Perú: el Estado, principal agresor de la prensa en el 2024
El Informe Sombra 2024 sobre la Libertad de Prensa en América Latina, elaborado por la Red Voces del Sur, revela que Perú atraviesa un escenario de hostigamiento estructural hacia el periodismo, donde el Estado se consolidó como el principal agresor, en el año 2024. Según el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), responsable del capítulo nacional, el 85,1% de las alertas registradas en 2024 provino de actores estatales, un incremento de 23,8 puntos porcentuales respecto al año anterior.
El informe documenta 52 alertas en el país, marcadas por proyectos de ley restrictivos, procesos judiciales y ataques desde el poder político. Entre las propuestas más preocupantes, destaca el aumento de penas por difamación hasta seis años de prisión efectiva y la colegiatura obligatoria para periodistas, medidas que el IPYS considera contrarias a los estándares internacionales de libertad de prensa. Lima concentró el 75% de las agresiones, aunque el organismo advierte un subregistro en regiones afectadas por la autocensura y la falta de denuncia.
Los discursos estigmatizantes contra el periodismo se quintuplicaron respecto al año anterior, pasando de una alerta en 2023 a cinco en 2024. “El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, se posicionó como uno de los principales promotores de esta narrativa anti-prensa, con reiteradas descalificaciones —como ‘prensa caviar’ y ‘prensa corrupta y vendida’— orientadas a desacreditar a medios y erosionar su credibilidad, una estrategia replicada por voceros del Ejecutivo”, señala el informe. Paralelamente, las restricciones al acceso a la información aumentaron seis veces, al pasar de una alerta en 2023 a siete en 2024, consolidando un patrón de opacidad institucional. “Un caso ocurrió cuando el presidente del Congreso, Alejandro Soto, prohibió el ingreso de la prensa a la sesión de la comisión permanente. Esta decisión arbitraria y deliberada evidencia el uso sistemático del poder para limitar el acceso a información de alto interés público”
El uso del sistema judicial como herramienta de silenciamiento también creció: 14 procesos civiles y penales contra periodistas fueron registrados, el doble que en 2023. Un caso emblemático es el de Paola Ugaz, quien enfrenta siete procesos simultáneos por investigar abusos dentro del Sodalicio de Vida Cristiana. El informe describe su situación como un “ejemplo de censura por desgaste”, donde el poder político y judicial busca agotar emocional y económicamente a las y los periodistas.
Comparación regional: una tendencia de represión estatal en aumento
La situación peruana no es un hecho aislado. El Informe Sombra 2024 documentó 3 766 alertas de violencia contra la prensa en los 17 países monitoreados, con los Estados como principales agresores. En contextos de democracias en retroceso —como El Salvador, Guatemala y Paraguay—, la persecución judicial y la estigmatización mediática se han sofisticado como formas de censura institucional.
Si bien Perú no registra los niveles de letalidad de México, Honduras o Colombia, donde se reportaron asesinatos y torturas de comunicadores, comparte una tendencia preocupante: el uso abusivo del aparato estatal y judicial para intimidar y silenciar la crítica. De hecho, el informe señala que América Latina vive una “autocratización extendida”, con siete países —entre ellos Perú— en retroceso democrático, según el Varieties of Democracies Report 2025.
Un panorama de riesgo para la prensa libre
El Informe Sombra 2024 concluye que el periodismo peruano se desenvuelve en un entorno “adverso y asfixiante”, agravado por la naturalización del riesgo y la autocensura. IPYS alerta que estas tendencias podrían intensificarse de cara a las elecciones de 2026 y exige al Estado la activación inmediata del Mecanismo de Protección para Periodistas, junto con el rechazo a toda legislación restrictiva.
El informe destaca que Lima concentró el 75% de las alertas, debido no solo a su densidad poblacional sino a lo que el IPYS describe como un subregistro de casos en regiones. En zonas fuera de la capital, la autocensura y el temor a represalias impiden que muchas agresiones se denuncien, generando un efecto de silencio informativo. Además, cubrir temas de corrupción o crimen organizado vinculados a la minería ilegal y el narcotráfico supone un riesgo directo para la integridad física de las y los periodistas, lo que refuerza los llamados “desiertos informativos” y debilita el derecho ciudadano a la información.
Aunque el informe no registró casos específicos de violencia basada en sexo u orientación sexual durante 2024, IPYS advierte que las mujeres periodistas enfrentan formas diferenciadas de violencia, particularmente quienes investigan casos de poder y corrupción. Estas agresiones, cada vez más frecuentes, incluyen insultos sexistas, comentarios sobre la apariencia física o su rol como madres, y amenazas explícitas de violencia sexual, como “te vamos a violar”. Este patrón —según el informe— busca desmoralizar y deslegitimar el trabajo periodístico de las mujeres, configurando una forma de censura estructural basada en el género.
Según el documento, en un continente donde cada 26 días muere un periodista y donde los gobiernos democráticos replican prácticas autoritarias, la advertencia es clara: la libertad de prensa sigue siendo un derecho en riesgo.
Cifras que alertan en el 2025
Para el año 2025, las cifras y casos sobre agresiones que se conocen hasta el momento, alertarían sobre un aumento considerable de la violencia estatal contra la prensa en nuestro país.El Consejo de la Prensa Peruana, solo en septiembre del 2025 documenta varios casos críticos. Durante las protestas contra el actual régimen de Dina Boluarte y el Congreso, cerca de 20 periodistas resultaron heridos , y se registraron denuncias de que la de que efectivos policiales dispararon perdigones contra algunos de ellos, además de registrarse robos de equipos e intimidación. Un ejemplo concreto es el del periodista independiente Jorge Ballón, quien relató que un policía lo empujó y, tras una protesta, lo amenazó: «me metió cabe, me empujó y me fui de espaldas. Luego pateó mi celular [con el que estaba grabando] y me volvió a empujar», relata el documento. Estas agresiones directas, junto con amenazas de muerte como las del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, contra el periodista Gustavo Gorriti («hay que ‘cargarse a Gorriti’,» que en jerga peruana implica matar), evidencian un ambiente hostil donde la integridad física y la vida de los periodistas están en riesgo.
Por su parte, la Asociación Nacional de Periodistas, hacia el 02 de octubre, advierte que en el 2025, ya tiene documentado el asesinato de dos periodistas y más de 200 agresiones contra la prensa en diferentes regiones del país, entre ellos, el abuso policial cometido contra nuestro reportero, Juan Zapata.
Por: Silvia Bardales Q.
