Mediante la campaña “Premios hacia la Extinción” impulsada por el Movimiento Ciudadano Frente al Cambio Climático (MOCICC), la ciudadanía podrá votar de forma online y así reconocer a aquellas empresas e instituciones que han causado daños al medio ambiente.
El objetivo principal de la campaña es informar y concientizar a la sociedad sobre el daño que muchas empresas e instituciones ocasionan al medioambiente. Según sostiene la organización, “muchas de ellas (las empresas) han vertido petróleo, deforestado o han hecho todo lo posible por evitar leyes a favor del planeta”.
MOCICC ha considerado para la votación tres categorías: Los Dinopetroleros, donde se ubican las empresas que han derramado petróleo en la costa y Amazonía. Los Bosquicidas, donde están las empresas que vienen exterminando nuestros bosques; y finalmente está la categoría de Los Disfuncionarios, aquí figuran las instituciones que han promovido leyes que afectan el medio ambiente y, en consecuencia, agravan el problema del calentamiento global.
Al respecto, Henry Córdova, coordinador del MOCICC, señaló que “es urgente actuar para detener un escenario de catástrofe. Si bien la principal responsabilidad recae en nuestras autoridades, nosotros como ciudadanos también podemos denunciar y presionar a las autoridades y empresas a que tomen las medidas necesarias”.
Empresas e instituciones candidatas
Según la plataforma, para las categorías se han considerado tres instituciones/empresas entre las cuales se puede votar. Entre ellas se encuentra el Grupo Palmas, perteneciente al Grupo Romero, que, según el informe de MOCICC, “acumula 26 mil hectáreas de cultivo y una serie de despojos ilegales de tierras y la deforestación”.
También se menciona al grupo religioso Menonitas, quiénes “según la FEMA (Fiscalía Especializada en Materia Ambiental), han adquirido un promedio de 2.500 hectáreas de terrenos entre Loreto y Ucayali que estaban compuestos en mayor parte por bosques primarios. Estos han sido deforestados para abrir campos de cultivo”.
Así mismo se ha considerado a Pluspetrol, empresa conocida por ser la responsable de múltiples desastres ambientales producto de derrames de petróleo en la Amazonía. Así mismo se consideró a Repsol, compañía española responsable del derrame de 11.900 barriles de crudo de petróleo en el mar del Callao.
Entre las instituciones estatales se encuentra el Tribunal Constitucional que en enero del presente año desconoció el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas y/o tribales según lo señala el Convenio 169.
También proponen a la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República, presidida por el legislador fujimorista Ernesto Bustamante (2021-2022), por archivar el Proyecto de Ley (PL 23 9/2019-PE) que ratificaba el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como el Acuerdo de Escazú.
Por último mencionan al Ministerio de Energía y Minas que, según la plataforma de MOCICC, “después de 4 años, solo ha aprobado 13 de los 30 planes de rehabilitación (para remediar los impactos ambientales), los demás siguen siendo evaluados y sin solución, enfrascados en muchos casos en discusiones tecnicistas que significan demoras”.