Prácticas para silenciar al periodismo, un caso de contrataciones “de confianza” del Congreso 2016-2019
Stefanie Kristell Díaz Quiroz exige borrar una publicación del 2019 sobre su contratación cruzada en el despacho de un congresista fujimorista. La contratación cruzada, casi un trueque, funciona de la siguiente manera: yo contrato a un trabajador o trabajadora vinculado a un congresista X, y ese congresista X contrata a un trabajador vinculado a mí. Ese tipo de contrato se hace para intentar “sacarle la vuelta” a la norma, porque los favorecidos normalmente son parientes o parejas que no podrían ser contratados en las oficinas de los congresistas con los que están vinculados porque se trataría de nepotismo, una práctica contra la ley.
“Ese tipo de solicitudes son absolutamente improcedentes, porque se ha vuelto un patrón constante el apelar a algo que en el país no existe, que es lo que se denomina el derecho al olvido”, afirmó Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), en referencia a la carta notarial enviada a Wayka, donde Stefanie Díaz exige que se retire una nota vinculada a un caso revelado en 2017 y difundido por Cuarto Poder en 2019, bajo amenaza de acciones legales si no se cumplía el retiro en 24 horas.
Lainez añadió que estas misivas suelen mezclar normativas “sin coherencia en su utilización”, desde la Ley de Protección de Datos Personales hasta el derecho al honor o al trabajo, con el único fin de forzar la eliminación de notas ya publicadas. “La solicitud tampoco sustenta ni precisa, ni aclara por qué se debe retirar esa información. No hay una resolución judicial ni algún pronunciamiento de autoridad que lo respalde”, advierte Ángel Páez, periodista de investigación de La República.
El origen del caso: contrataciones cruzadas en el Congreso
El caso recordado por la carta es parte de una práctica recurrente en el Congreso de 2016-2019, cuando la bancada fujimorista utilizaba contrataciones cruzadas para eludir la ley de nepotismo. Según lo reportado entonces, Stefanie Díaz fue contratada en el despacho del congresista Segundo Tapia, mientras mantenía una relación con Federico Pariona, también parlamentario de Fuerza Popular. El reportaje fue publicado originalmente por Cuarto Poder y replicado por diversos medios nacionales, incluyendo a Wayka.
Según Lainez, estas prácticas representan un caso claro de censura posterior. “Nunca dice cuál es el hecho ‘inexacto’ por el que pide el levantamiento de la nota, porque ni siquiera pide una rectificación, sino que directamente tú dañas mi honor, retira la nota. Y esa es una censura posterior clarísima y que subrayo que es improcedente”, señaló. Advirtió, además, que en el caso de Wayka ni siquiera se trataba de un reportaje propio, sino de la reproducción de investigaciones de otros medios, “lo que en derecho se conocería como la doctrina del reporte fiel”.
Pese a que han pasado ocho años desde los hechos y seis desde las primeras investigaciones, Díaz Quiroz reclama eliminar de la web de Wayka la publicación que hace referencia al caso. En su carta notarial alega que la información afecta su honra, buena reputación, derecho al trabajo y protección de datos personales. “Las afirmaciones publicadas en su portal son inexactas, sin sustento ni asidero legal, afectando mi honor y mi buena reputación”, indica el documento que otorga 24 horas de plazo al medio para retirar el contenido.
Cartas notariales como patrón de hostigamiento
La presidenta de la ANP advirtió que estas cartas notariales “afectan de manera directa a las libertades informativas” y son cada vez más frecuentes en el país. “En Perú al año, en todo el territorio nacional, según las estadísticas que nosotros tenemos, entre 30 y 35 periodistas son llevados a tribunales al año, generalmente por políticos o funcionarios en general de elección o de designación, o gente de su entorno cercano”, dijo. Lo preocupante, añadió, es que “el 80% de esos 30 a 35 periodistas que son llevados a tribunales por temas de difamación son absueltos”, lo que evidencia que se usa el sistema judicial no para sancionar difamaciones reales, sino como castigo procesal contra periodistas.
Para Páez, este tipo de exigencias forman parte de una estrategia de hostigamiento judicial contra la prensa: “No hay un sustento para desaparecer la información en la web. Lo que buscan con estas cartas es silenciar la actividad periodística y, con mayor precisión, las investigaciones con argumentos generalmente falaces”, explicó.
