internacional— y que es señalada por especialistas como un mecanismo que amplía el control del Ejecutivo y el Congreso sobre la sociedad civil.

Abuso de poder y amedrentamiento

IDL respondió de inmediato con un pronunciamiento en el que catalogó el pedido del congresista como ilegal, inconstitucional y abusivo. La organización alertó que Cueto pretende convertir la Ley APCI “en un garrote” contra las ONG que fiscalizan la corrupción y defienden la democracia. En su comunicado, IDL recordó que la Constitución peruana garantiza el derecho a la libre expresión, a la participación en la vida pública y a la formulación de peticiones dirigidas a las autoridades, por lo que exigir una sanción por ejercer estos derechos representaría una vulneración grave de libertades fundamentales.

La CNDDHH también rechazó la solicitud, señalando que el oficio de Cueto busca deslegitimar y desacreditar el trabajo de las organizaciones de derechos humanos. La Coordinadora enfatizó que su pronunciamiento sobre la situación de Tomás Gálvez no forma parte de ningún proyecto financiado por cooperación internacional, sino de su mandato histórico de vigilancia ciudadana, transparencia y defensa del Estado de derecho. Asimismo, advirtió que la maniobra del congresista coincide con un clima político que pretende acallar voces críticas y debilitar la institucionalidad democrática.

Preocupación internacional por el uso político de la Ley APCI

Según estándares señalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe “Criminalización de la labor de defensores y defensoras de derechos humanos en las Américas” (2019), este tipo de mecanismos administrativos pueden convertirse en herramientas de hostigamiento estatal, y las maniobras impulsadas por el congresista Cueto se asemejan a estos patrones ya documentados en países donde se busca criminalizar la vigilancia ciudadana mediante controles excesivos o sanciones arbitrarias.

El caso también pone en evidencia el riesgo de instrumentalizar a la APCI para fines políticos, una preocupación que IDL y la CNDDHH reiteraron. Ambas organizaciones recordaron que la agencia no tiene competencia para evaluar o sancionar expresiones de crítica institucional ni pronunciamientos públicos dirigidos a garantizar la independencia del sistema de justicia.

“El pedido del congresista Cueto busca acallar las voces críticas frente a investigaciones por presuntos actos de corrupción”, señaló la CNDDHH en su comunicado, subrayando que la libertad de expresión y la vigilancia del poder no pueden ser objeto de sanción.

Como se recuerda, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló que la Ley Apci podría afectar la libertad de asociación y expresión.

Por este motivo, y otros hechos, en el mes de julio, diversos organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, en una audiencia pública ante la CIDH, ya habían solicitado la inclusión de Perú en el Capítulo IV.B del Informe Anual de la CIDH.

Este nuevo acontecimiento, de prosperar, podría significar que el país ingrese a esa categoría internacional. Esto puede significar que, ante la comunidad internacional, se reconoce que en el país se cometen graves violaciones a los derechos humanos en un contexto de fuerte crisis democrática.

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