Iniciativa multipartidaria. Este proyecto de ley plantea que pueblos indígenas y afroperuanos cuenten con registro en SUNARP y la SUNAT, en base a la autoidentificación.
Lucero Ascarza
Los pueblos indígenas y afroperuanos contarían con una personalidad jurídica ante la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT). «Va a existir esa personalidad jurídica como tal y por ende, la posesión y reconocimiento a su territorio», señala el congresista Lenin Bazán (Frente Amplio), quien preside la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología.
La iniciativa apunta a la creación de un Registro de Pueblos y de Organizaciones de Pueblos. «Así, por ejemplo, si la Nación Wampis quiere hacer un proyecto o un programa podría firmar convenios o contratos con el Estado o con la cooperación internacional», explica Bazán.
Este proyecto de ley es producto del consenso con representantes de pueblos indígenas y afroperuanos, y será firmado por alrededor de 20 congresistas de distintos partidos. Esperan poder presentarlo el lunes 30 de noviembre.
«Lo que va a hacer este proyecto es darle efectividad al reconocimiento pleno de los pueblos», apunta el congresista del Frente Amplio. «La normativa actual reconoce a la comunidad campesina, la comunidad nativa y la ronda campesina como formas de pueblos originarios, pero no reconoce a los pueblos afroperuanos o a las asociaciones agregativas como Aidesep», añadió.
Respeto a la autoidentificación
Un aspecto importante de este proyecto es que el Registro de Pueblos se basa en la autoidentificación de los mismos, reconociendo su derecho a la autonomía para organizarse y darse su propio nombre. Así, plantea la derogación del Decreto Legislativo N° 1360, que faculta al Ministerio de Cultura a identificar y reconocer pueblos indígenas u originarios en una base de datos oficial.
En el documento al que tuvo acceso Wayka, se argumenta que dicho decreto constituye una «regresividad» pues otorga al Ejecutivo una facultad que es exclusiva de los pueblos, además que crea «un trámite burocrático engorroso e innecesario».
«Se busca dar la seguridad jurídica que nuestros pueblos por años han necesitado. Hasta el momento el Gobierno, a discreción y arbitrariamente, ha decidido quiénes son y quiénes no son (pueblos indígenas u originarios)», indicó Lenin Bazán.
Cabe recordar que distintas organizaciones indígenas han declarado su oposición a que el Ministerio de Cultura tenga esa facultad de identificación, pues es derecho de los pueblos orginarios el autoidentificarse. Así consta en el Convenio 169 de la OIT y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