El periodista recordó que este tipo de acoso no es nuevo, pero que con el uso de las nuevas tecnologías se ha multiplicado: “Siempre nos llueven cartas por una u otra razón. La práctica de estas personas es no contestar, negarse a hablar y cuando aparece la información envían sus cartas amenazantes para buscar silenciarnos”. Incluso relató que en varios casos, autoridades que enviaron amenazas a medios terminaron enfrentando condenas: “Hemos tenido autoridades y políticos que nos mandaron cartas y terminaron en la cárcel porque intentaron silenciar información que al final determinó sus responsabilidades”.
Periodismo de investigación bajo asedio
“La libertad de prensa en este momento en el país está bajo asedio”, alertó Lainez. Recordó que tras ocho años sin casos de asesinatos de periodistas, en 2025 se registraron dos crímenes: Gastón Medina en Ica y Raúl Célis en Iquitos. “Este país ha tenido distintos tipos de afectaciones a la libertad de prensa, pero no contábamos crímenes contra periodistas y este año ha sucedido”, remarcó.
En ese sentido, Páez también vinculó la carta notarial contra Wayka con las amenazas recientes contra Gustavo Gorriti, director de IDL Reporteros: “Gustavo Gorriti vive en estos momentos un acoso de varias personas e instituciones relacionadas con las investigaciones que ha realizado. Esto se parece mucho a lo que ocurrió en los 90: campañas de difamación, acusaciones falsas y amenazas de muerte”.
En esa misma línea, la presidenta de la ANP fue enfática al referirse a las recientes declaraciones del alcalde de Lima: “El señor López Aliaga hace algunos días con absoluta impunidad ha hecho un llamado abierto a ‘cargarse’ un periodista y él le puede dar todas las acepciones que quiera a la palabra ‘cargarse’, pero en el lenguaje del hampa ‘cargarse’ es matar a alguien y esa es una incitación clara a la violencia”. Para Lainez, el problema de fondo es que “alguien en un espacio público incita a la violencia y no hay ningún fiscal que diga: vamos a iniciar una investigación”. Frente a este vacío, señaló, corresponde a los medios y periodistas documentar, denunciar y generar solidaridad regional para dejar constancia de la inacción estatal.
Por su lado, el periodista, señala que estas agresiones buscan instalar un discurso que demoniza la labor periodística: “Dicen que un periodista controla al Poder Judicial, al Ministerio Público, que manipula instituciones. Eso es absolutamente falso. Un periodista nunca llegará a controlar el sistema judicial. Lo que buscan es destrozarlo para anular procesos o juicios que enfrentan políticos y empresarios investigados por corrupción y lavado de activos”.
El contexto actual agudiza la gravedad de estas amenazas. Páez advirtió que el clima de hostigamiento contra periodistas recuerda a la persecución de los años 90: “Se parece mucho a la campaña que Fujimori, Montesinos y Nicolás Hermoza organizaron contra periodistas de investigación. La finalidad es amedrentar, golpear y liquidar al periodista para que no continúe con sus investigaciones”.
Criminalización desde el Congreso y el Ejecutivo
Además, Páez alertó sobre proyectos de ley que buscan criminalizar las filtraciones de información y castigar con cárcel a periodistas y fiscales que las difundan: “Son iniciativas impulsadas por organizaciones políticas cuyos líderes están investigados por crimen organizado y lavado de activos. El objetivo es censurar al periodismo de investigación y cortar los vínculos entre periodistas y sus fuentes”.
Asimismo, Lainez denunció también la instrumentalización del derecho penal por parte de autoridades para criminalizar la práctica periodística. “Es el señor Santiváñez quien ha denunciado a periodistas del equipo de prensa de Latina por reglaje… El periodismo de ninguna forma puede ser reglaje. El reglaje solo existe cuando tú sigues a alguien con un fin delictivo, pero no existe cuando tú sigues a alguien con un fin periodístico para registrar hechos de interés público”, explicó.
El caso abre una alerta sobre los riesgos que enfrentan los medios independientes en el Perú, que están más expuestos a intentos de censura que, bajo la apariencia de avalancha de recursos legales, buscan amedrentar y borrar investigaciones de interés público, dados sus limitados recursos financieros y jurídicos. En un escenario donde proyectos de ley amenazan con criminalizar filtraciones y se intensifican los ataques desde el poder político, estas prácticas de “empapelamiento jurídico” refuerzan la urgencia de defender la libertad de prensa y el derecho ciudadano a estar informado.
