Plaguicidas en el Perú: Riesgos poco discutidos y el tránsito hacia sistemas agroecológicos
Por Silvia Bardales
En el Perú, el debate sobre el uso de plaguicidas en la agricultura suele plantearse como una dicotomía: productividad versus seguridad alimentaria. Sin embargo, detrás de esta narrativa se esconde un problema más profundo y persistente que afecta directamente la salud pública, el derecho de los consumidores a una alimentación segura y la sostenibilidad de los ecosistemas. Diversos monitoreos ciudadanos, investigaciones periodísticas y advertencias de especialistas coinciden en un punto clave: millones de peruanas y peruanos consumen a diario alimentos con residuos de agroquímicos por encima de los límites permitidos, sin información suficiente ni una fiscalización estatal efectiva.
Esta situación no es nueva, pero tampoco ha sido resuelta. Por el contrario, se ha normalizado en el mercado interno, mientras el Estado concentra sus mayores esfuerzos de control en los productos destinados a la agroexportación.
Un problema de salud pública invisibilizado
Desde hace más de diez años, organizaciones de la sociedad civil vienen impulsando monitoreos ciudadanos para analizar la presencia de plaguicidas en frutas y verduras de consumo cotidiano. Estas iniciativas, que agrupan a más de 20 organizaciones, han logrado poner en evidencia una problemática estructural.
Jaime Delgado, defensor de los consumidores y autor de la Ley de Alimentación Saludable, sostiene que el país enfrenta “un serio problema de salud pública que afecta a todos los peruanos”. Según explica, el consumo de alimentos con exceso de agroquímicos no es voluntario ni informado: “La ciudadanía viene consumiendo de manera inadvertida e involuntaria productos con residuos ilegales que están causando daños a la salud, mientras las autoridades no hacen lo necesario para resolver este problema”.
Los monitoreos han detectado residuos de plaguicidas altamente peligrosos en productos que llegan a mercados y supermercados, incluso en aquellos destinados a la alimentación infantil. Investigaciones periodísticas difundidas por Salud con lupa documentaron que, tras cuatro monitoreos consecutivos, los pesticidas “siguen en tu mesa”, evidenciando la ausencia de correctivos estructurales por parte del Estado.
Delgado señala que uno de los principales vacíos está en el diseño del sistema de fiscalización. “El Senasa tiene un rol fuerte en el control de los productos de exportación y cuenta con laboratorios acreditados. Pero los alimentos que se quedan en el mercado local dependen de las municipalidades, y ninguna municipalidad del país ha hecho controles sistemáticos”, advierte.
Las consecuencias para la salud
Los impactos del consumo prolongado de plaguicidas van más allá de intoxicaciones agudas. De acuerdo con Delgado, muchos de los agroquímicos utilizados en el país son disruptores endocrinos, es decir, sustancias que interfieren con el sistema hormonal.
“Estamos hablando de riesgos como infertilidad, cáncer y enfermedades neurodegenerativas. Hoy, una de cada seis personas es infértil. No es casualidad que existan tantas clínicas de fertilidad. Estamos introduciendo sustancias químicas tóxicas en nuestra microbiota y alterando el equilibrio del organismo”, explica.
Estos efectos han sido advertidos también por organismos internacionales. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que la exposición crónica a ciertos plaguicidas está asociada a enfermedades graves, especialmente en poblaciones vulnerables como niñas, niños, gestantes y trabajadores agrícolas.
¿Plaguicidas mal utilizados?
Desde una mirada técnica, el ingeniero agrónomo Javier Vásquez Castro, profesor principal del Departamento de Entomología de la Universidad Nacional Agraria La Molina, reconoce que los plaguicidas han cumplido un rol histórico en la agricultura moderna. “A nivel mundial, las plagas generan pérdidas que oscilan entre el 10 % y el 28 % de la producción agrícola”, explica, citando estimaciones de la FAO y la OMS.
Vásquez sostiene que el problema central no es el uso de plaguicidas en sí, sino su aplicación inadecuada. “Los productos autorizados por el Senasa, regulados bajo estándares del Codex Alimentarius, son seguros si se respetan las dosis, los periodos de carencia y las Buenas Prácticas Agrícolas”, afirma.
