La iniciativa del congresista Moisés Guía Pianto, miembro de la Iglesia Evangélica Peruana, haría posible que, así como lo hacen sacerdotes católicos, pastores evangélicos brinden asistencia religiosa en las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y otras entidades públicas.

Por Lucero Ascarza Canales

El proyecto de ley presentado por el congresista Moisés Guía Pianto (PPK) para que los cristianos evangélicos asuman funciones de capellanía y asistencia religiosa en entidades y servicios estatales, beneficiaría a organizaciones como la Iglesia Evangélica Peruana, a la que pertenece el legislador evangélico.

De acuerdo con el contenido de la iniciativa legal, su propósito encaja con la notoria búsqueda de la expansión de la influencia del credo cristiano evangélico en las esferas estatales, y además podría permitir a agrupaciones como la Iglesia Evangélica Peruana acceso a fondos públicos en un futuro.

Entrevistado por Wayka, el congresista Moisés Guía confirmó que el proyecto de ley persigue que las iglesias evangélicas tengan acceso a sus seguidores que se encuentran en ámbitos que administra el Estado.

Guía manifestó que la propuesta legal pretende crear una “relación permanente” con los fieles, quienes recibirían “ayudas pastorales, ayudas matrimoniales, ayuda personal, psicológica” por parte de capellanes evangélicos.

Extracto del proyecto de Ley de Capellanía y Asistencia Religiosa de los Cristianos Evangélicos en las Entidades y Servicios del Estado.

El congresista admitió que este tipo de práctica ya existe, puesto que se cuenta con capellanes evangélicos que laboran en instituciones castrenses como la Policía Nacional del Perú y el Ejército.

“Ellos están haciendo una labor cristiana, pero no está siendo reconocida, y lo que nosotros pedimos es que se reconozca”, indicó.

Pero reconocimiento no sería el único fin de este proyecto.

Detrás de la letra

La asistencia religiosa en entidades públicas no es una novedad en nuestro país. De hecho, un acuerdo entre el Estado peruano y la Iglesia Católica permite que se preste ese servicio en instituciones públicas con financiamiento estatal por casi 40 años.

Precisamente, amparado en el inciso “c” del artículo 3° de la Ley N° 29635, Ley de Libertad Religiosa, el proyecto del legislador Guía busca extender ese privilegio para los cristianos evangélicos.

El ámbito que es considerado para la asistencia religiosa es el que comprende a las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú, las prisiones, los centros públicos hospitalarios o asistenciales, y otros.

En realidad, según precisa Carlos Santos Loyola, abogado especialista en libertad religiosa, “uno de los elementos que caracteriza la asistencia religiosa es la existencia de una especial sujeción o dependencia que hace indispensable la intervención del Estado para facilitar el ejercicio de la libertad religiosa”.

Es decir, ese servicio legalmente estaría pensado para los militares en un cuartel, los enfermos en los hospitales y los internos de los penales que esperan sentencia o cumplen condena.

Sin embargo, el propio congresista Moisés Guía precisó que el alcance de su proyecto es “para toda institución pública, cárceles, hospitales, gobiernos regionales, todo lo que sea entidad del Estado“.

Por supuesto, eso no está especificado en el proyecto de ley pero sí correspondería a su objetivo real.

“Si a eso apunta ese proyecto, no creo que encaje como asistencia religiosa sino como una clara promoción de una actividad de determinada confesión y ahí, creo yo, se estaría vulnerando el principio de laicidad“, explica Santos Loyola.

El legislador Moisés Guía apoya abiertamente al movimiento Con Mis Hijos No Te Metas, que es respaldado por organizaciones evangélicas como
Agua Viva, El Aposento Alto y el Movimiento Misionero Mundial, cuyos líderes son investigados por presunto lavado de activos porque no saben explicar el origen de sus ingresos y adquisiciones de suntuosos inmuebles.

Congresista Moisés Guía al frente de marcha Con Mis Hijos No Te Metas en 2017.
Fuente: Diario Correo.

