La Asociación Integridad por el Perú, encabezada por el empresario y exvicepresidente de Asuntos Legales y Corporativos en Intercorp Retail, Jorge Lazarte Molina, realizó una serie de donaciones de equipos a la Policía Nacional del Perú (PNP).  Desde el Congreso, se solicitó que la Fiscalía inicie una investigación a esta asociación civil. Abogados especialistas opinan si estas acciones podrían configurar delito de corrupción de funcionarios. 

Por Jair Sarmiento

En el régimen militar y autoritario de Dina Boluarte, la Policía Nacional del Perú (PNP) es una de las instituciones más cuestionadas por su historial de represión y violencia. Hasta la fecha, ya van 47 civiles asesinados durante las protestas que exigen la renuncia de Boluarte, cierre del Congreso y Asamblea Constituyente. A pesar de ello, esta entidad recibe donaciones  de empresarios y ciudadanos opositores a las marchas contra el gobierno. 

Integridad es una asociación, fundada recientemente por el empresario Jorge Lazarte Molina y se hizo conocida en el 2022 por promover las marchas por la vacancia del expresidente Pedro Castillo. En aquel tiempo, Wayka realizó un reportaje en donde se reveló que las empresas del exvicepresidente de Asuntos Legales y Corporativos en Intercorp Retail, no cumplen con pagar deudas al Estado.

Hoy Lazarte, cercano a Carlos Rodríguez Pastor —el hombre más rico del Perú que estuvo investigado por presuntos aportes a la campaña del 2011 de Keiko Fujimori—, vuelve al circo coyuntural de la élite limeña para mostrar su apoyo a la PNP. ¿Cómo? A través de donativos que atentaría contra lo que dicta el Código Penal (CP).

A través de redes sociales, Lazarte difundió fotografías en donde se le puede observar donando equipos (cascos antimotines y escudos) a efectivos policiales, y estos recibiendo tales ofrecimientos. 

Para el abogado penalista Andy Carrión, se estaría cometiendo un presunto cohecho, un delito bilateral  donde participan dos partes; la parte ofertante y la parte aceptante, quien ofrece y quien acepta, y en el Código Penal se sanciona a ambas. 

“Si nos concentramos en el donativo a un miembro de las fuerzas policiales para que realice un acto propio de su función, también configura un delito de cohecho que está recogido en el artículo 397 del CP”, señala el abogado.

El cohecho también es un delito de corrupción de funcionarios. De acuerdo al portal lpderecho.pe es “la acción del funcionario o servidor público de consentir lo que un particular [o persona externa al servicio público] le ofrece (donativo, promesa o cualquier ventaja) para realizar u omitir un acto en violación de sus obligaciones”. Si el funcionario acepta y es el que recibe, entonces se denomina cohecho pasivo; mientras que la persona que ofrece se configura cohecho activo. 

De igual modo, Carrión menciona que en el artículo 398-A del CP se detalla, aún más, el cohecho activo, el cual señala que “el que, bajo cualquier modalidad, ofrece, da o promete a un miembro de la Policía Nacional donativo o cualquier ventaja o beneficio para que realice u omita actos propios de la función policial, sin faltar a las obligaciones que se derivan de ella, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años”.

En tal sentido, el experto menciona que las entidades correspondientes deberían investigar. En primer lugar, a nivel administrativo, la Inspectoría de la PNP, y en segundo lugar, la Fiscalía “si es que ellos advierten al menos una sospecha inicial, siempre existe, al menos yo creo que sí existe un nivel de sospecha”, agrega.

Para el abogado penalista Luis Castillo, este es un hecho cuestionable ya que la PNP tiene su propia sostenibilidad económica, pero no sería delito ya que estos personajes del sector privado utilizan la legalidad de las  asociaciones para realizar donativos a instituciones públicas, con el fin de evitar ser acusados por cohecho. En tal sentido, señaló que existen antecedentes como cuando la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc) donó 109 vehículos a la PNP para reforzar tareas de patrullaje.

El letrado mencionó que debería existir una relación funcional en donde haya un beneficio para ambas partes, pero no lo hay, aunque precisó que salvo que se tenga evidencia que el representante use esta asociación como fachada para obtener un beneficio, pues, ahí sí configuraría como delito.

Lazarte, en entrevista con Nativa, mencionó que “no le ha donado a funcionarios sino a las instituciones”, sin embargo, el abogado penalista menciona que aun así se debería investigar.

Al cierre de la nota, la Inspectoría de la PNP evitó responder por este hecho con el argumento de que el personal policial “se encuentra abocado a funciones propias por la actual coyuntura social y el estado de emergencia”. 

Por otro lado, la Fiscalía indicó a Wayka que “se realizarán las diligencias que correspondan”. Cabe agregar que desde el Congreso de la República, la legisladora Isabel Cortez envió un oficio a esta entidad para que inicie investigación a la asociación que preside Jorge Lazarte “por compras de miles de soles al contado para «donativos» con fines cuestionables a la Policía”, señala el tuit de la congresista.

Wayka se contactó con el empresario Jorge Lazarte y este respondió con un sticker de whatsapp; además de realizar una publicación en Twitter, burlándose de la consulta sin responder el pedido.  

Parcialidad en la Fiscalía

Sobre las acciones  de la Fiscalía para investigar a dirigentes o personas detenidos en los contextos de protesta y que han sido acusados por supuesto financiamiento, el abogado Andy Carrión menciona que hay una “parcialidad” evidente por parte de la entidad pública, ya que  esto no es ilícito, porque e no se está financiando daños o disturbios, sino medicamentos, comidas y pasajes para manifestantes.

Sin embargo, le llama la atención que este trato no se de cuando empresarios financian ‘marchas por la paz’. “¿Por qué los ricos sí pueden financiar protestas y promover manifestaciones y los pobres no?”, cuestiona.