No obstante, incluso desde esta posición, el especialista reconoce que la falta de capacitación, la informalidad y la escasa fiscalización en el campo generan riesgos reales para la salud de los consumidores, sobre todo en el mercado interno, donde los controles son mucho más laxos que en la agroexportación.
Agroecología: una alternativa desde los territorios
Desde una postura crítica al modelo agrícola convencional, Ángel Villavicencio Durán, director de FOVIDA, en una entrevista para Wayka plantea que el problema no puede analizarse únicamente desde la productividad. “Desde el Estado existe muy poca inversión en investigación sobre sistemas agroecológicos. La mayor parte de las políticas públicas sigue orientada a la agricultura convencional, elevando la producción, pero deteriorando la calidad de los alimentos y afectando la salud”, sostiene.
Villavicencio señala que los propios monitoreos ciudadanos y los datos oficiales demuestran que se están sacrificando la seguridad y la soberanía alimentaria. “No es cierto que la agroecología ponga en riesgo la seguridad alimentaria. En los procesos de transición, la productividad puede disminuir al inicio, pero en un promedio de tres años se recupera y se estabiliza en niveles similares a la agricultura convencional, con alimentos más sanos”.
La agroecología, explica, se basa en sistemas agrobiodiversos, recuperando cultivos ancestrales como el tarwi, la cañihua, la kiwicha y frutas nativas de alto valor nutricional. “El Perú no es un país de monocultivos. Nuestra fortaleza histórica ha sido la diversidad, que hoy se está sacrificando frente a modelos de agroexportación intensivos”, advierte.
Impactos ambientales y modelo agroexportador
Desde FOVIDA también alertan sobre los impactos ambientales del actual modelo agrícola. Villavicencio menciona la sobreexplotación del agua en regiones como Ica, la salinización de suelos y la dependencia de grandes cantidades de insumos externos.
“El avance de los monocultivos requiere enormes volúmenes de agua y agroquímicos. Además, genera una huella de carbono altísima. Nuestros productos cruzan océanos enteros para llegar a otros mercados, mientras se profundiza el deterioro de los ecosistemas”, señala.
Este escenario ya ha generado consecuencias económicas. Lotes de productos peruanos como la quinoa y la palta han sido devueltos desde mercados internacionales por contener plaguicidas prohibidos o exceder los límites permitidos, lo que evidencia que el problema no solo afecta al consumo interno.
El rol pendiente del Estado
Tanto Delgado como Villavicencio coinciden en que la solución no pasa únicamente por prohibiciones, sino por políticas públicas integrales. Para Delgado, la salud debe asumirse como una política de Estado: “No basta con crear hospitales. Hay que evitar que la gente se enferme”.
Esto implica fortalecer la fiscalización, pero también invertir en asistencia técnica, extensión agraria e investigación, articulando a universidades, gobiernos regionales, Senasa y organismos internacionales. “Estamos hablando de más de dos millones de pequeños agricultores que hoy están abandonados, sin acompañamiento técnico, y cuyo único referente muchas veces es el vendedor de agroquímicos”, advierte.
Desde FOVIDA, se insiste en la necesidad de implementar normas ya existentes, como la Ley de Compras Públicas a la Agricultura Familiar y los Sistemas de Garantía Participativa para la certificación agroecológica. “El marco normativo existe, pero su implementación es débil. El Estado se comprometió a comprar el 30 % de alimentos a la agricultura familiar y no llega ni al 1 %”, denuncia Villavicencio.
Una discusión urgente
Mientras el debate público sigue centrado en mitos —como que el simple lavado de los alimentos elimina los plaguicidas—, la evidencia científica demuestra que muchos de estos químicos son sistémicos y no desaparecen con el lavado ni la cocción. “Solo pelar algunos productos reduce parcialmente la carga, pero no todos los alimentos pueden pelarse”, recuerda Delgado.
La discusión sobre los plaguicidas no es solo técnica ni agrícola: es una discusión sobre derechos, salud pública y el modelo de desarrollo que el país quiere sostener. Por ahora, la presión ciudadana, los monitoreos independientes y las propuestas desde la agroecología siguen siendo las principales herramientas para visibilizar una amenaza que, aunque silenciosa, continúa presente en la mesa de millones de hogares peruanos.
Foto: Consorcio Agroecológico Peruano.
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