Con Mis Hijos No Te Metas promueve además la intromisión de las iglesias evangélicas conservadoras en la ejecución de las políticas públicas, como la educación con igualdad de género, y además alentó a candidatos involucrados en financiamiento ilegal y lavado de activos, como Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular.

No obstante, el legislador Moisés Guía Pianto considera que su propuesta es muy positiva.

Además, asegura que se trata de un pedido que les han hecho las mismas instituciones, y no algo que desea imponer.

“Toda institución necesita un capellán, o un servidor cristiano religioso o un consejero espiritual. El problema es que el Perú no tiene financiamiento”, comentó. Claramente, las iglesias evangélicas sí lo tienen.

Fondos públicos en juego

El servicio de asistencia religiosa católica está particularmente extendido en las instituciones castrenses. Las subvenciones incluidas en el presupuesto nacional de este año consideran la suma de S/ 337, 500 para el Obispado Castrense, entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior. Aparte de los S/ 2.6 millones destinados para la Iglesia Católica en el pliego del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, entidad bajo cuya administración se encuentran todas las prisiones y albergues de retención en el país.

Empero, Moisés Guía advirtió: “la diferencia es que nuestros capellanes evangélicos no cobran”. El artículo 9° de su proyecto de ley lo confirma. Así, el ejercicio de la capellanía cristiana evangélica se desarrollaría de forma voluntaria, sin un salario de por medio.

Sin embargo, en el documento que figura en la página digital del Congreso de la República, también se menciona una disposición transitoria para que, en el futuro –no se precisa el tiempo- el Estado cubra también el salario de los capellanes evangélicos, tal como sucede en la actualidad con los capellanes católicos.

El congresista Moisés Guía explicó que dicha disposición ha sido retirada y así se quedará. Pero no descartó que se vuelva a incluir.

“El proyecto de ley está sin salario. De repente con el tiempo se presenta otro proyecto de ley, pero ese ya sería otro cantar”, precisó. Pese a ello, en el documento disponible en línea no se ha registrado ese cambio. Y tampoco se asegura que más adelante no lo puedan incorporar si se aprueba la propuesta.

Al ser consultado si las iglesias evangélicas tienen los recursos para prestar estos servicios de forma voluntaria en todo el Perú, el legislador Guía afirmó que sí. No es difícil de creer, teniendo en cuenta los millonarios negocios de iglesias como Agua Viva y el Movimiento Misionero Mundial, líderes de Con Mis Hijos No Te Metas e investigadas por lavado de activos, según reveló Wayka en la serie de investigación #NegociosDeFe.

En beneficio propio

Moisés Guía Pianto no es el primero ni será el último congresista de credo cristiano evangélico en aprovechar su posición para promover iniciativas que favorecen a los que profesan la misma religión como él.

La excongresista y líder de la iglesia evangélica Agua Viva, Mirta Lazo de Hornung mediante un proyecto de ley logró prorrogar
beneficios tributarios para organizaciones religiosas no católicas y esto último fue posible en el marco de la Ley de Libertad Religiosa. Como se ha mencionado, Agua Viva es una de las organizaciones evangélicas investigada por presunto lavado de activos.

Lo que la ley no precisa

Moisés Guía aseguró que los capellanes o agentes pastorales no estarían de forma permanente en las entidades públicas, sino que acudirían “de acuerdo a la necesidad de la institución que lo solicite”.

Sin embargo, el proyecto de ley no explica cómo regularía cada institución las acciones entendidas como asistencia espiritual.

Para Juan Fonseca, historiador especializado en temas religiosos, “las religiones o las iglesias tienen todo el derecho de dar asistencia religiosa a sus fieles” y situaciones específicas, como una enfermedad, lo ameritan; sin embargo “no se debería aprovechar para hacer servicios religiosos dentro de entidades públicas”.

Actualmente, aún si no está estipulado de forma legal, son muchas las entidades del Estado que realizan celebraciones de culto católico como parte de actos institucionales. Una evidente confusión entre función religiosa y función estatal, que no debería estar permitida en un Estado laico. Y de aprobarse el proyecto de ley del congresista Guía, eso no haría más que empeorar.