Tía María: Retomarán protestas si ministro de Energía y Minas no se presenta para el diálogo con comunidades

Ante la imposición del proyecto minero Tía María por el actual régimen de Jerí, organizaciones de agricultores anuncian que retomarán las protestas si el ministro de Energía y Minas, Luis Enrique Bravo de la Cruz, no se presenta en Arequipa para dialogar sobre la problemática socioambiental que viven las familias en el Valle del Tambo. Asimismo, organizaciones de agricultores anunciaron que interpondrán una medida cautelar para suspender el inicio de las actividades de explotación.

En una conferencia de prensa, los representantes agricultores del Valle de Tambo (provincia de Islay, Arequipa) expresaron su profundo rechazo al proyecto minero Tía María que, aseguran, perjudicará el agua, la salud, la agricultura y la vida misma de la ciudadanía local.

Según la agricultora y dirigente Vilma Condori Bobadilla, “si el proyecto Tía María llega…el río Tambo estaría más contaminado”. Señala que los niños ya presentan minerales en su sangre, como arsénico y metales pesados. Además, asegura que debido a otras actividades mineras “las mujeres embarazadas están mal y como consecuencias nacen niños teratogénicos”. Su denuncia es clara: la actividad agro-exportadora, base del Valle de Tambo, se encuentra en riesgo irreversible.

Por su parte, Paulina Aleja Bobadilla relató el uso desproporcionado de la fuerza estatal: “Nos mandan tanquetas, perdigones… ya prácticamente no tenía ni una respiración para vivir”. Según su testimonio, cuando las comunidades se organizan para expresar su oposición, son objeto de detenciones, torturas, maltratos y represión policial. Denuncia además que la consulta ciudadana del 2009 —donde el 96,7 % de la población se manifestó contra Tía María— nunca fue respetada.

Más de una década de lucha por la soberanía alimentaria

Los voceros explicaron que el Valle de Tambo vive de su tierra: ajo mejorado, papa y agricultura de exportación; pero hoy están ante la disyuntiva de perder todo ante la mina. “¿De qué serviría que estemos comprando agua… si seguimos consumiendo agua contaminada?”, preguntó una de las voceras. Y acotó: “La agricultura da mayor trabajo…en el Valle de Tambo, el jornal de trabajo es de S/110 y S/120 y falta personal para trabajar la chacra. En su propio EIA, señalan que generan 700 empleos directos, de las cuales, el 90% es para mano calificada, manifestó.

El contexto legal es clave: la población del valle interpuso una demanda de amparo alegando que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto fue aprobado en 2014 y que caducó tras cinco años (Ley Nº 27446). Además, denunció que no existe una licencia de uso del agua otorgada a la empresa, requisito esencial para iniciar explotación minera.

Para las comunidades, el problema no es sólo técnico ambiental sino también de legitimidad: “No tiene licencia social”, afirman en unánime rechazo al proyecto.

En su intervención, los dirigentes apuntaron a tres campos centrales del conflicto: el recurso hídrico, el territorio y la salud. Por su parte, Vilma Condori señaló que “el recurso hídrico corre peligro” porque la minería anterior ya contaminó el río Tambo. Y advirtió que muchas familias se quedarían sin trabajo si la agricultura se ve comprometida. Otro dirigente indicó que la empresa actúa como si fuera dueña de la tierra agrícola: “Estamos ahí, ahí están las máquinas… nosotros somos dueños”, indica una de las voceras.

Este drama cruza lo ambiental y lo humano: denuncias de niños con metales en la sangre por actividades mineras cercanas a sus territorios, mujeres embarazadas en riesgo, economía local sitiada. El valle, considerado zona de aptitud agrícola y ganadería, ha sido zonificado como tal por el Ministerio de Agricultura, pero ahora se pretende instalar el proyecto minero Tía María.

Los representantes enfatizaron que su lucha es pacífica, pero insistieron en que no permitirán otro derramamiento de sangre. “Queremos que llegue el Ministerio de Energía y Minas y nos escuche… no queremos más muertos en el Valle de Tambo”, demandaron. El conflicto entre los agricultores y el proyecto minero ya ha generado 8 muertes en protestas anteriores, criminalización de líderes y cientos de procesos fiscales abiertos.

¿Qué está en disputa?

El gobierno y la empresa presentan el proyecto como generador de empleo y desarrollo para Arequipa. El Ministerio de Energía y Minas sostuvo que el proyecto “debe incluir un desarrollo integral del Valle de Tambo” y que la minería es un motor del crecimiento. Pero en el valle la mirada es distinta para los ciudadanos que viven ahí: se pierde acceso al agua, cambia el uso del agua agrícola por industrial y la licencia social no se ha logrado.

David Velasco, uno de los abogados de FEDEPAZ que acompaña la lucha, explicó que la acción de amparo fue interpuesta en marzo de este año por los pobladores del Valle de Tambo para que el Poder Judicial declare la caducidad del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Tía María, aprobado en 2014, ya que “este estudio solo tiene vigencia de cinco años”. El abogado precisó que, dentro de ese mismo proceso, también se ha solicitado una medida cautelar para suspender los efectos de la resolución directoral del 13 de octubre de 2025, que autoriza el inicio de la explotación minera, hasta que se resuelva el fondo del caso. “Se están basando en un EIA que no tiene fundamento. Si no hay EIA vigente, la resolución que autoriza la explotación no puede ser válida”, advirtió Velasco.

El caso del Valle de Tambo encapsula lo que muchas comunidades indígenas y campesinas viven en el país: proyectos extractivos que avanzan sin consulta libre e informada, sin licencia social, en territorios frágiles tanto ecológica como socialmente ante demandas que se convierten en resistencia, según las organizaciones agrícolas.

“La agricultura debe entenderse como motor de desarrollo sustentable”, afirmaron los voceros. Y es ahí donde radica la tensión: desarrollo o despojo. ¿Puede el Estado garantizar que un proyecto minero respete el derecho al agua, al ambiente sano y a la salud al mismo nivel que la creación de empleo?

El Valle de Tambo no es un conflicto aislado; es un espejo donde se reflejan las urgencias de derechos territoriales, ambientales, de salud y de participación democrática. Las comunidades dejan claro que no renunciarán a su tierra, su agua y su historia, y exigen que el Estado y las empresas rindan cuentas.

Por: Silvia Bardales Q.

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